El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó el proyecto para renovar el Servicio Público de Higiene Urbana a partir de 2028, cuando finalicen los contratos actuales. La iniciativa modifica las zonas de recolección, incorpora sistemas de seguimiento en tiempo real y extiende el retiro puerta a puerta de residuos secos reciclables.
Pero el nuevo esquema ya enfrenta el rechazo de las cooperativas de cartoneros, que denuncian que los pliegos abren la posibilidad de que empresas privadas ingresen al servicio de reciclado que actualmente realizan 12 cooperativas.
El conflicto quedó expuesto durante una audiencia pública que reunió a más de 1.400 inscriptos para expresar sus opiniones sobre el proyecto. Al mismo tiempo, trabajadores de la recolección y del reciclado se movilizaron hasta la sede de la Comuna 1 para presentar un petitorio con sus reclamos.
Desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) advierten que el nuevo sistema podría reducir sus zonas de trabajo, no garantizar la continuidad de los 7 mil trabajadores y favorecer un modelo centrado en la disposición final de residuos en lugar de su recuperación.
“Reduce nuestras zonas de trabajo, no garantiza la exclusividad del servicio a las cooperativas, no asegura la continuidad de los 7 mil trabajadores y trabajadoras, y favorece a empresas privadas que entierran e incineran residuos en vez de reciclarlos”, señalaron desde la FACCyR.
Qué cambia en el sistema de recolección de residuos de CABA
El proyecto presentado por el Gobierno porteño contempla pasar de siete a ocho zonas de recolección. Actualmente, seis están gestionadas por empresas privadas y una, correspondiente a la Comuna 8, es operada directamente por el Ente de Higiene Urbana.
La nueva distribución mantiene el esquema de concesiones por zonas y permitiría que las empresas que actualmente prestan el servicio vuelvan a competir por los contratos del próximo período.
Otro de los cambios centrales será la incorporación de tecnología para controlar el trabajo de los recolectores. El sistema de telemetría permitirá monitorear recorridos mediante GPS, verificar frecuencias y detectar desvíos.
“La tecnología pasa a tener un rol transversal en este nuevo modelo; se incorpora una tecnología específica de telemetría y gestión para monitorear recorridos, verificar frecuencias y detectar desvíos”, explicó el secretario de Higiene, Matías Lanusse, durante la audiencia pública.
El Gobierno porteño también propone extender a toda la Ciudad el sistema de recolección puerta a puerta para los residuos secos reciclables. La modalidad implica retirar los recipientes desde el interior de los edificios y trasladar directamente su contenido al camión recolector.
Actualmente, este mecanismo funciona para todo tipo de residuos en Puerto Madero, mientras que la nueva propuesta lo extendería al resto de la Ciudad exclusivamente para materiales reciclables.
El cambio es especialmente sensible para las cooperativas porque el sistema actual de recuperación de residuos se encuentra vinculado con su trabajo y con un modelo de reciclado que incorpora a los cartoneros como parte del servicio público.
Cartoneros advierten por la privatización del reciclado en Buenos Aires
Las cooperativas sostienen que el proyecto mantiene una lógica que puede desplazar a los trabajadores que actualmente realizan la recuperación de materiales reciclables.
Sergio Sánchez, presidente de la FACCyR, sostuvo durante la movilización que “estamos peleando por un sistema que hace 20 años venimos cuidando” y que “somos cuidadores del medio ambiente y nos tienen que respetar como trabajadores”.
La discusión se apoya en la Ley 992 de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada en 2002, que incorporó formalmente a los recuperadores urbanos al sistema de recolección diferenciada y estableció las bases del denominado “servicio de reciclado con inclusión social”.
Para las cooperativas, ese esquema permitió integrar el trabajo de los cartoneros con la recuperación de residuos y reducir la cantidad de materiales que terminan en disposición final.
“La Ley 992 sigue vigente y un pliego no puede avanzar por encima de nuestros derechos”, señalaron desde la FACCyR.
El reclamo ambiental se suma así a una disputa laboral y económica. Mientras el Gobierno porteño presenta la reforma como una oportunidad para modernizar y hacer más eficiente la higiene urbana, los trabajadores cuestionan que la incorporación de empresas privadas pueda modificar un sistema que durante más de dos décadas vinculó el reciclado con la inclusión laboral.
La definición de los nuevos contratos será clave para determinar quiénes estarán a cargo de la recuperación de los residuos reciclables desde 2028 y qué lugar tendrán las cooperativas dentro del nuevo esquema.