La industria aceitera y exportadora argentina se encuentra en estado de alerta máxima luego de que Países Bajos detectara la presencia de material genéticamente modificado no aprobado en embarques de harina de soja. Se trata de la variedad HB4, desarrollada por la firma Bioceres, que si bien cuenta con aval en Argentina y China, carece de autorización en la Unión Europea. Este hallazgo constituye un caso de negocios que enferman el vínculo comercial, ya que el puerto neerlandés es la principal puerta de entrada para los granos argentinos al viejo continente.
Para intentar frenar lo que podría ser un bloqueo generalizado, la cámara de exportadores (Ciara-Cec) ha decidido poner la cosecha de HB4 bajo una estricta cuarentena logística. El plan consiste en geolocalizar cada hectárea sembrada para garantizar que los camiones se dirijan exclusivamente a puertos sin instalaciones de molienda, evitando cualquier contacto con la soja convencional. Esta «mentira sustentable» del agro-negocio, que intenta vender tecnología resistente a la sequía sin haber asegurado primero la seguridad alimentaria en los mercados de destino, pone ahora en jaque una de las principales fuentes de divisas del país.
El riesgo de la contaminación genética
Aunque el HB4 ocupa una superficie mínima en comparación con los 17 millones de hectáreas sembradas en el país, el riesgo de contaminación cruzada es real y amenaza la totalidad de las exportaciones hacia Europa, que compra cerca de un cuarto de la producción de harina de soja nacional. Los importadores europeos se muestran «paranoicos» ante la posibilidad de que el material genéticamente modificado se haya filtrado en la cadena de suministro, lo que obligaría a redirigir cargamentos hacia Asia a precios significativamente menores.
Un acuerdo comercial en la cuerda floja
Este conflicto surge en un momento delicado, coincidiendo con la implementación provisional del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Mientras el Gobierno nacional necesita desesperadamente los dólares de la cosecha para estabilizar las reservas, la falta de protocolos de accesibilidad técnica y transparencia sobre el uso de biotecnología prohibida en el exterior podría cerrar mercados clave. La industria presiona ahora a Bruselas para que acepte un margen de tolerancia, mientras los agricultores intentan rescatar una relación comercial que tardó décadas en construirse.