La presentación fue realizada ante el Ministerio Público Fiscal y apunta a determinar si en torno al evento pudieron haberse cometido delitos contra la administración pública y el ambiente. La denuncia cuestiona tanto el proceso de autorización como el uso de recursos municipales y las condiciones en las que se desarrollaron los trabajos sobre la costa.
El evento es organizado por EDV Entertainment S.A. y generó en los últimos días fuertes cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y sectores de la comunidad por el movimiento de arena y el uso de maquinaria pesada en la playa. La Fundación Ecológica de Pinamar también había advertido sobre el impacto ambiental y la falta de controles.
Enduro del Invierno en Pinamar y las dudas sobre el impacto ambiental
Uno de los principales puntos de la denuncia está relacionado con la autorización municipal del evento. Los concejales sostienen que la Ordenanza N.º 7342/2026, sancionada el 14 de agosto, estableció autorizaciones con carácter retroactivo para actividades que ya habían comenzado el 10 de agosto.
De acuerdo con la presentación, esto significa que los movimientos de suelo y el despliegue de maquinaria pesada sobre la playa se iniciaron antes de que estuviera vigente el marco normativo utilizado para regularlos.
El aspecto ambiental ocupa otro capítulo central. La Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires habría confirmado, mediante una providencia, que no existen registros ni trámites de evaluación de impacto ambiental para la realización del torneo en la costa de Pinamar.
Los denunciantes sostienen que esta situación contradice afirmaciones realizadas previamente por funcionarios durante el debate en las comisiones del Concejo Deliberante, donde se había mencionado la existencia de estudios técnicos favorables.
La presentación también señala que las autoridades locales habrían desoído advertencias realizadas previamente por organizaciones ambientalistas sobre las consecuencias de intervenir la franja costera.
La controversia ambiental se suma a otros reclamos surgidos alrededor de la competencia. Empresarios turísticos de Pinamar pidieron recientemente que el evento sea trasladado fuera de la playa pública y reclamaron que se garantice una “huella ecológica cero”.
Denuncian beneficios para la empresa y piden investigar a Alejo Yeza
La denuncia también cuestiona el impacto económico de la organización del Enduro y las condiciones otorgadas a la empresa responsable.
Los concejales señalan que EDV Entertainment S.A. habría sido beneficiada con una eximición total del pago de cánones, derechos por utilización del espacio público y tributos relacionados con la publicidad.
A esto se suma, según la denuncia, el uso de recursos municipales para garantizar el desarrollo del evento, entre ellos personal de Guardia Urbana y Tránsito, maquinaria, insumos y horas extras. Los denunciantes cuestionan que no se haya establecido un mecanismo de compensación o reintegro de esos gastos al Municipio.
El otro eje de la presentación apunta directamente a alejo Yeza (hermano de Martín, exintendente de Pinamar). Estanga y Saquilan solicitaron que se investigue la posible existencia de conflictos de intereses y que se determine si hubo vínculos societarios o comerciales previos entre el concejal y empresarios relacionados con la empresa beneficiaria del proyecto.
El pedido no implica que esos vínculos hayan sido acreditados, sino que los denunciantes reclaman que sean investigados dentro del expediente judicial.
En ese marco, los concejales solicitaron la apertura inmediata de una investigación penal, la realización de pericias ambientales y contables y la preservación de documentación que podría resultar relevante para la causa, incluidos correos institucionales y expedientes digitales.
La presentación judicial suma así un nuevo capítulo a la creciente polémica por el Enduro del Invierno. Mientras el evento es defendido como una herramienta para generar actividad turística fuera de la temporada de verano, sus críticos cuestionan que ese objetivo pueda alcanzarse a costa de intervenir un ecosistema costero vulnerable y reclaman determinar si el proceso de autorización respetó las normas ambientales y administrativas vigentes.
Fuente: Pinamar Diario