Chubut aprobó una ley que promueve data centers y abre un debate ambiental

Vista aérea de un centro de datos de gran escala en construcción rodeado de grúas, equipos de climatización y maquinaria pesada en un entorno urbano. Crédito: Shutterstock

En sintonía con la búsqueda del Gobierno nacional de ofrecer incentivos para atraer inversiones extranjeras a la Argentina, la Legislatura de Chubut aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley que promueve a las empresas de base tecnológica, contempla el desarrollo de data centers e incluye a la “minería sustentable” entre las cadenas productivas que busca fortalecer.

Se trata del Proyecto de Ley 084/2026, presentado por la diputada María Andrea Aguilera, de Despierta Chubut. La iniciativa crea un Régimen Provincial de Fomento de Emprendimientos, Empresas, Cooperativas y Consorcios de Base Tecnológica y de la Economía del Conocimiento.

Aunque su objetivo central es promover la innovación, el desarrollo tecnológico y la generación de empleo calificado, dos aspectos del texto original concentran la atención desde una perspectiva ambiental: la inclusión de la minería sustentable entre las actividades que busca fortalecer y la promoción de infraestructura para centros de datos.

Al fundamentar el proyecto, la diputada María Andrea Aguilera explicó que la iniciativa busca transformar el conocimiento científico y tecnológico en oportunidades concretas de desarrollo, fortaleciendo las actividades productivas existentes y promoviendo nuevos emprendimientos.

“No alcanza con tener profesionales si no tienen dónde desarrollarse. No alcanza con tener investigadores si sus conocimientos no encuentran posibilidades ciertas y concretas de aplicación”, agregó en un comunicado oficial de la Legislatura de Chubut.

Y sumó Aguilera en su cuenta de X: “Queremos potenciar una industria del conocimiento con identidad patagónica, que incorpore innovación a nuestras actividades productivas, agregue valor y abra nuevas oportunidades en cada región de la provincia”.

Qué beneficios contempla el régimen de Chubut

La iniciativa establece instrumentos de asistencia técnica, capacitación, financiamiento y promoción para emprendimientos y empresas de base tecnológica. Entre las herramientas previstas figuran aportes no reembolsables, beneficios fiscales, líneas de crédito con tasas subsidiadas y programas de apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación.

También crea el Fondo de Fomento Tecnológico (FONTECH), que podrá financiar programas y proyectos vinculados con los objetivos de la ley. Entre sus fuentes de recursos se contemplan partidas presupuestarias provinciales, convenios, donaciones y otros aportes.

Crédito: @AguileraMAndrea

Otro punto relevante es el régimen especial de radicación. El proyecto contempla la posibilidad de que las empresas beneficiarias soliciten la cesión, el uso o la venta de tierras fiscales para instalar o ampliar sus actividades. En el texto original, el artículo 28 establece una permanencia mínima de diez años y prioriza determinadas regiones, entre ellas la Meseta Central.

La amplitud de estos instrumentos es uno de los aspectos que vuelve relevante la discusión sobre qué actividades podrán acceder a los beneficios y bajo qué condiciones. Recordemos que hace poco se reveló que un data center de Google puede generar un alto consumo energético en centros de datos, equivalente a más de 200 mil hogares.

Qué papel tiene la minería dentro de la economía del conocimiento

Las observaciones ambientales no se limitan a la mención expresa de la minería sustentable. El proyecto también toma como referencia la Ley nacional 27.506 de Promoción de la Economía del Conocimiento, que establece las actividades comprendidas en ese régimen.

En un análisis publicado tras la aprobación de la norma, el Observatorio Petrolero Sur (OPSur) advirtió que dentro de ese universo se encuentran los servicios geológicos y de prospección. La organización señaló que esa definición podría permitir que actividades vinculadas con las etapas previas de la minería accedan a instrumentos de promoción.

La preocupación tiene un antecedente territorial y político. Chubut protagonizó en diciembre de 2021 el llamado Chubutazo, una movilización social masiva que consiguió la derogación de la ley de zonificación minera aprobada por la Legislatura. La discusión sobre la actividad extractiva continúa atravesada por el rechazo de sectores de la población a la megaminería.

De todos modos, la incorporación de estas actividades al régimen de fomento no equivale a habilitar explotaciones. La ley no reemplaza los permisos ambientales ni autoriza por sí misma proyectos que estén prohibidos por la normativa provincial vigente.

Qué controles ambientales establece

El texto original incorpora criterios generales de sustentabilidad ambiental para evaluar la asignación de beneficios. El artículo 26 incluye entre ellos la mitigación de impactos, el uso eficiente de los recursos, la economía circular y el desarrollo de tecnologías limpias.

También establece, en el artículo 18, que quienes soliciten los beneficios deberán acreditar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales ante los organismos competentes.

Sin embargo, el proyecto no desarrolla una definición específica de qué se considera “minería sustentable” ni establece parámetros propios para evaluar los impactos de esa actividad. Por eso, uno de los interrogantes centrales es cómo se aplicarán esos criterios generales cuando se trate de iniciativas vinculadas con la prospección o los servicios geológicos.

EconoSus: Equipo de redacción de Economía Sustentable. Brindamos información sobre empresas y gobiernos responsables en mejorar la calidad de vida y favorecer el desarrollo social sustentable.