Delta en llamas: Cabandié y Ambiente, ejes de la polémica por proliferación de incendios y la Ley de Humedales trunca

Arde el delta del Río Paraná, con una intensidad que no desciende desde hace dos años, y la queja de ciudades y comunidades vuelve a enfocarse tanto en la responsabilidad de los sectores económicos que se benefician de esas quemas como en la falta de solución política a un flagelo que se ha vuelto prácticamente una constante en la zona que comparten las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. A la par de pruebas que exponen al agronegocio de la ganadería y la soja como responsables de las llamas, se multiplican las críticas al accionar de carteras de gobierno como el Ministerio de Ambiente que encabeza Juan Cabandié.

El nombre del ministro se mantiene en boca de organizaciones ambientalistas y funcionarios comunales por efecto de un drama que se profundiza año tras año. Solo en la última semana al menos 10.000 hectáreas han sucumbido bajo las llamas frente a las costas de Rosario y Villa Constitución y su impacto en San Pedro y San Nicolás, ya en la provincia de Buenos Aires.

De principios de 2020 a esta parte totalizan 740.000 las hectáreas quemadas en el Delta, una superficie que equivale casi 40 veces a la Ciudad de Buenos Aires. En parte, el rol de Cabandié y sus equipos está en la mira a partir de la falta de acciones concretas para prevenir el fuego y el uso de una retórica que, casi de forma permanente, deslinda de responsabilidades al área de Ambiente cada vez que se enciende un nuevo foco. 

“Muchas veces se me demanda a mí, a la autoridad ambiental de Santa Fe, acciones para detener a quienes prenden. Hay una confusión, hay que repasar los manuales de educación cívica y lo más preocupante es que esto pase desde un sector del periodismo”, declaró en estos días. 

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Incendios en el Delta: reclamos a Cabandié

Desde las zonas afectadas, Pablo Javkin, intendente de la ciudad de Rosario, afirmó estar “harto” de la inacción política y expuso que fue el mismo municipio el que efectuó las primeras denuncias penales y es el que viene estableciendo cuándo se encienden los focos y quienes podrían ser los responsables. “La Argentina hoy tiene fuego desde Reconquista hasta Campana. Uno se harta de esto. Pareciera que a veces la función nacional es para la capital, cuando debería repartirse en todo el territorio”, dijo respecto del accionar de Cabandié.

Manuel Passaglia, intendente de San Nicolás, cargó con mayor dureza a través de su espacio en la red social Twitter. “El ministro @juancabandie pretende lavarse las manos y no hacerse cargo del flagelo de los incendios en la zona del delta que los vecinos sufrimos por culpa de su ineptitud. Ministro, si no está a la altura del cargo, haga un favor a la sociedad y renuncie”, publicó durante la jornada del martes 9.

“Los vecinos de San Nicolás tenemos que convivir con el humo que generan los incendios que el Ministerio de Ambiente de la Nación no puede o no sabe resolver. Necesitamos funcionarios idóneos en ese cargo. El ministro actual está lejos de serlo”, agregó.

La falta de respuesta ante el desastre es el aspecto que más se les reclama a las autoridades de la cartera de Ambiente. 

Desde el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, a través de Matías de Bueno, uno de sus responsables, se habló de que lo ocurre en el Delta es “enorme responsabilidad del Estado Nacional y Provincial, y esto por los tres gobiernos (de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos) que integran el acuerdo interjurisdiccional PIECAS (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná), y también por el Ministerio de Ambiente de la Nación, como autoridad de aplicación”. 

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“Deberían estar conformados en un Consejo de Emergencia Interjurisdiccional, como lo determinó la Justicia, y deberíamos tener una acción preventiva y no como se genera en este momento en el que a todos le afecta de manera negativa, cuando solo lo que se hace es ir corriendo detrás del fuego”, aseguró.

El Ministerio de Ambiente y la Ley de Humedales

La continuidad del fuego también es interpretada en el ámbito de las organizaciones socioambientales como una consecuencia directa del cajoneado proyecto de Ley de Humedales que, consensuado por más de 380 asambleas y grupos, volvió a presentarse este año y el Gobierno sigue sin tratar y aprobar.

En contrapartida, Ambiente, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), promueve una iniciativa que descarta un buen número de ítems que impactarían de manera positiva en el combate a las llamas que, por efecto de la ganadería, la soja y la especulación inmobiliaria, hoy afectan al delta del Río Paraná.

La iniciativa de dicho consejo, explican organizaciones como la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AADEAA), elimina 25 artículos clave. “La supresión comprende elementos vitales para el diseño de una política federal para proteger integralmente los humedales en el territorio nacional, avalando una visión meramente instrumental de estos ecosistemas, sin control alguno por parte del Estado”, se señaló desde la entidad.

Para luego añadir que la propuesta en cuestión “altera sutil aunque gravemente la definición de humedal, suprime otras definiciones estratégicas, eliminando principios, conceptos, objetivos de protección, funciones y deberes de la autoridad nacional de aplicación y conductas prohibidas y aniquila el inventario nacional de humedales, entre otros arbitrarios retrocesos”.

AADEAA detalló que el texto respaldado por las asambleas y los colectivos “fue ingresado el 2 de marzo” de este año pero que, desde ese momento hasta estos días, “no le ha asignado los giros a las comisiones correspondientes dejando el proyecto en un limbo que no permite tratamiento alguno”.

Por su parte, la Multisectorial de Humedales Rosario usó el término “desguace” para referirse a la propuesta de COFEMA. 

“Se trata de un texto completamente vaciado de valor y de contenido, que lejos está de proteger los humedales. No es más que una estafa al pueblo y una burla a quienes dedicamos tiempo y energías a perseguir un real ejercicio de la democracia. Fue modificado para convertirlo en uno funcional a los lobbys que presionan para que los intereses económicos prevalezcan por sobre la protección de la vida”, se expuso desde la organización.

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Cabandié y Equinor

Esta semana, el ministro de Ambiente también cosechó críticas luego de la dependencia que lidera aprobara la ampliación del estudio de impacto ambiental para la explotación de hidrocarburos frente a Mar del Plata. 

“En sólo 2 meses, el ministerio al frente de Juan Cabandié ‘dibujó’ un estudio de impacto ambiental acumulativo y sinérgico para cumplir con uno de los requisitos que le impuso la justicia”, indicaron desde la asamblea Mar Sin Petrolera.

Greenpeace Argentina también se pronunció al respecto. “Esta presentación por parte de @AmbienteNacion tiene graves falencias que la vician de inconstitucionalidad, con lo cual debería ser anulada. Representa un atropello sobre nuestros derechos y sobre nuestro patrimonio natural, el Mar Argentino”, señaló la organización.

Para luego remarcar: “Además, no cumple con los preceptos del Acuerdo de Escazú: participación pública, transparencia y acceso a la información por parte de la ciudadanía”.