Desde su reglamentación en marzo de 2022, la normativa 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida de forma popular como “Ley de etiquetado frontal”, ha sufrido embestidas e intentos de derribe por buena parte del arco político doméstico y, por supuesto, las compañías de comestibles alcanzadas por los lineamientos que establece el marco.
Arcor, Coca Cola, Mondelez, Danone y Nestlé, por mencionar algunos “peso pesado” de la venta a gran escala, son algunas de las compañías que vía su poder de lobby en el sector dirigencial, y con la complicidad de algunas organizaciones que operan en el segmento de la nutrición y la salud, se pusieron a la cabeza de la cruzada contra la normativa 27.642 ejerciendo una presión que ya suma años y procura menguar las disposiciones de la ley.
Dado su alineamiento con lo más fuerte del capital privado, la entrada de Javier Milei en la Casa Rosada abrió para las compañías de los ultraprocesados y las gaseosas una nueva oportunidad para combatir de frente el modelo de protección a la salud de las infancias y los consumidores en general, además de la promoción de la compra consciente y la discusión respecto del modelo nutricional que propone el supermercadismo, que contempla la normativa.
En diciembre de 2024, las empresas que se oponen al marco —incluso desde la gestión de gobierno anterior y también en otros momentos en que se barajó la posibilidad de promover un rotulado— obtuvieron las primeras decisiones favorables de parte de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) al frente del Ejecutivo nacional.
Las decisiones gubernamentales que impactaron en la ley de etiquetado
En diálogo con Economía Sustentable, Belén Nuñez, nutricionista y directora institucional de Fundación Sanar, explicó en detalle lo ocurrido: “El 26 de diciembre de 2024, cuando estábamos terminando de brindar por Navidad, se publicaron dos disposiciones de ANMAT (11.362/2024 y 11.378/2024) que modificaron aspectos centrales de la implementación de la ley. Y no fueron cambios técnicos aislados: corrieron el estándar de protección que había fijado la normativa. Incluso pasando por encima de la propia ley, porque estamos hablando de disposiciones administrativas, que tienen menor jerarquía normativa”.
“Por un lado, se cambió la forma de calcular los sellos. Hasta ese momento, el criterio era evaluar la composición total del producto, en línea con lo que recomienda la OPS (Organización Panamericana de la Salud). Con las nuevas disposiciones, se pasó a considerar solamente los nutrientes críticos ‘agregados’ durante el proceso industrial. En la práctica, y por poner un ejemplo, desde ese momento los productos con altos niveles de grasas pasaron a tener menos sellos o directamente no tenerlos, sin haber cambiado en nada su composición”, agregó.
Nuñez señaló que distintas líneas de quesos, yogures, postres lácteos, chocolates, embutidos y hamburguesas, por mencionar algunos artículos, no cambiaron sus respectivas composiciones pero que, a partir de lo establecido por ANMAT, “ahora parecen más saludables en las góndolas” en tanto perdieron varios de los sellos que advertían respecto de sus componentes de alerta nutricional.
“También se tocaron temas sensibles como el de los edulcorantes. Por ejemplo, se habilitaron formas de declararlos que pueden evitar la leyenda precautoria. Y eso no es menor: la advertencia estaba pensada justamente para proteger a niños y niñas, donde hay bastante evidencia sobre los efectos que puede tener el consumo de esas sustancias. A esto se suma algo que rehabilitaron y antes no se podía: la utilización de mensajes positivos —’claims’— en los envases de productos con presencia de sellos de excesos”, amplió la especialista.
Los “claims” en cuestión, presentes a través de frases como “rico en fibras” o “…con vitamina C”, como puede percibirse en los sobres de varios de los jugos en polvo más vendidos en la Argentina, explicó Nuñez, tienden a confundir o directamente engañar a las y los consumidores.
