El presidente Javier Milei inauguró una nueva planta de producción de carbonato de litio de Río Tinto en Catamarca, en el marco de la expansión del proyecto Fénix y del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa forma parte de la expansión de la minería de litio en Catamarca, una actividad que el Gobierno presenta como estratégica para atraer capitales, aumentar las exportaciones y posicionar al país en el mercado internacional de minerales para la transición energética.
La ampliación de los proyectos Fénix 1B y Sal de Vida representa una inversión cercana a los US$ 1.400 millones y permitirá incorporar 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio, según los datos difundidos durante el acto oficial.
Milei defendió el esquema de incentivos y sostuvo que la participación privada es fundamental para impulsar el desarrollo de las provincias. También destacó que los proyectos mineros pueden generar empleo y ampliar la actividad económica en las regiones productoras.
Sin embargo, los anuncios de inversión conviven con reclamos que cuestionan cómo se desarrollan estas explotaciones, qué controles ambientales existen y cuánto de la riqueza generada llega efectivamente a las poblaciones cercanas. En Catamarca, las controversias abarcan desde el consumo de agua en ecosistemas frágiles hasta las condiciones de participación de las comunidades originarias y las oportunidades de trabajo para los habitantes de las zonas mineras.
El litio en Catamarca y los conflictos por el agua
Uno de los principales focos de conflicto se encuentra precisamente en el Salar del Hombre Muerto, donde opera el proyecto Fénix. La expansión minera en esta región de la Puna genera preocupación por el uso del agua y sus posibles efectos sobre los ríos, las vegas altoandinas y las actividades tradicionales de las comunidades.
La disputa llegó a la Justicia. En marzo de 2024, la Corte de Justicia de Catamarca ordenó realizar un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral sobre el desarrollo de la minería de litio en la cuenca del río Los Patos y el Salar del Hombre Muerto. También dispuso que no se otorgaran nuevas autorizaciones para obras y actividades en esa zona hasta que se cumpliera con esa evaluación.
La decisión respondió a una acción judicial impulsada por integrantes de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, que cuestionaron las autorizaciones otorgadas a proyectos mineros sin una evaluación integral de sus impactos y sin garantizar una participación adecuada de la población.
El reclamo apunta a una cuestión central para el desarrollo de la actividad: evaluar cada emprendimiento de manera aislada puede resultar insuficiente cuando varios proyectos comparten una misma cuenca hídrica. La suma de las extracciones y las modificaciones del territorio puede generar efectos que no se advierten si se analiza únicamente una explotación.
La controversia también involucra el derecho de las comunidades originarias a acceder a información ambiental y participar en las decisiones que afectan sus territorios. En una región donde el agua es limitada, la expansión de la actividad minera exige mecanismos de control que permitan conocer cuánto se extrae, cómo se distribuye el recurso y qué consecuencias tiene su utilización sobre los ecosistemas y las poblaciones locales.
Estos cuestionamientos no implican que toda inversión minera produzca necesariamente los mismos impactos. Sí muestran que la magnitud de los capitales comprometidos no reemplaza la obligación de evaluar los riesgos ambientales, garantizar la participación ciudadana y controlar el cumplimiento de las normas.
Los reclamos por el litio también alcanzan al empleo y la economía local
Las tensiones alrededor de la minería catamarqueña no se limitan al ambiente. En Fiambalá, proveedores locales protagonizaron protestas a comienzos de octubre de 2026 contra la empresa Zijin-Liex, responsable del proyecto de litio Tres Quebradas, para reclamar una mayor participación de los trabajadores y prestadores de servicios de la zona.
Según informó el medio local El Diario de Catamarca, los manifestantes denunciaron que la compañía recurría a proveedores de otras regiones y dejaba afuera a empresas del departamento. El conflicto llegó a la Ruta Nacional 60, donde los prestadores interrumpieron el avance de transportes vinculados con la actividad minera para exigir respuestas.
