Bosques: Argentina perdió casi 2 millones de hectáreas y busca reformar la ley para seguir arrasándolos
Más de 1.700.000 hectáreas de bosques se perdieron en el país entre 2016 y 2024, lo que equivale a 85 veces la Ciudad de Buenos Aires. En este marco se busca cambiar la Ley para desmontar zonas protegidas
Argentina es uno de los 10 países que más superficie boscosa perdió en el mundo y en lugar de protegerlos, busca reformar la Ley de Bosques para habilitar la «deforestación legal» en zonas que hasta el momento estaban «protegidas».
Entre 2016 y 2024, se perdieron más de de 1.700.000 hectáreas de bosques según el último monitoreo publicado en 2024 por la Secretaría de Turismo y Ambiente. Esto equivale a borrar del mapa a 85 ciudades del tamaño de Buenos Aires.

Lo alarmante no sólo es el volumen de la pérdida de bosques, sino su aceleración. El último año, la deforestación se disparó un 40 %, mientras los incendios arrasan regiones enteras en el Norte y el Sur del país y el Gobierno prepara cambios legales que podrían multiplicar la destrucción.
Así lo denunciaron organizaciones como FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) y Greenpeace, en comunicados difundidos el 21 de marzo, con motivo del Día Internacional de los Bosques.
Una ley que no se cumple y hoy pretenden cambiar
Pese al avance de la desforestación, contar con una Ley de Bosques (sancionada en 2007) permitió ordenar el territorio y reducir el ritmo de pérdida de masa forestal. Sin embargo, el desfinanciamiento sistemático de esta ley impidió su plena implementación y el control de su cumplimiento.

En este contexto, de por sí dramático, el gobierno encabezado por Javier Milei intenta modificar la Ley de Bosques para autorizar el desmonte en más de 30 millones de hectáreas que hoy están protegidas (categoría amarilla)
Desfinanciamiento
Según datos del Monitor Ambiental del Presupuesto de FARN, desde 2024 el presupuesto destinado al Fondo Nacional de Bosques Nativos (FNECBN) prácticamente no se ejecuta.
En 2024 no se ejecutó ni un solo peso, a pesar de que se habían asignado $10.027 millones. En 2025 la situación continuó: de los $7.673 millones vigentes, solo se ejecutaron $2.383 millones, es decir, casi un tercio del presupuesto disponible. En lo que va de 2026, de los $17.468 millones asignados hasta ahora se ejecutaron apenas $1.185 millones.

“Este año, los recursos asignados representan apenas el 0,0107% del presupuesto nacional, cuando la ley establece que debe recibir al menos el 0,3%. Es decir, 28 veces menos de lo que exige la propia norma”, señalaron desde la entidad.
Ana Parellada responsable de Biodiversidad de FARN, advirtió: “Resulta preocupante que circulen propuestas de reforma que debilitan la Ley de Bosques en lugar de fortalecerla. Una de las más graves propone eliminar la prohibición de desmontar en bosques clasificados en categoría II (amarillo). Esta categoría comprende más de 30 millones de hectáreas de bosques nativos y fue diseñada para permitir usos sostenibles, pero no desmontes. De aprobarse la modificación, estas áreas podrían quedar arrasadas”.
La importancia de los bosques nativos
Los bosques nativos son parte de los sistemas naturales que hacen posible la vida en la Tierra. Constituyen una infraestructura ecológica indispensable para la regulación hídrica, la estabilidad climática, la fertilidad de los suelos, la biodiversidad y la sostenibilidad de múltiples actividades productivas.
“Debilitar la Ley de Bosques no fortalece la producción ni el desarrollo. Al contrario, afecta la seguridad jurídica y la confianza, lo que puede cerrar mercados relevantes”, explica Parellada.

Recientemente la Argentina ratificó el Acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, el cual establece en su artículo 26.2.3 que “ninguna de las Partes deberá debilitar los niveles de protección otorgados en sus disposiciones legislativas y reglamentarias en materia medioambiental o laboral con la intención de fomentar el comercio o la inversión”.
“En un contexto de crisis climática y pérdida acelerada de biodiversidad, el desafío no es reducir los estándares de protección, sino garantizar la implementación plena de la ley vigente, dotándola de los recursos, las capacidades institucionales y los mecanismos de control necesarios”, sostuvo Parellada.















