Delta en riesgo: investigan el impacto ambiental de terraplenes construidos sobre humedales entrerrianos
La Justicia Federal avanzó en una causa que investiga presuntas afectaciones ambientales en el Delta entrerriano y ordenó una inspección judicial en un campo de 5.300 hectáreas ubicado en Islas de las Lechiguanas. La medida busca determinar la existencia de terraplenes denunciados por organizaciones ambientalistas y evaluar su posible impacto sobre humedales y cursos de agua de la región.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal de Victoria, a cargo de Federico Martín, a partir de una presentación realizada por la Asociación Civil Unidos por la Vida y el Medio Ambiente. La organización impulsa desde 2020 una acción preventiva por daño ambiental y reclama medidas para recomponer ecosistemas que, según sostiene, habrían sido alterados por obras de infraestructura vinculadas a actividades agropecuarias.
Según la denuncia, en el predio se habría construido un terraplén de aproximadamente 12 kilómetros de extensión, lo que habría modificado los drenajes naturales del humedal y restringido el acceso a distintos cursos de agua. También se denunció el traslado de agroquímicos y el desarrollo de actividades agrícolas en sectores insulares del río Paraná.
Impacto ambiental en los humedales del Delta del Paraná
La entidad ambientalista atribuyó responsabilidades a los propietarios Fabio Ernesto Di Fonzo y Juan Pedro Nazar, así como a la firma El Mapuche SRL. Según la presentación judicial, las obras habrían tenido como objetivo secar lagunas y humedales para ampliar áreas destinadas a la producción agrícola y ganadera.
Desde la organización sostienen que las intervenciones habrían generado modificaciones sobre espacios públicos y ecosistemas protegidos, con posibles consecuencias para el ambiente y la salud pública. Además, afirman contar con pruebas sobre la construcción de terraplenes y canalizaciones que habrían alterado el funcionamiento natural del humedal.
Frente a estos planteos, el magistrado dispuso una constatación en el terreno para verificar el estado actual del área, identificar la existencia de las estructuras denunciadas y analizar los efectos ambientales que podrían haber provocado.
Inspección judicial y evaluación técnica de los terraplenes
Para llevar adelante la inspección fueron convocados distintos organismos provinciales con competencia ambiental y técnica. Participarán la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias y el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa).
Los especialistas deberán informar sobre la fecha estimada de construcción de los terraplenes, su estado de conservación y el eventual impacto sobre los humedales del Delta. También tendrán la tarea de evaluar posibles medidas de restauración ambiental y alternativas para revertir los daños que pudieran detectarse.
La resolución judicial también notificó a los propietarios y responsables del establecimiento sobre la realización de la diligencia. Asimismo, se advirtió que, en caso de impedir el acceso de las autoridades al predio, podrá ordenarse un allanamiento con apoyo de la fuerza pública.
Una causa que lleva cinco años
El conflicto tiene antecedentes en 2020, cuando organizaciones ambientales denunciaron la existencia de endicamientos en campos ubicados frente a la localidad bonaerense de Ramallo. En aquel momento, la Justicia Federal dictó medidas cautelares para evitar nuevas intervenciones capaces de alterar el ecosistema del Delta del Gualeguay.
Aquella resolución incluyó el retiro de maquinaria pesada y restricciones a nuevas actividades dentro del humedal. Desde entonces, la causa derivó en distintos planteos judiciales relacionados con el desarrollo de actividades agropecuarias en una de las regiones ecológicamente más sensibles del país.
