El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que desde 1957 cumple con un rol importante en la verificación de la producción de bienes, se encuentra en la cuerda floja. El objetivo de la medida firmada por Federico Sturzenegger es “optimizar recursos públicos, evitar distorsiones en el mercado y concentrar capacidades en áreas estratégicas para el desarrollo productivo”, según la publicación del ministerio, formalizado por la resolución 42/2026. Pero los trabajadores del INTI, a través de una conferencia de prensa multisectorial que brindaron el 21 de abril en el ingreso al predio de la localidad de San Martín, denunciaron que de avanzar con la “reorganización”, dejarían de garantizarse certificaciones y calidad de productos manufacturados. En el foco aparecen desde alimentos, juguetes, neumáticos, preservativos y ascensores, hasta la compatibilidad electromagnética en el equipamiento médico.
Ya en 2025 los trabajadores habían tenido una advertencia cuando por el decreto 462 se anunció que el INTI sería una oficina, una unidad organizativa que pasaría a formar parte de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Con movilización, asambleas, y trabajo intensivo de comunicación, el 21 de agosto de ese mismo año, el Senado votó la derogación definitiva del decreto. Así lo recuerda el ingeniero electrónico Claudio Escobar:
—»Tuvimos el apoyo de casi todo el arco político, excepto la Libertad Avanza y el PRO que se opusieron. Pero el resto de los diputados senadores tomaban conciencia del riesgo que significaba que el INTI desapareciera. Ahora estamos en esta disolución porque nos van sacando capacidades día a día».
Escobar es ingeniero electrónico y trabaja en el centro de electrónica informática desde el año 1992. “Entré becado por la UTN y atravesé en el instituto todos los gobiernos neoliberales pasando por el menemato, Macri, y ahora este. Todos con las mismas políticas, tratando de destruir el instituto”, comenta.
El integrante del INTI destaca el rol de fomento a la industria, a la pequeña y mediana empresa que cumple el instituto, sobre todo en el desarrollo científico, tecnológico e industrial de la Nación. Su crítica va hacia quienes ven su función-y de otros organismos del Estado-, como unidades de negocio que deben dar ganancias, en lugar de tener un rol social.
Crónica de un vaciamiento
Durante el gobierno libertario, las tareas de Claudio Escobar disminuyeron. El ambiente cambió, el INTI se militarizó y se hizo habitual ver gendarmes patrullando en las calles del enorme predio, con camionetas en la puerta.
—»Lo que hicieron fue tomarnos el tiempo, nos vienen sacando capacidades de a pedacitos. Primero nos sacaron el SAC, que es el Servicio Argentino de Calibración. El espacio donde todas las empresas venían a calibrar sus instrumentos. De un día para el otro dijeron, «Bueno, esto el INTI no lo hace más», responde.
La denuncia de los empleados del área es que al disolver el SAC, su mercado quedó en manos de una empresa “de dudosa calidad y conocimiento» llamada Lenor, vinculada con el ministro Luis Caputo. Luego realizaron la migración de la certificación de metrología legal, de los instrumentos de medida como balanzas, medidores de electricidad, medidores de caudal, surtidores de nafta, alcoholímetros y cinemómetros.
—»Eso representaba el 52% de la facturación del instituto, porque acá no solamente había verificadores que iban al campo a ver si lo que decía en el display de un surtidor era correcto. Además los laboratorios nuestros verificaban todo lo que es el software de sus equipos, la inmunidad electromagnética», dice Escobar.
Según explica el ingeniero, los campos magnéticos que nos rodean pueden afectar a las memorias que registran las operaciones comerciales, incluso pueden borrarse. La medición de los surtidores se eliminó, por lo tanto, dejaría de haber un organismo imparcial que garantice la fiabilidad de los números. Si lo hace Lenor, además, el costo operativo es mucho mayor por cada surtidor. Una situación parecida sucede con la certificación del medidor de electricidad que marca el consumo en los hogares.
La acusación es respaldada por miembros del INTI, quienes vivieron en los últimos meses la intimidación de autoridades para ser filmados y que les entregaran por escrito el “know-how” y la experiencia de años de trabajo con el objetivo de transferirlo a los laboratorios privados.
