La disputa por los impactos ambientales y sanitarios asociados al modelo agrícola basado en agroquímicos sumó un nuevo capítulo. A casi un año y medio de presentada una queja formal contra Bayer AG ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organizaciones de la sociedad civil de cuatro países sudamericanos rechazaron la decisión del Punto Nacional de Contacto en Alemania (PNC) de promover una instancia de mediación que excluye los casos concretos de comunidades afectadas.
La denuncia fue presentada en abril de 2024 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto con organizaciones de Brasil, Paraguay y Bolivia, y responsabiliza a la multinacional por los impactos ambientales y sobre los derechos humanos vinculados a la agricultura industrial en la región.
Según las organizaciones, el PNC alemán aceptó abrir una mediación entre la empresa y la sociedad civil, pero dejó fuera de la discusión los cuatro casos específicos incluidos en la queja, que documentan presuntas afectaciones a la salud, al ambiente y a las condiciones de vida de comunidades rurales.
“La rendición de cuentas en la responsabilidad corporativa no debe ser una opción de las empresas, sino una obligación como parte del acceso a la justicia de las comunidades afectadas, y el Punto Nacional de Contacto alemán, que es parte de la OCDE, debe garantizar esto”, aseguró María José Venancio, abogada del equipo Tierra, vivienda y justicia económica del CELS.
La especialista fue más allá al cuestionar el alcance de la propuesta de mediación. “Sin las comunidades afectadas y la discusión sobre daños concretos no nos sentaremos a una mediación con Bayer para hablar sobre sus políticas. Sería una discusión abstracta mientras las comunidades de nuestros países siguen envenenándose y perdiendo sus tierras”, sostuvo.
Bayer y la denuncia por los impactos ambientales de los agroquímicos en Sudamérica
La queja presentada ante la OCDE reúne cuatro casos emblemáticos de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia que buscan demostrar los efectos negativos del modelo agrícola asociado al uso intensivo de agroquímicos en territorios donde Bayer comercializa sus productos.
Además del CELS, participan de la iniciativa Terra de Direitos (Brasil), BASE-IS (Paraguay), Fundación TIERRA (Bolivia), Misereor y el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), de Alemania.
Las organizaciones exigen que la compañía implemente cambios sostenibles en sus prácticas empresariales para garantizar el respeto de los derechos humanos y la protección ambiental en las comunidades impactadas por este modelo productivo.
El caso Pergamino y el reclamo por acceso a la justicia ambiental
Entre los antecedentes incluidos en la denuncia se encuentra el caso de Sabrina Ortiz, vecina del barrio Villa Alicia de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. Su familia residía junto a campos de soja y, según la presentación, comenzó a sufrir graves problemas de salud tras años de fumigaciones.
Los análisis realizados determinaron la presencia de glifosato y AMPA -el principal metabolito del glifosato- en muestras de orina de integrantes de la familia. Actualmente, el caso se encuentra judicializado y atraviesa la etapa de juicio oral, en la que se prevé la declaración de más de un centenar de testigos.
“La presentación de la queja ante la OCDE contra Bayer era una oportunidad para poder aplicar la responsabilidad no solamente a quienes aplican el producto sino también a quienes lo producen y comercializan. En este sentido los tiempos y condicionamientos que impusieron desde este mecanismo generan una gran frustración”, afirmó Ortiz.
Desde el CELS también cuestionaron que las pruebas incorporadas en la causa no hayan sido consideradas suficientes para evaluar la conducta empresarial dentro del procedimiento de la OCDE.
“Llama la atención que la prueba que sirvió para alcanzar un juicio penal, no sea tenida en cuenta a la hora de analizar la conducta de una empresa. Una denuncia ante la OCDE es un mecanismo que debería exigir estándares probatorios menores a los de un proceso penal. Sin embargo, el PNC alemán desestimó las pruebas presentadas y así negó el derecho de las comunidades a obtener algún tipo de reparación o acceso a la justicia vinculado a la responsabilidad corporativa”, expresaron.
Otro de los puntos cuestionados es la demora en la respuesta institucional. Según las organizaciones, el PNC alemán tardó 17 meses en pronunciarse sobre la presentación, pese a que las directrices de la OCDE establecen un plazo estimado de tres meses para esta etapa.
“El PNC parece desconocer que la dilación de los tiempos siempre juega en contra de la parte más débil de un reclamo, en este caso, las comunidades afectadas y las organizaciones que presentamos la demanda”, señalaron.
Finalmente, las entidades denunciantes manifestaron su malestar por el resultado del proceso. “No podemos dejar de remarcar nuestra desilusión ante el modo en que el PNC alemán procesó nuestra demanda. No sólo no proporcionó una instancia para promover la rendición de cuentas por parte de las empresas, sino que bloqueó un análisis real de las pruebas y así excluyó del mecanismo a quienes padecen día a día los efectos de los agroquímicos en su salud y en sus lugares de vida”, concluyeron.