En medio de la crisis energética, la propuesta oficialista busca reemplazar la Ley 27191, vigente desde 2015 y que vence a fin de 2025, con el objetivo de transformar el panorama de las energías renovables en el país.
Se trata de la ley sancionada a finales del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y reglamentada en 2015 bajo la gestión de Mauricio Macri, que vence este año.
Desde el sector, se esperaba la propuesta del oficialismo para discutir su continuidad.
Según fuentes oficiales, la propuesta que contaría con el respaldo de la Secretaría de Energía, que encabeza María Tettamanti y con el consenso de la industria de energías renovables.
Entre otras cuestiones, la iniciativa mantiene la obligación de que los grandes consumidores de energía aseguren al menos un 20% de su consumo a partir de fuentes renovables.
Sin embargo, elimina la intervención estatal como intermediario en las transacciones y deja sin efecto los precios máximos fijados para la energía renovable, actualmente superados por el mercado.
El proyecto busca reducir la participación del Estado en el sector eléctrico, favoreciendo contratos privados entre generadores y usuarios, que podrían formalizarse antes de fin de año.
Además, prorroga la estabilidad impositiva, eximiendo a la generación y uso de energías renovables de tributos, cánones o regalías hasta 2045. El proyecto fue impulsado por el diputado del PRO, Martín Maquieyra, vicepresidente de la comisión de Energía de la cámara baja, y que es lleva además la firma de la libertaria Lorena Villaverde, presidenta de esa comisión y de otros legisladores del oficialismo y aliados.
La iniciativa propone extender los incentivos fiscales para el sector hasta el 31 de diciembre de 2045 y eliminar la intermediación estatal en la compra de energía, entre otras cuestiones.
Según precisó Maquieyra a Economía Sustentable “la intención es debatirlo en comisión en las próximas semanas y ver su luego de la elección hay una sesión de consenso para tratar este tema e Hidrógeno”.
“La naturaleza de este tipo de iniciativas -caracterizadas por requerir una alta inversión inicial y recuperación de largo plazo- exige condiciones estables que no alteren la ecuación económica-financiera que los sustenta”, sostuvo el diputado del PRO.
Para Maquieyra, “la prórroga de las exenciones y beneficios establecidos en la normativa vigente constituye una herramienta clave para consolidar una política energética de largo plazo, asegurar la previsibilidad del régimen e incentivar nuevas inversiones en el sector”.
En ese mismo sentido, Marcelo Alvarez, coordinador del Comité Solar Fotovoltaico y miembro de la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), celebró la iniciativa de una ley que complemente la ley 27191 que concluye a fin de este año.
Tras destacar la importancia de mantener la estabilidad fiscal, Alvarez puso de relieve la necesidad de que no haya nuevos tributos que modifiquen los contratos firmados y dijo que se trata de “una oportunidad para celebrar un modelo similar al RIGI para proyectos de menor escala o que en el tiempo se extienda más” como va a ocurrir con el hidrógeno.
“Renovables a tasa de interés razonable para la región, Argentina podría avanzar con renovables bajando precios, generando más empleo y por supuesto bajando las emisiones de carbono”, indicó Alvarez.
En ese sentido, se manifestaron también desde la Cámara de Generadores y la Cadena de Valor de Energías Renovables (CEA), que considera que la iniciativa de extender la Ley 27.191 por 20 años “fortalece la previsibilidad y la confianza necesarias para consolidar inversiones, atraer financiamiento y potenciar la transición energética”.
Héctor Ruiz Moreno, gerente de CEA, consideró que “la industria renovable no necesita subsidios ni beneficios fiscales adicionales. Lo que requiere es previsibilidad, un marco jurídico confiable y reglas claras para seguir invirtiendo con financiamiento de largo plazo. La estabilidad es, en sí misma, la mejor política de fomento”.
Para CEA, esta iniciativa es “un paso fundamental para garantizar la continuidad y el crecimiento del sector”, ya que permite “proteger las inversiones ya realizadas y dar viabilidad a nuevos proyectos de gran escala, en un contexto en el que el crecimiento económico del país indefectiblemente demandará mayor generación eléctrica”.