“En paralelo, la segunda disposición modificó todo lo que tiene que ver con publicidad, promoción y patrocinio. Se flexibilizaron restricciones que antes eran bastante claras, sobre todo para proteger a las infancias. Y eso vuelve a habilitar estrategias que la ley había buscado limitar: el uso de personajes, imágenes de niños, donaciones de productos, mascotas de las marcas. Lo que terminó pasando es bien concreto: hay menos productos con sellos, menos sellos por producto y más margen para que esos mismos productos se presenten como opciones ‘saludables’ o atractivas, aunque en realidad no haya cambiado absolutamente nada de su calidad nutricional”, subrayó la experta.
En coincidencia, Ignacio Porras, licenciado en nutrición y director ejecutivo de Fundación SANAR, dijo a Economía Sustentable que los cambios que fijó ANMAT “corrieron el sentido de la evaluación global de cada producto” y que, al señalarse sólo el nutriente crítico en la receta del comestible, “se pierde la autonomía en lo que la persona consume”. Afirmó que “la reinterpretación que se hizo del sistema de perfil de nutrientes para sólo pasar a denunciar los agregados rompe con una lógica que apuntaba a exponer las características completas de un alimento y los aspectos que los productos reúnen en sí y que pueden ser alarmas para la salud”.
Tras esos cambios, y siempre con la mira puesta en minar los alcances de la ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, el gobierno nacional puso en marcha una estrategia que apunta a buscar, ya en el ámbito de los acuerdos comerciales regionales, la posibilidad de acotar las limitaciones que el marco establece para las compañías de los comestibles y las gaseosas.
La búsqueda de socavar la ley de etiquetado a través del Mercosur
En ese sentido, Porras no dudó en afirmar que “el Gobierno busca darle un nuevo golpe a la ley a través del Mercosur”. En concreto, LLA propone avanzar con una “armonización” de los etiquetados vigentes en algunos de los integrantes del bloque con el argumento de que fijar un estándar común flexibilizaría el comercio entre países. En la práctica, enfatizan ambos expertos, la maniobra busca socavar los aspectos que hacen a la ley de etiquetado frontal de la Argentina una de las normativas más avanzadas a nivel mundial.
“El Gobierno impulsa la ‘armonización’ a nivel Mercosur para librarse de la ley vigente. Su postura es la de ‘prefiero lo que quieran a seguir con lo que tengo’. Es un cambio de posición radical, ya que cuando en otros momentos se planteó algo similar fue Argentina actor que se puso firme y dijo que no se movería del perfil de nutrientes establecido por la OPS. Con el nuevo gobierno, nuestro país ahora muestra una postura que va en dirección contraria: busca desprenderse del perfil de la OPS, y también de las leyes precautorias, que son las que buscan brindar una protección a niños y niñas respecto del consumo de ingredientes como la cafeína y los edulcorantes”, expresó.
El director ejecutivo de Fundación SANAR mencionó a Brasil como el integrante del bloque que, sobre todo por peso comercial y a partir de la intención argentina de abrazar lo que defina el resto de los incluidos en el tratado, parece encaminado a extender su sistema de etiquetado a todo el Mercosur.
“Tiene mayor impronta y peso comercial. Además, Brasil no se quiere mover de lo que ya tiene vigente en términos de normativa. El inconveniente está en que cuando uno compara el etiquetado frontal de ese país, Uruguay y la Argentina, encuentra que la ley más fuerte y completa es la nuestra. Por ejemplo, en el etiquetado se incluye la cafeína y los edulcorantes, algo que Brasil y Uruguay no contemplan. También grasas totales, ausentes en el marco de Brasil”, precisó.
“Estamos hablando de un retroceso. En términos gráficos, Brasil utiliza un sistema de lupas que es menos efectivo y eficiente respecto de los octógonos negros que se aplican en Argentina. En Brasil, la lupa por azúcar aparece recién cuando el producto alcanza el doble de lo establecido en Argentina. Resulta paradójico que, mientras que el Gobierno critica a Brasil por todos lados, en el Mercosur busca ‘armonizar’ la ley local con la de ese país a como dé lugar”, enfatizó.
