La industria naviera argentina se encuentra en un punto de inflexión con relación a la mirada medioambiental que, a nivel global, también abarca a este importante sector de la economía del país.
Lo que hace unos años parecía un concepto abstracto de foros climáticos europeos, hoy es una realidad operativa: los créditos de carbono y las regulaciones de emisiones están redefiniendo la hoja de ruta de los puertos y buques nacionales.
Con la presión de la Organización Marítima Internacional (OMI) y la apertura de nuevos mercados de capitales, el sector naval busca transformar su huella ambiental en un activo financiero.
Se trata del organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de regular la seguridad y la prevención de la contaminación del sector que, en uno de sus documentos, advierte que el punto de partida para lograr esos objetivos no parece ser fácil.
Más que nada, si se tiene en cuenta que históricamente, el transporte marítimo ha sido uno de los sectores más difíciles de descarbonizar debido a la alta densidad energética requerida para los trayectos transoceánicos.
Sin embargo, para este 2026, la Argentina ha comenzado a integrar el Mercado Voluntario de Carbono, liderado por iniciativas como el panel de BYMA, que ya registra sus primeras transacciones del año.
Este ecosistema permite que las empresas navieras compensen sus emisiones remanentes mediante la compra de certificados que financian proyectos de energías renovables o reforestación en suelo argentino.
Nuevo mecanismo
Pero la urgencia no es solamente ética, sino económica como parte de un sector que se enfrenta a un calendario regulatorio estricto.
Por caso, para este año se espera que la cobertura total de emisiones para grandes buques sea obligatoria en rutas internacionales, siguiendo el modelo de la Unión Europea (EU ETS).
Para el 2027, la agenda estará puesta en el «Fondo Net-Zero» de la OMI ya que entrará en vigor un mecanismo global de fijación de precios.
Aquellos buques que no logren reducir su intensidad de carbono deberán adquirir Unidades Remediales (RU), con costos que podrían alcanzar los u$s100 por tonelada de CO₂eq.
Mirando este horizonte se entiende que para evitar el costo de «pagar por contaminar», la industria argentina está explorando tecnologías de mitigación como la de propulsión asistida por viento.
Se trata de la instalación de sistemas Wing Sail en tanqueros está demostrando ahorros de combustible de entre el 5% y el 20%.
Del mismo modo, se impulsa el uso de combustibles de transición a partir del desarrollo de infraestructura para GNL y biocombustibles en puertos estratégicos como Bahía Blanca y Quequén, lo que se vuelve vital para mantener la competitividad exportadora.
En el caso de las iniciativas para captura de carbono a bordo (OCC), hay varios proyectos piloto con los cuales ya se evalúa la viabilidad de capturar emisiones directamente en la chimenea del buque para su posterior almacenamiento en tierra.
El desafío de la competitividad
Para el exportador argentino, la descarbonización de la flota no es un lujo. Con la implementación de mecanismos como el CBAM (Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono), los productos que lleguen a mercados internacionales en buques de alta emisión podrían enfrentar aranceles adicionales.
En este sentido, expertos de la Mesa Argentina de Carbono explican que Argentina tiene el talento y los recursos para ser un proveedor relevante de créditos de carbono.
“La clave está en dejar de ver la regulación como una barrera y empezar a verla como una oportunidad de financiamiento para modernizar nuestra flota», afirman desde ese organismo.
También anticipan que el futuro de la navegación en el Atlántico Sur será, sin duda, más limpio, más tecnológico y, fundamentalmente, neutro en carbono.
De todos modos, advierten que pocos sectores tienen por delante un desafío tan complejo como el transporte marítimo en su camino hacia la descarbonización.
En la actualidad, la actividad representa alrededor del 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, con proyecciones de aumentar significativamente en los próximos años.
Al respecto, la OMI, ha establecido una hoja de ruta con metas de cero emisiones netas hacia 2050, con un objetivo intermedio de alcanzar al menos un 10% de energía limpia para 2030.
Estas metas empujan exigencias crecientes a lo largo de toda la cadena de suministro.
