Organizaciones ambientales de la localidad bonaerense de Campana denunciaron nuevos movimientos vinculados con el megaproyecto inmobiliario Bahías del Paraná y advirtieron que la desarrolladora pretende construir un camino de acceso dentro del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.
También cuestionan los canales, rellenos y movimientos de suelo realizados en el predio, lindero al área protegida.
Qué es Bahías del Paraná
El emprendimiento de Brenna Desarrollistas se proyecta sobre unas 287 hectáreas junto al río Paraná de las Palmas y el Canal Santa María. La propuesta incluye chacras náuticas, canales internos, caminos y lotes con salida al agua.
El principal conflicto se concentra en el acceso terrestre: según Vecinos del Humedal y la Asamblea Socioambiental de Campana, el trazado debería atravesar unos cinco kilómetros del parque para conectar el proyecto con la autopista Panamericana.
Las organizaciones aseguran que recientemente detectaron personas realizando demarcaciones para el futuro camino y que guardaparques intervinieron para retirarlas. Hasta el momento, sostienen, no se conoció públicamente una autorización de la Administración de Parques Nacionales para ejecutar esa obra.
Un proyecto junto a un humedal protegido
El Parque Nacional Ciervo de los Pantanos conserva unas 2.500 hectáreas de las ecorregiones Delta e Islas del Paraná, Pampa y Espinal. El área protege humedales de importancia internacional y es refugio del ciervo de los pantanos, el mayor cérvido de Sudamérica, además de numerosas especies de aves acuáticas.
El parque fue creado en 2018 sobre parte del territorio que anteriormente integraba la Reserva Natural Otamendi y cuenta también con reconocimiento como Sitio Ramsar y Área de Importancia para la Conservación de las Aves.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación entre las organizaciones es que el camino proyectado afectaría, según denuncian, un sector de reserva estricta, donde las intervenciones están especialmente limitadas.
La empresa, por su parte, sostiene que cuenta con antecedentes judiciales que permitirían avanzar con el acceso. Las organizaciones cuestionan que esas decisiones puedan aplicarse frente al régimen de protección vigente establecido por la Ley de Parques Nacionales.
La controversia también alcanza las obras realizadas dentro del predio. La propia desarrolladora difundió imágenes de maquinaria pesada, apertura de canales, bombeo, construcción de caminos internos y trabajos para elevar el terreno.
Según Bahías del Paraná, esas tareas forman parte de la infraestructura hidráulica necesaria para adaptar el proyecto al régimen del agua y garantizar la navegabilidad. La empresa afirma que el diseño preserva las funciones del humedal, incorpora corredores verdes y cuenta con un vivero de especies autóctonas.
Las organizaciones ambientales tienen una mirada diferente. Advierten que la apertura de canales, el drenaje y los rellenos pueden alterar la dinámica natural del humedal, reducir su capacidad para absorber excedentes hídricos y afectar la biodiversidad.
El proyecto también queda atravesado por la normativa municipal. En Campana, la Ordenanza 6660/17 establece restricciones para urbanizar sectores vinculados con el río Luján y el Delta del Paraná y para realizar movimientos de suelo, rellenos o endicamientos que modifiquen esos ambientes.
Denuncias de los vecinos en la Justicia
El conflicto también llegó a la Justicia. En junio de 2025, Ambientalistas Autoconvocados presentó una denuncia penal contra Brenna Desarrollistas y funcionarios del Municipio de Campana por presuntos delitos de daño agravado, usurpación de espacio público y aguas, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Una parte de la investigación quedó radicada ante la UFIJ N.º 1 de Campana. Los hechos vinculados con el posible daño ambiental y la presunta usurpación tramitan ante la Justicia Federal de Campana.
Las causas continúan en investigación y no existe hasta el momento una determinación judicial sobre responsabilidades.
Las organizaciones reclaman ahora que se suspenda cualquier intervención hasta que se conozcan los estudios y permisos correspondientes y que se garantice una instancia de participación accesible para la comunidad.