El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos declaró la nulidad de la sentencia que había establecido distancias de resguardo para la aplicación de productos fitosanitarios superiores a las previstas por la Ley Provincial Nº 11.178.
Tras la presión de los empresarios del agro, además la Justicia local rechazó las acciones de amparo vinculadas con predios ubicados en Colonia Ensayo y Aldea Brasilera, en el departamento Diamante.
De esta manera, quedaron sin efecto las prohibiciones que la sentencia de primera instancia había dispuesto para las aplicaciones terrestres a menos de 1.095 metros y para las aéreas a menos de 3.000 metros. El régimen provincial establecido por la Ley 11.178 vuelve a regir sin las restricciones adicionales fijadas en aquel fallo, explicó el Gobierno local en un comunicado.
El Superior Tribunal señaló como uno de los puntos centrales de su decisión la contradicción que, a su criterio, existía en la sentencia revisada. Por un lado, el fallo reconocía la validez y el carácter progresivo de la Ley 11.178, pero al mismo tiempo desplazaba sus disposiciones y fijaba distancias diferentes sin declarar la inconstitucionalidad de la norma.
Además, el Tribunal consideró que no se había acreditado una infracción concreta a las distancias establecidas por la legislación vigente por parte de los demandados.
En ese sentido, sostuvo que los cuestionamientos generales sobre la suficiencia del régimen legal deben plantearse mediante las vías judiciales específicas y que no pueden resolverse mediante una acción de amparo que sustituya las disposiciones establecidas por la legislación provincial.
Qué establece la Ley 11.178
La Ley 11.178 regula las condiciones para el uso de productos fitosanitarios en Entre Ríos y establece distancias de resguardo, registros, recetas agronómicas, mecanismos de fiscalización y sanciones ante eventuales incumplimientos.
La vigencia del régimen no exime a productores ni aplicadores de cumplir con las obligaciones previstas por la normativa. Tampoco limita las facultades del Estado provincial para controlar las aplicaciones y sancionar conductas irregulares.
Desde el Gobierno de Entre Ríos destacaron la “importancia institucional del pronunciamiento, al considerar que preserva el principio de legalidad, brinda previsibilidad a productores y pobladores y reconoce las competencias correspondientes a cada uno de los poderes del Estado”.
“El Gobierno de Entre Ríos reafirma que la producción y el cuidado del ambiente no constituyen objetivos contrapuestos. Por ese motivo, continuará fortaleciendo los mecanismos de prevención, fiscalización y control, promoviendo la incorporación de tecnología y buenas prácticas que permitan proteger la salud de las personas y acompañar una producción sustentable y responsable”, concluyó.