Fallo histórico obliga al Estado a garantizar agua potable segura ante la contaminación con agroquímicos
La justicia ordena a ABSA distribuir agua potable a vecinos, afectados por la presencia de pesticidas y otras sustancias químicas.
En un fallo histórico, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de La Plata emitió una sentencia favorable para los vecinos de French, en el partido de Nueve de Julio, quienes denunciaron la contaminación del agua potable. La resolución obliga a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y al gobierno de la provincia de Buenos Aires a tomar medidas urgentes para garantizar el suministro de agua limpia y libre de contaminantes a los residentes de la zona.
El caso surgió a raíz de la causa “Kersich Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses s/ Amparo”, presentada por vecinos y organizaciones ambientales que exigen el derecho al acceso al agua en condiciones seguras. Entre los amparistas se incluyen residentes de French y miembros de la Asociación Civil “Observatorio del Derecho a la Ciudad”, con el patrocinio del abogado Fernando Cabaleiro.
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La sentencia ordena a ABSA proporcionar agua potable en bidones a los amparistas y establecer puntos de distribución para el resto de los usuarios de French. El agua suministrada debe cumplir con estándares de calidad internacional, incluyendo una concentración de arsénico inferior a 10 microgramos por litro y estar libre de agrotóxicos. Durante el proceso judicial, las familias afectadas recibirán al menos 20 litros de agua potable por día.
Además, la resolución exige que ABSA realice análisis mensuales del agua para detectar arsénico y otros contaminantes. Los resultados de estos análisis deberán ser publicados en los medios locales y en las boletas de consumo, garantizando así la transparencia y el acceso a la información ambiental para la comunidad.
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La provincia de Buenos Aires también deberá llevar a cabo análisis trimestrales de los niveles de agrotóxicos en las fuentes de agua subterránea de Nueve de Julio, incluyendo sustancias como glifosato, atrazina y otros pesticidas comunes en la zona agrícola. Estos resultados serán de acceso público y se difundirán en los medios de comunicación locales.
La sentencia tiene como objetivo proteger los pozos de bombeo y las zonas rurales habitadas, estableciendo una “zona de exclusión” de 1000 metros alrededor de estos lugares, donde se prohíbe la fumigación con agrotóxicos. Esta medida busca salvaguardar la salud pública, especialmente en las comunidades rurales que están expuestas a los riesgos de las fumigaciones.
Los residentes de French y los activistas ambientales aplaudieron el fallo, considerándolo un “precedente histórico” en la lucha por el acceso al agua potable y la protección contra la contaminación química. No obstante, los vecinos siguen vigilando, exigiendo que las autoridades locales y provinciales garanticen un suministro de agua seguro para la salud.
Este fallo marca un hito en la defensa del derecho ambiental, imponiendo responsabilidades claras tanto a las empresas como al gobierno en cuanto a la provisión de agua potable segura y el monitoreo de contaminantes peligrosos. La comunidad de French demostró que la organización y la acción legal son herramientas poderosas en la protección del medioambiente y la salud pública.
