El empresario Joe Lewis acordó con el Gobierno nacional y la provincia de Río Negro ponerle fin a una demanda por la compra de tierras con el objetivo de avanzar en la construcción de una represa hidroeléctrica para la Comarca Andina.
El británico apuró un acuerdo con las autoridades nacionales y provinciales para comenzar a desembolsar las inversiones prometidas hace más de una década. Pero ni antes ni ahora se realizó el proceso de consulta libre e informada del Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental de la región y el primero en el mundo en incluir disposiciones específicas para proteger a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
La legisladora provincial de Río Negro, Magdalena Odarda, volvió a denunciar al empresario y a los funcionarios judiciales que potenciaron el acuerdo para el avance de este proyecto con un potencial impacto ambiental. La construcción de la hidroeléctrica también tendría vinculación con el cierre del paso público al Lago, denunciado por Odarda en otro expediente judicial que aguarda una definición de la Corte Suprema de Justicia.
Como si todo esto no alcanzara, Lewis avanzó en junio con la conformación de una reserva natural dentro de la misma estancia apropiada durante la década del ’90, tal como publicó Economía Sustentable.
“La homologación del acuerdo entre el Gobierno nacional y Lewis no sólo extinguió una acción de lesividad relativa a la adquisición de miles de hectáreas ubicadas en una Zona de Seguridad de Frontera, sino que consolidó, al menos en los hechos, la situación dominial de Hidden Lake S.A (Lago Escondido) sobre las tierras que circundan el lago, mientras la ciudadanía continúa sin contar con un acceso público libre y efectivo al mismo”, analizó Odarda en diálogo con Economía Sustentable, quien agregó:
Y sumó: “El libre acceso al Lago Escondido se encuentra actualmente vedado en los hechos, situación que lleva más de veinte años judicializada sin haber alcanzado todavía una solución efectiva y cuya causa tramita actualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de un conflicto de altísimo interés público, pues involucra el acceso y goce de un lago de dominio público y compromete derechos de raigambre constitucional vinculados con el ambiente y el acceso al agua”.
La hidroeléctrica de Joe Lewis y las denuncias por falta de consulta ambiental
Lewis adquirió las tierras que circundan el Lago Escondido y de los pasos públicos; también construyó una central hidroeléctrica junto a la empresa Pampa Energía, como parte de su diversificación de negocios a través de la estructura de Tavistock Group, con el objetivo de venderle el servicio de luz a la Comarca Andina.
La central fue inscripta por la empresa Patagonia Energía, con una autorización para el uso del agua por 30 años. La compañía, propiedad de Lewis, nunca pagó el cargo correspondiente a la provincia, de acuerdo a las denuncias de Odarda. El 25 de julio de 2025, la Secretaría de Energía, a cargo de María Carmen Tettamanti, emitió la Resolución 324 por la cual autorizó el traspaso de dicha central hidroeléctrica a la empresa Hidden Lake SA.
“Mientras en una causa judicial se procura desde hace más de veinte años garantizar el libre acceso al lago, en otra se discutía la legalidad de los actos administrativos que posibilitaron a Hidden Lake S.A. adquirir miles de hectáreas de las tierras que lo circundan. Ambos procesos poseen objetos jurídicos diferentes, pero se encuentran materialmente vinculados por una misma realidad territorial. La concentración de las tierras circundantes y las dificultades para garantizar el acceso público al lago no constituyen fenómenos independientes”, puede leerse en la denuncia presentada por la legisladora provincial ante el Consejo de la Magistratura.
El quid de la denuncia apunta al rol que tuvo el magistrado del fuero contencioso administrativo, Walter Lara, al convalidar un acuerdo privado que le puso fin a una causa penal que había iniciado el propio Estado nacional como condición necesaria para realizar las inversiones vinculadas a la Central Hidroeléctrica.
El acuerdo se mantuvo en secreto; las obras proyectadas también. De ahí la vinculación que hizo Odarda de todos los expedientes. Por un lado, una causa judicial resuelta como si se tratase de un acuerdo entre privados y otra vinculada al acceso al lago, todo vinculado con la construcción de la represa y la falta de consulta popular para avanzar con las obras en cuestión.
“La falta de publicidad resultaba particularmente contraria al Acuerdo de Escazú incorporado al derecho interno mediante la ley nacional n°27.566, al impedir conocer de manera contemporánea qué se estaba acordando, cuáles eran sus fundamentos, qué funcionarios habían intervenido y bajo qué razones jurídicas el Estado Nacional había decidido abandonar una acción iniciada para obtener la nulidad de actos que él mismo había declarado lesivos al interés general en materia ambiental y de soberanía nacional”, sostuvo Odarda.
Lago Escondido y el conflicto por el acceso al territorio
El avance en la supuesta creación de una reserva natural dentro de las 12.000 hectáreas de Lago Escondido se dio a conocer para la misma fecha en que el Congreso de la nación se encontraba discutiendo el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada” con un capítulo vinculado a la extranjerización de la tierra.
“La creación de una Reserva Privada es contraria a las áreas protegidas. Debió haberse creado por ley y nada de eso sucedió. Entendemos que en el fondo constituye una nueva restricción al libre acceso al lago a pesar de que es bien natural de dominio público”, había dicho Odarda en diálogo con Economía Sustentable.
La Reserva podía entenderse como una nueva “avanzada territorial” del empresario Lewis. Al mismo tiempo, empezaron a ocurrir en la región otras situaciones conflictivas contra las comunidades de pueblos originarios. El denominador común: el acceso al territorio.
Las comunidades a las que el poder judicial de Neuquén y Río Negro intentó desalojar fueron la Lof Kinxikew y Lof Melo, entre Villa La Angostura y Bariloche. El avance judicial también se explicaría por los proyectos de inversión vinculados al RIGI, según precisan. El 90% de las iniciativas del Régimen de Incentivos se concentran en el sector de los hidrocarburos (Vaca Muerta) y la minería (litio y cobre).
Luego de caído el capítulo vinculado a la extranjerización de la tierra, según detalló Gabriel Jofre, referente de la Organización Identidad Territorial Malalweche Pueblo Mapuche (Mendoza), los poderes judiciales provinciales avanzaron con 11 intentos de desalojo: Jujuy (2), Salta (1), Neuquén (3), Catamarca (1), Río Negro (2), Mendoza (1) y Misiones (1).