—»En muchos casos se negaron, pero ahora está ocurriendo otra cosa. Que estos mismos laboratorios están llamando a profesionales y técnicos de INTI para ver si pueden hacer por izquierda los ensayos, facturando de manera independiente. Claramente ellos no tienen la capacidad, lo cual los pone en una situación muy complicada, porque nosotros firmamos en el INTI un contrato de confidencialidad, que no podemos hacer los ensayos para una empresa o un laboratorio privado. Y eso nos expone a un sumario administrativo y que nos echen del INTI sin indemnización», explica.
Escobar explica la importancia de contar con una cámara semianecoica, que controla la radiación electromagnética. El INTI se encargaba de medir la compatibilidad electromagnética de, por ejemplo, los celulares para que no interfieran con otros equipos, como una computadora o un televisor “smart”. Tampoco con equipos médicos para electroencefalogramas, electrocardiogramas, tomógrafos computados, o resonadores magnéticos. Incluso con un holter o marcapasos, básicos para problemas cardiológicos.
Certificado de defunción
La delegada Giselle Santana, integrante del departamento de Calidad en las Mediciones, declaró a la prensa que las estimaciones hablan de mil cuatrocientas personas que despedirían en todo el país. De los tres mil originales, y con sueldos congelados, cerca de seiscientos ya fueron despedidos o aceptaron el retiro voluntario. Aun así, la conducción libertaria del INTI, con el presidente Miguel Ángel Romero a la cabeza, no está de acuerdo con firmar los despidos.
Desde ATE Nacional, la secretaria adjunta Mercedes Cabezas afirma que no hay ningún diálogo con el Ministerio de Desregulación.
—»Un ministerio que crearon para destruir los demás ministerios. Sturzenegger intenta reducir cada vez más el Estado, yo creo que en un profundo desconocimiento de lo que es, porque incluso pone en riesgo la economía del país no pudiendo garantizar lo que debiera garantizar en términos regulatorios, por lo tanto hoy el Estado está al límite de su capacidad operativa», comenta.
El reclamo es sobre la concepción misma del Estado que -asegura Cabezas- no debiera sostenerse desde la lógica del mercado, sino en el cuidado de la vida. “Y muchas veces detrás de una política pública que no funciona, se ponen en riesgo vidas humanas”.
El empresario Leo Bilanski, quien pasó por la presidencia de la Asociación de Empresarios Nacionales, afirma que el INTI ofrece servicios tecnológicos para un conglomerado importante de empresas que no pueden afrontar análisis técnicos y de laboratorios privados o en el extranjero, que estén certificados por normas aceptadas por la legislación vigente en Argentina a un costo razonable. Por lo tanto, la desactivación de estos servicios significa la privatización de las normas en la Argentina. “Son organismos privados los que van a determinar si un producto cumple determinada característica”.
Por otra parte, considera que la excusa de la burocracia institucional es usada por Sturzenegger para dislocar los sistemas, -de conocimiento, innovación, tecnología y desarrollo- para que no haya en la Argentina la capacidad a futuro de pensar cuáles son los ejes estratégicos de la industria, y llevarlos a cabo. Además, denuncia que no hubiera sido posible este avance de los gobiernos neoliberales sin el apoyo de la Unión Industrial Argentina (UIA).
—«Fue ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina) quien activó el plan de reconversión del INTI y eso fue la génesis para el avance concreto de hoy de Sturzenegger de despedir trabajadores y achicar las capacidades tecnológicas hasta reducir al organismo a su mínima expresión», dice.
La falta de demanda de servicios va en concordancia con el cierre de alrededor de 25 mil PyMES. Lo ocurrido -advierte el ingeniero Escobar- puede significar el certificado de defunción del INTI si los trabajadores no dan batalla para defender al instituto y sus puestos de trabajo.
—»Nos están llevando a una situación que es bastante compleja porque dejan a la población en un estado indefensión y la gente ahora no se da cuenta porque no cobra dimisión del rol que cumple el instituto en su vida cotidiana.
Los productos nacionales que no encuentren laboratorios de análisis, o no puedan pagar sus costos, se verán imposibilitados de comercializar el producto, o lo harán sin ningún tipo de control, como lo hacen ahora los importados. Mientras tanto, empresas y asociaciones de consumidores estarían en condiciones de presentar cautelares, tanto para resguardar los ensayos que garanticen que se puedan comercializar sus productos, como para proteger la salud de usuarios y consumidores«, concluye.