Crisis sanitaria en Mendoza: derrame cloacal contamina cultivos y pone en riesgo la salud pública

Olores intensos, sustancias contaminantes y un diagnóstico preocupante: la zona enfrenta un serio riesgo para la salud pública. Un derrame de líquidos cloacales en un canal que bordea el Gran Mendoza provocó un fuerte impacto ambiental, comprometiendo tanto a quienes viven en las cercanías como a quienes podrían consumir verduras crudas irrigadas con esa agua contaminada.

Según el informe oficial del Departamento General de Irrigación (DGI), casi 500 hectáreas de cultivos están afectadas por bacterias peligrosas como Escherichia coli, por lo que se deberá restringir el acceso a esos productos. Las mediciones revelan que los niveles de contaminación del agua exceden ampliamente los límites permitidos.

Derrame cloacal contamina cultivos en Mendoza

Las áreas más comprometidas se encuentran en torno al canal Pescara, abarcando varios departamentos. El estudio detalla que “el agua utilizada para riego en estas zonas presenta niveles bacteriológicos elevados, en especial en el Canal Colonia y el Auxiliar Tulumaya”.

La situación se agravó luego de que el organismo autorizara a la empresa Aguas Mendocinas (AYSAM) a verter líquidos cloacales directamente en el canal, como medida de emergencia ante los desbordes provocados por la crisis de infraestructura. Sin embargo, el impacto ambiental se salió de control y los niveles de bacterias se dispararon.

Los más afectados son los vecinos de la zona, que hasta ahora no recibieron respuestas claras ni medidas concretas. No obstante, los datos oficiales confirman el riesgo. “El relevamiento técnico realizado por personal del DGI demuestra que más de 490 hectáreas de cultivos se encuentran comprometidas. Además, se trata de especies prohibidas según la Resolución N° 400/03, destinadas al consumo directo”, advierte el informe.

Actualmente, se están descargando 300 litros por segundo de líquidos cloacales sin tratamiento en el canal Pescara, una situación que tiene consecuencias directas sobre zonas de cultivo en el Gran Mendoza. Esta descarga masiva proviene de un colapso en la red cloacal de Corralitos, lo que llevó a Aguas Mendocinas (AYSAM) a solicitar una autorización excepcional para verter los efluentes al canal. Lo que inicialmente iba a ser una medida temporal, se extendió en el tiempo, convirtiéndose en un claro reflejo de la crisis sanitaria que atraviesa la provincia.

En las áreas afectadas se cultivan verduras de consumo directo, las cuales no están autorizadas para ser regadas con agua proveniente de efluentes cloacales, mucho menos sin tratamiento previo. Esta práctica viola las normativas del sistema ACRES, que regula el uso de aguas tratadas para riego agrícola.

La responsabilidad directa de esta contaminación recae sobre Aguas Mendocinas, aunque hasta el momento no se le aplicó sanciones económicas. En cambio, se solicitó que la empresa indemnice a los productores afectados y adopte medidas urgentes para impedir que los alimentos cultivados en esas tierras lleguen al mercado. El Departamento General de Irrigación (DGI) señaló en su informe:

“Debe intimarse al generador de efluentes, responsable directo de la situación, a asumir la responsabilidad correspondiente, indemnizar a los propietarios perjudicados y garantizar la no comercialización de los productos contaminados”.

El relevamiento técnico encabezado por el DGI, y documentado por el técnico Fernando Santos, confirma la contaminación de más de 490 hectáreas cultivadas con especies no permitidas según la Resolución N.º 400/03. Se trata, además, de productos que están destinados al consumo humano sin procesamiento previo.

AYSAM había solicitado originalmente una autorización de 45 días para el vertido, pero al no resolverse el problema estructural de fondo, pidió una prórroga que le fue concedida por Irrigación, aunque con condiciones. Entre ellas, se incluyó el reconocimiento formal de los daños colaterales derivados del impacto ambiental. El propio organismo de control advirtió sobre posibles consecuencias legales:

“Es imperioso preservar la responsabilidad institucional del organismo y prevenir eventuales reclamos o afectaciones a la salud pública”.

El impacto, sin embargo, no se limita a zonas rurales. También se detectaron afectaciones en áreas urbanas, como en la intersección de Severo del Castillo y 2 de mayo, donde el colapso de las colectoras provocó desbordes que afectan a una zona densamente poblada. El DGI advierte que el derrame de aguas negras en la vía pública constituye un riesgo grave para la salud.

Pese a haber autorizado temporalmente el vertido, el propio Departamento de Irrigación reconoce que la descarga de líquidos cloacales en canales no es una medida legal:

“No es legal -ni razonable- realizar vertidos cloacales en los cauces, ni siquiera en el canal Pescara, que es un curso de agua de usos múltiples y clave en el sistema hidráulico del Gran Mendoza”.

Corralitos, una de las zonas más afectadas por el colapso cloacal

Corralitos se convirtó en uno de los focos más críticos de la crisis sanitaria que atraviesa el Gran Mendoza. Según un informe del Departamento General de Irrigación, el colapso de una colectora cloacal en esa área provocó un derrame masivo de líquidos sin tratar en una zona densamente poblada, generando un fuerte impacto ambiental y sanitario.

“El derrame expone a los habitantes a olores nauseabundos y al riesgo de contraer enfermedades, con consecuencias actuales y potenciales sobre la salud y la calidad de vida”, advierte el informe.

La colectora colapsada transporta los desechos cloacales de más de 600 mil personas de los departamentos de Luján de Cuyo, Maipú, Guaymallén y Godoy Cruz. Pese a la gravedad de la situación, Irrigación autorizó una nueva prórroga por 30 días para que la empresa Aguas Mendocinas (AYSAM) continúe descargando efluentes en el canal Pescara, aunque con condiciones estrictas.

El permiso, aclara el organismo, no exime a AYSAM de sus responsabilidades legales ante Irrigación ni frente a terceros. “El titular deberá asumir cualquier consecuencia derivada del vertido, incluyendo reclamos vinculados a daños sanitarios o ambientales”, establece la resolución.

Uno de los puntos clave en esta prórroga es que la empresa deberá garantizar que los productos agrícolas contaminados no lleguen al mercado, dada la evidencia de afectación en cultivos regados con aguas contaminadas.

Actualmente, se siguen volcando 300 litros por segundo de líquidos cloacales sin tratamiento al canal. Irrigación exige que ese volumen se reduzca progresivamente y reitera la prohibición absoluta de cualquier tipo de descarga directa o indirecta, como pérdidas hacia la vía pública o cursos superficiales, sin la debida autorización. Estas acciones, señala el organismo, son sancionables de forma inmediata según la normativa vigente. A pesar de todas las irregularidades constatadas y del grave daño ambiental, la empresa estatal no recibió hasta el momento ninguna multa.