Un presunto caso de corrupción en Catamarca pone bajo la lupa judicial al proyecto MARA, que involucra a las mineras Agua Rica y Alumbrera, actualmente operadas en el país por la suiza Glencore. Empresas y funcionarios están imputados en la causa que lleva adelante el Juzgado Federal N.º 1 de Comodoro Py, a cargo de la jueza María Servini. La investigación apunta a determinar si avanzaron con el proyecto pese a contar con un informe técnico que lo prohibia por tratarse de una zona periglaciar.
Según la denuncia penal iniciada en 2019, hubo incumplimiento de la Ley General del Ambiente (25.675) y la Ley de Glaciares (26.639). Así lo planteó la abogada Mariana Katz en diálogo con Economía Sustentable: “Estudios técnicos elaborados por organismos estatales identificaron en 2018 la presencia de 26 cuerpos de hielo en la zona del proyecto MARA, reconociéndola como área prohibida para llevar a cabo tareas de exploración o explotación minera”, indicó.
Sin embargo, pese a contar con los estudios, la información no habría sido considerada por los funcionarios al momento de avanzar con el acuerdo, lo que podría configurar en el delito de incumplimiento de sus deberes. “No verificaron sus propios estudios científicos ¿por qué van a omitir analizar la documentación que tienen si no es por algo intencionado?”, cuestionó la abogada Katz.
El proyecto MARA
El proyecto MARA se puso en marcha en 2019 y busca integrar el yacimiento Agua Rica —de cobre, oro y molibdeno, ubicado en la Sierra de Aconquija, en Andalgalá— con la infraestructura de La Alumbrera.
Este último yacimiento constituye un hito en la minería argentina por tratarse de la primera explotación a cielo abierto del país. Comenzó a operar en 1997 y se encuentra en etapa de cierre desde 2017. En el marco de MARA, su infraestructura y capacidad instalada sería reutilizada para procesar el mineral extraído en Agua Rica. De acuerdo con la empresa, este proyecto integrado concentra reservas de 11.800 millones de libras de cobre y 7,4 millones de onzas de oro, lo que lo posicionaría entre los emprendimientos cupríferos de mayor envergadura a nivel nacional.
La historia de la causa penal
La causa comenzó en 2019 cuando vecinos de Andalgalá representados por la abogada Katz denunciaron penalmente a directivos de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio –empresa conformada por el Estado nacional, la Universidad Nacional de Tucumán y la provincia de Catamarca–, dos auditores de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y un funcionario de la Secretaría de Minería de la Nación.
Desde su inicio hasta hoy el proceso judicial tuvo marchas y contramarchas. En 2023 la Justicia dispuso el cierre de la causa y el sobreseimiento de los imputados. Sin embargo, en agosto de 2024 la Cámara de Casación Penal ordenó reabrirla por considerar que las pruebas aún no resultaban conclusivas, según consta en la sentencia aportada a este medio.
Tras más de un año sin avances sustantivos en la investigación, el pasado 22 de abril el expediente dio un nuevo giro y las empresas pasaron a ser también imputadas. Así lo resolvió la Jueza Servini tras el pedido del fiscal Guillermo Marijuán de ampliar la imputación en base a la Ley 27.401 que establece las personas jurídicas pueden ser penalmente responsable por delitos de corrupción y no sólo sus funcionarios.
La noticia fue recibida con alegría en la ciudad de Andalgalá, que lleva 30 años denunciando impactos contaminantes y falta de transparencia de la minería en su territorio.
La denuncia de la comunidad de Andalgalá: un conflicto histórico
“Llevamos años caminando todos los sábados en nuestra plaza. Reclamamos en las calles y en los juzgados por las innumerables violaciones de derechos humanos que venimos sufriendo desde hace treinta años, cuando llegó la minería”, dijo a este medio un vecino de Andalgalá, integrante de la Asamblea el Algarrobo.
Explicó que desde que la Alumbrera comenzó a funcionar, aumentaron en el pueblo los polvos fugitivos y distintos tipos de enfermedades como el cáncer y la esclerosis múltiple. También, que cambió la composición química del agua: “Antes teníamos el agua más pura de todas y ahora viene turbia”, dijo.
Para los habitantes de Andalgalá el proyecto MARA es lo mismo de antes, pero con un nuevo nombre, una nueva cara. Se llame Alumbrera, Agua Rica o MARA, los vecinos reconocen que detrás hay una sola cosa: afectación al ambiente de carácter irreversible.
En su página web la empresa señala que reutilizar la infraestructura de La Alumbrera permitiría reducir la huella ambiental y que, además, se encuentra realizando un monitoreo comunitario para incorporar las preocupaciones y demandas vecinales. Pero desde la Asamblea el Algarrobo denuncian que esas instancias son insuficientes y meramente formales: “Los informes de impacto ambiental presentados desconocen los daños acumulativos e interjurisdiccionales generados tras tres décadas de actividad minera en la región”.
Los vecinos reafirman su reclamo y señalan que están dispuestos a llegar a esferas internacionales: el año pasado presentaron el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.