Se trata de un sector intensivo en capital que demanda horizontes de planificación de entre 15 y 20 años. Por eso, las cámaras coinciden que la continuidad de la Ley 27.191 es un instrumento clave para atraer capital nacional e internacional, consolidar los avances logrados en la última década y contribuir a una matriz energética más diversificada y competitiva.
¿Qué se busca con este proyecto?
La propuesta apunta a consolidar una política energética de largo plazo, con el objetivo de atraer inversiones, garantizar estabilidad y modernizar el mercado eléctrico nacional.
Entre los principales cambios que introduce el proyecto, se destaca la prórroga de la exención de tributos específicos, cánones y regalías para el acceso y uso de fuentes renovables de energía, beneficio que originalmente vencía a fines de 2025 y se propone mantener ese beneficio hasta 2045.
A través de la iniciativa se elimina además la obligación de que los grandes usuarios de energía adquieran renovables a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), permitiendo la contratación directa con generadores, comercializadores o distribuidoras, así como la autogeneración.
Se trata de un proyecto, en línea con la política de desregulación y apertura del Gobierno de Javier Milei, que busca fomentar la libre competencia y la eficiencia en el sector.
Los 4 puntos claves del proyecto de energías renvables
La iniciativa apunta a dejar sin efecto la posibilidad de que los Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista y las Grandes Demandas que sean Clientes de los Prestadores del Servicio Público de Distribución o de los Agentes Distribuidores, con demandas de potencia iguales o mayores a trescientos kilovatios (300 kW), adquieran energía proveniente de fuentes renovables directamente a CAMMESA.
Por otro lado, se propone promover la diversificación de la matriz de energías renovables para viabilizar el desarrollo de distintas tecnologías y la diversificación geográfica de los emprendimientos. Con esta adecuación, se busca aprovechar el potencial del país en la materia.
Otro de los cambios es la extensión del plazo -hasta el 31 de diciembre de 2045- en el transcurso del cual el acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía no estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalía, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, se prevé que ello no obstará a la percepción de canon o contraprestación equivalente por el uso de tierras fiscales en las que se instalen los emprendimientos.
Finalmente, se propone precisar el alcance de la renuncia establecida en el artículo 11 de la Ley N° 26.190, con el fin de reforzar la seguridad jurídica del régimen, reducir la litigiosidad y brindar mayor certidumbre a la relación jurídica entre los contribuyentes y el Estado nacional.
Para ello, se establece como condición para acceder al régimen promocional la renuncia a iniciar procedimientos judiciales, así como el desistimiento de las acciones ya iniciadas.
Antecedentes de las renovables
Desde la sanción de la Ley 25.019 en 1998, que declaró de interés nacional la generación eléctrica de origen eólico y solar, hasta la Ley 26.190 de 2006, que estableció metas concretas de participación renovable en la matriz energética, el país avanzó en la construcción de un marco legal orientado a fomentar fuentes limpias.
Años más tarde, la Ley 27.191, sancionada en 2015, fijó el objetivo de alcanzar un 20% de consumo eléctrico proveniente de renovables para 2025 y se instituyó un régimen de beneficios fiscales, estabilidad tributaria y promoción de inversiones.
A partir de 2016, se instalaron 6.500 megavatios (MW) de potencia renovable, lo que representa el 18% de la demanda eléctrica nacional. Las inversiones acumuladas superan los USD 7.500 millones, con otros USD 4.500 millones en proceso, contribuyendo a la reducción de importaciones de combustibles y a la generación de saldos exportables de gas.
En el período 2016-2019, en un contexto de normalización del sector eléctrico, se priorizó el incremento de la oferta de generación a través de incentivos a la inversión privada, en particular la destinada a aumentar la participación de energía de fuentes renovables.
Para ello, se utilizaron distintas iniciativas, entre las que se destacan las licitaciones centralizadas (Programa RenovAr), la renegociación de contratos del GENREN, y el establecimiento del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER).
De esa manera, durante 2019, la participación de fuentes renovables en el consumo eléctrico nacional alcanzó 6,1%, con muchos proyectos aún en construcción y con esta propuesta se estima que ese tipo de inversiones se incrementarán en los próximos años.