El episodio expone una contradicción que atraviesa el debate sobre las grandes inversiones. Aunque los proyectos pueden movilizar importantes sumas de dinero, la radicación de una explotación no garantiza por sí sola que los comercios, los trabajadores y las empresas de la zona accedan a una porción significativa de esa actividad.
En el caso de Fénix 1B, el Gobierno destacó que el proyecto adjudicó US$ 310 millones a proveedores argentinos, de los cuales US$ 153 millones correspondieron a empresas catamarqueñas. También señaló que 411 de los 413 proveedores involucrados son nacionales.
Esos números permiten dimensionar parte del movimiento económico asociado al proyecto, pero no resuelven por sí solos la discusión sobre cómo se distribuyen sus beneficios. Para evaluar el impacto territorial de la minería también es necesario conocer la calidad y duración del empleo generado, las condiciones de contratación, el peso de los proveedores locales y la proporción del valor producido que permanece en las comunidades.
A su vez, otros cuestionamientos recientes muestran que las controversias se extienden más allá de los salares donde ya existen explotaciones. En octubre de 2026, vecinos de El Alto y Ancasti reclamaron la suspensión de reuniones vinculadas con el proyecto de exploración de litio de Litios del Norte, al advertir sobre posibles impactos en el agua, la ganadería y la vegetación nativa.
Los habitantes también cuestionaron el acceso a la información ambiental y las condiciones de participación en el proceso. Estos planteos reflejan una preocupación que acompaña la expansión minera: las comunidades reclaman poder evaluar los proyectos antes de que avancen las intervenciones sobre sus territorios.
La discusión, por lo tanto, no se reduce a una oposición entre minería y desarrollo. También involucra quién decide sobre los recursos naturales, qué información está disponible para la población y qué mecanismos existen para garantizar que los beneficios económicos no se concentren mientras los costos ambientales y sociales quedan en las regiones productoras.
El RIGI promete inversiones, pero no resuelve los conflictos territoriales
Durante la inauguración de la planta de Río Tinto, Milei defendió el RIGI como una herramienta para brindar estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria a las empresas que invierten en el país.
El Presidente aseguró que el régimen cuenta con 29 proyectos aprobados por casi US$ 80.000 millones y otras iniciativas por US$ 130.000 millones a la espera de aprobación. Dentro de la cartera autorizada, 13 proyectos corresponden a la minería y reúnen inversiones por US$ 28.000 millones, según las cifras presentadas por el mandatario.
La estrategia oficial busca aprovechar la demanda internacional de minerales vinculados con las baterías, los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía. En ese escenario, el litio representa una oportunidad para ampliar las exportaciones y generar nuevas fuentes de ingresos.
Pero la llegada de capitales y el aumento de la producción no garantizan automáticamente un desarrollo equilibrado. El desempeño de estos proyectos también depende de la capacidad estatal para fiscalizar la actividad, exigir el cumplimiento de las normas ambientales y garantizar que las comunidades tengan acceso a información y participación efectiva.
La discusión adquiere especial relevancia en la Puna, donde los salares y las cuencas hídricas sostienen ecosistemas adaptados a condiciones ambientales extremas. Allí, la expansión de la minería obliga a considerar no solo el rendimiento económico de cada explotación, sino también los efectos acumulados de la actividad sobre el territorio.
Milei sostuvo durante el acto que “cuidar el medio ambiente y producir no son contradictorios. De hecho, se complementan. Una comunidad que produce riqueza tiene más recursos para cuidar su entorno y mejorar su calidad de vida”.
El desafío es que esa afirmación se traduzca en resultados verificables. Para eso, las inversiones deben acompañarse de evaluaciones ambientales rigurosas, controles transparentes, información pública accesible y mecanismos que permitan comprobar sus aportes al empleo y a la economía regional.
La inauguración de la planta de Río Tinto representa un nuevo paso en la expansión del litio argentino. Sin embargo, los reclamos por el agua en el Salar del Hombre Muerto, las disputas por la contratación de proveedores y las objeciones de vecinos frente a nuevos proyectos muestran que el crecimiento de la actividad sigue abierto a cuestionamientos.