Y en un contexto global que exige descarbonizar las cadenas de valor, los créditos de carbono -o bonos de carbono- emergen no sólo como un mecanismo de compensación ambiental, sino como una oportunidad de competitividad para el sector en el Atlántico Sur.
Huella auditada
El arrastre y las largas travesías de la flota hacia la Zona Económica Exclusiva (ZEE) generan una huella que los mercados internacionales, especialmente el europeo, comienzan a auditar con rigor.
Sin embargo, el concepto de «Carbono Azul» abre una ventana inédita para Argentina si se tiene en cuenta que los océanos son los mayores sumideros de carbono del planeta y que la gestión sostenible de los recursos pesqueros contribuye directamente a la salud de estos ecosistemas capturadores.
La implementación de estos mecanismos en la pesca local se proyecta a través de tres ejes principales:
- Modernización de la Flota: la transición hacia motores de mayor eficiencia energética o el uso de biocombustibles permite generar certificados por emisiones evitadas.
- Certificaciones Internacionales: compañías que operan bajo estándares de sostenibilidad (como el MSC) están mejor posicionadas para validar proyectos de carbono que demuestren que la biomasa capturada se mantiene en niveles que no comprometen la capacidad de absorción del océano.
- Protección de Ecosistemas Bentónicos: evitar la degradación del fondo marino preserva depósitos de carbono orgánico que, de ser removidos, liberarían grandes cantidades de CO2 a la atmósfera.
Negocio con impacto ambiental
En este contexto, para las empresas pesqueras argentinas, la venta de créditos de carbono en mercados voluntarios representa una nueva vía de financiamiento.
Los ingresos derivados de estos bonos se pueden reinvertir en tecnología de selectividad de artes de pesca, reduciendo el bycatch (pesca incidental) y mejorando la rentabilidad a largo plazo.
En el sector entienden que la sustentabilidad ya no es un costo, sino un activo financiero y que el mercado de carbono ofrece a la pesca argentina la posibilidad de certificar su compromiso con el ecosistema marino mientras accede a capitales que premian la eficiencia.
Por eso, impulsan el desarrollo de una arquitectura legal sólida que permita utilizar esta herramienta financiera para que el potencial del mar se convierta en una realidad.
Aseguran que los créditos de carbono son una alternativa para no perder competitividad en el sector marítimo.
Más que nada porque el ranking de descarbonización de la OMI, estándar que define la competitividad en el transporte marítimo global, aumenta sus exigencias año tras año.
En 2023, la OMI implementó el Indicador de Intensidad de Carbono (CII, por sus siglas en inglés), un sistema que clasifica a los buques en cinco categorías, desde la A (Superior) hasta la E (Inferior).
Las navieras con bajas clasificaciones tienen el desafío de subir en el ranking para no perder competitividad ni recibir sanciones.
Según la Regulación 28 del Anexo VI de MARPOL, los buques que caigan en la categoría E en un solo año, o en la categoría D durante tres años consecutivos, están obligados a presentar un plan de acción correctivo en lo que refiere a eficiencia energética.
En caso contrario, corren el riesgo de perder su Declaración de Cumplimiento (SoC), quedando virtualmente fuera del mercado.
En la actualidad, las navieras enfrentan el desafío de evitar las categorías D y E para sostener sus operaciones comerciales y la neutralización de combustibles mediante créditos de carbono verificados emerge como la herramienta de transición clave para ganar tiempo y eficiencia.
En tanto, los grandes operadores logísticos, que deben cumplir con sus objetivos de sustentabilidad, están seleccionando embarcaciones con calificaciones altas, en un intento de minimizar sus emisiones de Alcance 3.
Estas emisiones indirectas, generadas en la cadena de valor de una empresa, incluyen proveedores y clientes que no están bajo su control directo.
Panorama desafiante
En este sentido, Lucas Peverelli, consultor en sustentabilidad y descarbonización en Business & Sustainability, “en los últimos años han cobrado más relevancia ya que suelen representar entre el 70 y 90% de la huella total de carbono de una organización”.
La empresa a la que este analista representa se especializa en sustentabilidad orientada integrar los modelos de negocios con estrategias de triple impacto.
