El fantasma de un nuevo conflicto sobre el río Uruguay parece haberse disipado por la vía del diálogo. Los cancilleres de Argentina y Uruguay acordaron evaluar sitios alternativos para la instalación de la planta de hidrógeno verde de la firma HIF Uruguay, que originalmente se proyectaba en Paysandú, a escasos kilómetros de la ciudad entrerriana de Colón. Esta gestión ambiental conjunta responde a la preocupación de la provincia de Entre Ríos por los posibles efectos negativos de la actividad industrial sobre el turismo y la biodiversidad ribereña.
El proyecto, que representa una inversión récord de u$s 5.000 millones, no será cancelado, sino relocalizado. Uruguay aceptó incluir a Colón dentro del «área de influencia directa», un paso técnico fundamental para que los estudios de impacto ambiental consideren los riesgos del lado argentino. Esta decisión es un triunfo para la soberanía hídrica regional, ya que garantiza que los grandes desarrollos energéticos no se realicen de espaldas a las comunidades locales ni a las normativas de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
El peso del antecedente Botnia
La cautela de ambos gobiernos tiene un origen claro: el histórico conflicto por la pastera Botnia. Para evitar una escalada similar, el gobernador Rogelio Frigerio mantuvo una postura firme en defensa del empleo y el desarrollo económico de la costa del Uruguay, sin oponerse a la inversión del país vecino. Esta problemática emergente se resolvió mediante un canal de diálogo que priorizó la prevención de daños por sobre los hechos consumados, marcando un precedente positivo para futuras inversiones en la cuenca.
Hacia un desarrollo energético sustentable
La planta proyectada busca producir unas 880.000 toneladas anuales de hidrocarburos sintéticos, una apuesta ambiciosa a la transición energética global. Sin embargo, el riesgo ambiental que suponía su cercanía a los centros urbanos y reservas naturales obligó a replantear la logística. Con el compromiso de remitir toda la información técnica a la CARU, Uruguay y Argentina encaminan un proceso que busca demostrar que el desarrollo industrial y la protección del ecosistema pueden avanzar de la mano cuando hay transparencia política.