En cuanto a la posición del resto de los integrantes del bloque, Porras comentó que LLA presiona a Uruguay para que el país vecino se pronuncie respecto de la posibilidad de fijar un criterio de etiquetado común. “Si hoy no estamos hablando de una ‘armonización’ aprobada es porque Uruguay se mantiene sin emitir un posicionamiento”, dijo.
Con relación a los cambios que ocurrirían en las góndolas y las heladeras de los comercios argentinos si se avanza con un sistema similar o cercano al que posee Brasil, el experto aportó detalles contundentes: “De ocurrir, los cambios para Argentina serían desde pasar del sistema de perfil de nutrientes de la OPS a la base de cálculo por cada 100 gramos o mililitros, como la versión chilena del etiquetado, hasta perder la leyenda precautoria de edulcorantes y cafeína”.
“Así, la Coca Zero, por mencionar un caso, podría volver a entrar en las escuelas y generar publicidad dirigida a niñas y niños. También se perderían los sellos de grasas totales y exceso de calorías. Se debilitaría el etiquetado frontal argentino, lo cual es lo mismo que debilitar a todas las políticas de salud involucradas con la alimentación”, concluyó.
Por su parte, Nuñez señaló que “lo que se ve, tanto en las actas como en las últimas reuniones técnicas, es que el eje no está puesto en la salud pública”. Destacó que el foco de lo que se discute a nivel Mercosur está puesto en “la idea de ‘facilitar el comercio’, de evitar costos para las empresas, de no tener que cambiar los envases varias veces. O sea, una lógica meramente comercial”.
“De hecho, en la última reunión de la Comisión de Alimentos, varios países —incluida la Argentina— insistieron en avanzar rápido por, justamente, ese motivo: simplificar requisitos y reducir costos para el sector productivo. En ese marco, lo que también empieza a quedar claro es que Argentina no está defendiendo activamente el estándar que ya tiene, sino que llega a la mesa con bastante disposición a flexibilizarlo para alcanzar un consenso regional”, precisó.
La ley de etiquetado y su incidencia en la compra consciente
Desde su reglamentación en 2022, la ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable ha generado cambios significativos en los hábitos de compra en la Argentina. Así, y de acuerdo a estudios y monitores recientes del sector de la nutrición, 1 de cada 3 familias cambió su patrón de consumo a partir de la entrada en vigencia del etiquetado frontal.
“A partir de la implementación, la mayoría de las personas dicen haber cambiado su intención de compra en categorías como bebidas, yogures o galletitas. Y cuando se mira más fino, aparece que no solo importa si un producto tiene sellos, sino cuántos tiene. De hecho, el sello de ‘exceso en azúcares’ es el que más pesa al momento de decidir”, aseguró Nuñez.
“También se ve algo muy concreto en el comportamiento, y es que la gente empieza a ajustar. No necesariamente deja de comprar esos productos, pero reduce la frecuencia, la cantidad o busca alternativas con menos sellos. Es decir, los sellos empiezan a ordenar la decisión”, agregó.
Por el lado de la industria, y a partir de la vigencia de ese marco legal, algunas líneas de productos modificaron sus fórmulas con el fin de reducir el número de sellos en sus etiquetas. Así, compañías lácteas sacaron al mercado versiones de quesos untables, yogures y postres con número de octógonos acotado o directamente inexistente. Lo mismo viene sucediendo en el nicho de las galletitas.
En el ámbito de la salud se señala que alrededor del 90% de las y los consumidores reconocen la importancia de los octógonos y entienden que el etiquetado frontal aporta información determinante para una compra consciente. Segmentos etarios como la tercera edad, por lo general afectados por patologías de naturaleza crónicas, señalan que el rotulado amplía las posibilidades incluso en términos de prevención secundaria de enfermedades y dolencias relacionadas con la alimentación.