La Justicia dejó avanzar el megaproyecto de GNL de YPF pese a las objeciones ambientales

La Justicia federal habilitó la continuidad de las obras de infraestructura para la exportación de gas natural licuado (GNL) que YPF desarrolla en el Golfo San Matías, en Río Negro. El Juzgado Federal de Viedma rechazó un pedido de organizaciones ambientalistas que buscaban suspender los trabajos por los riesgos que el megaproyecto podría representar para los ecosistemas marinos y las especies que habitan la región.

La acción preventiva había sido presentada por la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) contra Southern Energy S.A., el consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

La Justicia Federal de Viedma rechazó el pedido de organizaciones ambientalistas para frenar las obras de exportación de GNL de YPF en el Golfo San Matías

Las entidades solicitaron detener los movimientos de suelo, las modificaciones en el sector costero, las obras marítimas, la instalación de obradores y el acopio de combustibles hasta que se realizara una nueva Evaluación de Impacto Ambiental que contemplara la totalidad del proyecto.

Sin embargo, el juez federal subrogante Hugo Horacio Greca desestimó la medida cautelar al considerar que no se habían acreditado el peligro en la demora ni la verosimilitud en el derecho. En su resolución, también advirtió sobre las consecuencias económicas e institucionales que tendría una interrupción de los trabajos en esta etapa.

El magistrado sostuvo que la iniciativa representa “la mayor inversión privada de la historia argentina” y señaló que una paralización afectaría los compromisos asumidos por los inversores en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), los acuerdos entre la provincia de Río Negro y YPF y las autorizaciones de exportación otorgadas por el Ministerio de Economía.

El fallo, no obstante, no resuelve definitivamente los cuestionamientos ambientales planteados por las organizaciones, sino que rechaza la suspensión preventiva solicitada mientras continúa la discusión judicial.

El proyecto de GNL en Río Negro y las obras para exportar gas de Vaca Muerta

El plan de Southern Energy busca trasladar gas natural desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro, procesarlo mediante unidades flotantes de licuefacción y exportarlo en buques metaneros. La iniciativa contempla tres etapas de desarrollo y una infraestructura que incluye gasoductos terrestres y submarinos, plantas compresoras y terminales marítimas.

La primera fase prevé instalar la unidad flotante Hilli Episeyo a unos 4,5 kilómetros de la costa del Golfo San Matías. Para abastecerla, se construirá un ducto terrestre de 14 kilómetros y otro submarino de cinco kilómetros, además de una planta compresora con capacidad para transportar 12 millones de metros cúbicos estándar de gas por día.

La segunda etapa contempla la incorporación de una nueva unidad de licuefacción, denominada Esperanza, que se ubicará también a 4,5 kilómetros de la costa. Su funcionamiento requerirá nuevas conexiones submarinas, la ampliación de la planta compresora y la construcción de un gasoducto de aproximadamente 470 kilómetros entre Tratayén, en Neuquén, y San Antonio, en Río Negro.

Las entidades advierten sobre posibles impactos en la fauna marina, las emisiones de metano y los ecosistemas costeros

La tercera fase contempla sumar otras dos unidades flotantes de licuefacción, lo que implicaría ampliar la capacidad de transporte, las instalaciones de atraque y la infraestructura logística asociada.

La dimensión económica del emprendimiento fue uno de los argumentos centrales del fallo. El juez señaló que las empresas ya realizaron operaciones logísticas internacionales y asumieron compromisos financieros para avanzar con las obras. Entre ellas mencionó el traslado del Hilli Episeyo desde Camerún hasta Singapur para su acondicionamiento y la llegada al puerto de San Antonio Oeste del buque Vigor, con 3.487 caños destinados al proyecto.

El avance de esta infraestructura se inscribe en la estrategia argentina de ampliar sus exportaciones de hidrocarburos y generar ingresos a partir de los recursos de Vaca Muerta. Sin embargo, la escala de la inversión y las expectativas de divisas no eliminan la necesidad de evaluar sus consecuencias ambientales.

Las advertencias ambientales por el impacto del GNL sobre la fauna marina

Las organizaciones ambientalistas sostienen que el desarrollo de las instalaciones y el tránsito de buques metaneros podrían afectar un ecosistema de alto valor ecológico en el Atlántico Sur. Entre las especies potencialmente amenazadas mencionaron a la ballena franca austral, los elefantes marinos, los lobos marinos de un pelo, los pingüinos de Magallanes, las orcas y distintas especies de delfines, aves playeras, tiburones y rayas.

La preocupación también alcanza al fondo marino y a las consecuencias de las operaciones industriales sobre el ambiente costero. En su presentación judicial, las entidades cuestionaron la falta de estudios suficientes sobre la huella de carbono, las emisiones de metano y el impacto sobre los recursos hídricos.

Uno de los puntos sensibles es la cercanía del emprendimiento con áreas de relevancia para la conservación de la biodiversidad. La región del Golfo San Matías forma parte de un corredor ecológico que se extiende hacia Chubut y se vincula con ambientes de importancia internacional, entre ellos el área de Península Valdés, declarada Patrimonio de la Humanidad.

Frente a estos planteos, Greca consideró que la llegada de los caños a la costa no demostraba por sí misma la existencia de un daño ambiental inminente. También cuestionó que las organizaciones no hubieran incorporado al expediente las resoluciones provinciales 247/25 y 322/25, mediante las cuales se aprobaron los estudios de impacto ambiental correspondientes a las obras terrestres y marítimas.

El magistrado entendió que las entidades se limitaron a cuestionar los criterios técnicos utilizados por las autoridades ambientales de Río Negro, sin aportar elementos suficientes para justificar la suspensión inmediata de los trabajos.

La resolución también hizo referencia a los perjuicios que una interrupción podría generar sobre los compromisos asumidos por las empresas y el Estado. Según el juez, una medida de esa naturaleza “vulneraría el marco de seguridad jurídica del RIGI y comprometería la estrategia de exportación energética de la Argentina”.

Además, el fallo cuestionó el planteo procesal de las asociaciones ambientalistas. Greca consideró que sumar una medida cautelar con el mismo objetivo que la acción preventiva podía funcionar como una “sentencia anticipada”, sin que previamente se hubiera escuchado a la contraparte.

Por último, el juzgado intimó a la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas para que, en un plazo de cinco días, explicara por qué no había informado sobre la existencia de otro expediente relacionado con la inconstitucionalidad de la ley provincial que habilitó las obras, actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Iván Mónaco: Periodista