El declive de la producción convencional de petróleo en Chubut abrió un nuevo frente de discusión: qué ocurre con el ambiente cuando los pozos dejan de producir. En Comodoro Rivadavia, una ciudad estrechamente ligada al nacimiento y crecimiento de la industria petrolera, el cierre de las explotaciones plantea interrogantes sobre quién debe hacerse cargo de los pasivos ambientales acumulados durante décadas.
La discusión llegó a la Legislatura del Chubut a partir del debate sobre un acuerdo para la reversión del área Restinga Alí, ubicada frente al barrio homónimo de Comodoro Rivadavia. El área comprende 559 pozos, entre instalaciones terrestres y marítimas, distribuidas en el Golfo San Jorge.
El convenio firmado entre el Gobierno provincial e YPF establece una compensación de US$ 25 millones y exime a la empresa de realizar tareas de abandono y remediación ambiental en más de 300 pozos ubicados en el mar. El acuerdo generó cuestionamientos políticos y abrió un debate sobre el alcance de las obligaciones ambientales de las empresas petroleras.
Cierre de pozos petroleros y pasivos ambientales en Chubut
En paralelo, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia realizó una presentación ante la Comisión Nacional de Valores para reclamar que YPF asuma la identificación, caracterización, evaluación de riesgos, saneamiento, remediación y monitoreo de los pasivos ambientales existentes dentro del ejido municipal.
El municipio también solicitó que la compañía elabore y ejecute, a su exclusivo costo, un Plan Integral de Remediación Ambiental. En su presentación, pidió además que la Justicia “declare inoponible frente a Comodoro Rivadavia cualquier convenio, acuerdo o acto administrativo que pretenda extinguir, limitar o sustituir la obligación constitucional de recomposición ambiental”.
El planteo municipal se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y dispone la obligación de recomponer el daño ambiental. Desde el municipio sostienen que esa norma “está por encima de cualquier entendimiento administrativo y la obligación sólo puede considerarse cumplida cuando exista certeza objetiva de que el ambiente fue efectivamente restaurado”.
La controversia también fue puesta en conocimiento de la Comisión Nacional de Valores, debido a que involucra obligaciones ambientales vinculadas con activos y explotaciones petroleras que fueron objeto de acuerdos y procesos de reversión.
El reclamo no se limita a Comodoro Rivadavia. Productores de ovinos de distintas zonas de la Patagonia también advierten sobre la presencia de pozos, ductos, instalaciones abandonadas, suelos degradados y otros pasivos ambientales asociados con la actividad hidrocarburífera.
Diputados chubutenses de distintas fuerzas políticas coinciden en señalar que existe una obligación de recomponer los daños ambientales y cuestionan que esa responsabilidad pueda diluirse como consecuencia de la venta o reversión de las explotaciones.
“Mientras Vaca Muerta impulsa el superávit energético, Comodoro Rivadavia enfrenta el costo ambiental, económico y social del cierre de la explotación convencional”, apuntó José Glinski, diputado de Chubut.
Comodoro Rivadavia enfrenta el día después del petróleo
La magnitud del problema se refleja en la cantidad de pozos que quedaron fuera de producción. En Comodoro Rivadavia se contabilizan alrededor de 2.000 pozos inactivos, de los cuales unos 1.700 se encuentran dentro del ejido municipal.
La situación plantea un escenario complejo para una ciudad cuya historia económica y social está vinculada directamente con el petróleo. Mientras la producción no convencional de Vaca Muerta concentra buena parte de las expectativas energéticas del país, las localidades históricamente asociadas al petróleo convencional deben afrontar las consecuencias del declive de esa actividad.