Con más de siete años de experiencia y nacida bajo la premisa de que los negocios son el mejor vehículo para construir procesos de transformación sustentables, realiza consultorías y desarrolla proyectos en la Argentina y la región.
También forma parte de un ecosistema de soluciones vinculadas a la sustentabilidad en los negocios de los que además participan otras sociedades como Nullaexitus y BS Capital Partners.
Para el experto, el panorama para las navieras y armadoras de esta cadena de valor es desafiante “porque la renovación de flotas o la incorporación de tecnologías de cero emisiones implica inversiones que, en muchos casos, son económicamente inviables en el corto plazo”.
Además, recuerda que la OMI continuará endureciendo los umbrales de cumplimiento a partir de este 2026, luego de varios incrementos cercanos al 2% anual.
“Esto significa que una embarcación que hoy obtiene una calificación “C” (aceptable) podría descender a “D” en el futuro simplemente por la modificación del estándar”, advierte.
Para acercarse a esos objetivos y subir su calificación, Peverelli propone la implementación de combustibles compensados con créditos de carbono de alta calidad, lo que les permite a los proveedores ofrecer un producto carbono neutral.
Destaca que, a través de la adquisición de créditos de carbono verificados (VCUs), las operadoras pueden compensar sus emisiones e incluso llegar a neutralizar su operación.
“Al adquirir créditos de carbono y neutralizar su producción, los proveedores dejan de vender solo combustible, incorporando también cumplimiento regulatorio y seguridad comercial”, agrega el consultor.
Solución global
En este sentido, se puede sostener también que el combustible carbono neutral, más que un avance ambiental, es una póliza de seguro para la competitividad de las navieras en un mercado que ya no perdona la ineficiencia.
Peverelli recuerda que se trata de una solución que ya está siendo implementada en el mundo y como ejemplo, menciona a la proveedora de combustible marino Minerva Bunkering, que ofrece desde el 2021 la posibilidad de compensación de la huella de carbono del combustible provisto.
La empresa, que es de origen suizo y subsidiaria del trader Mercuria Energy Group, integra el valor de la compensación en sus contratos y entrega junto a la información técnica del combustible provisto, el certificado de compensación de emisiones.
Otro caso es el de World Kinect Corporation (ex World Fuel Services), que también cuenta con una gestión integral del carbono para sus clientes.
Hay también empresas que integran soluciones de carbono en su propuesta de valor como TFG Marine, Bunker Holding y Shell Marine Fuels.
“Adquirir créditos de carbono, entonces, actúa como un instrumento de transición que evita la caída a las categorías críticas del ranking CII sin necesidad de una transformación operativa integral”, sostiene Peverelli.
Por ese motivo, entiende que las operadoras pueden sostener el uso de sus naves actuales mientras planifican inversiones de largo plazo, y al mismo tiempo, manteniendo al mismo tiempo su elegibilidad frente a clientes internacionales cada vez más exigentes.
Alternativa viable
Aclara también que las regulaciones aplican a buques por encima de los 5.000 GT, responsables de cerca del 85% de las emisiones de CO2 del sector.
En Argentina, la mayoría de las embarcaciones internacionales que operan locamente superan ampliamente ese umbral.
Por caso, los buques graneleros que navegan por la Vía Navegable Troncal suelen partir de las 30.000 GT, mientras que los cruceros que arriban a Buenos Aires o Ushuaia se ubican entre las 60.000 y las 170.000 GT.
A modo de conclusión, Peverelli entiende que “con la logística y el transporte internacional como los sectores con desafíos más complejos de descarbonización, las soluciones de compensación mediante créditos de carbono comienzan a consolidarse como alternativas viables para integrar a actores de todos los tamaños en la transición energética”.
Otros expertos en el sector agregan que, para alcanzar esos objetivos, Argentina necesita avanzar en un registro nacional de proyectos de carbono que brinde seguridad jurídica a las empresas y garantice la adicionalidad y la permanencia de las reducciones de emisiones.
Entienden que la integración de la industria naviera en el mercado de carbono es, en definitiva, una apuesta por la resiliencia en un mundo donde el consumidor final elige productos con trazabilidad ambiental.