Los derrames detectados en un yacimiento inactivo del área Aguaragüe volvieron a poner bajo la lupa una problemática que lleva décadas acumulando riesgos ambientales en el norte de Salta: los pozos petroleros abandonados sin cierre técnico definitivo.
La situación se registró en la zona de yungas de Campamento Vespucio, en General Mosconi, donde surgencias contaminantes provenientes de antiguos pozos hidrocarburíferos motivaron una intervención del diputado Nicolás Arce, quien tomó muestras de suelo para ser analizadas por el laboratorio Yaculab, en Tartagal.
El episodio reavivó la preocupación por los pasivos ambientales que dejaron años de explotación petrolera y privatizaciones sin controles efectivos. Según datos oficiales difundidos por el ministro de Producción, Ignacio Lupión, en la provincia existen cerca de 1.400 pozos petroleros y apenas medio centenar continúa en producción. El resto permanece sin abandono definitivo, incumpliendo las condiciones técnicas exigidas por la normativa vigente.
La situación no es nueva. Uno de los antecedentes más graves es el pozo LO-X10, en Lomas de Olmedo, que lleva casi tres años fuera de control con pérdidas que afectan suelos, acuíferos, flora, fauna silvestre y animales de cría.
Derrames petroleros en Salta: el impacto ambiental que sigue creciendo
El caso de Aguaragüe se suma a otros episodios críticos registrados en la provincia. Entre ellos figura el pozo MDT-14 de Puesto Guardián, donde en 2006 se produjeron violentas erupciones de hidrocarburos que demandaron seis años de trabajos para lograr el sellado definitivo.
La remediación terminó en 2012 y tuvo un costo cercano a los 30 millones de dólares, asumidos por YPF.
Detrás de estos pasivos aparece una larga cadena de operadores privados que se sucedieron desde la privatización del área en 1991. Empresas como EPP, Tripetrol y Netherfield administraron distintos yacimientos hasta que President Petroleum quedó como titular única en 2014. La firma terminó atravesando procesos de concurso y quiebra, mientras muchos de los pozos quedaron sin saneamiento adecuado.
Para especialistas y dirigentes locales, la falta de abandono técnico convierte a estos yacimientos en verdaderas “bombas ambientales” capaces de contaminar napas, cursos de agua y ecosistemas sensibles.
“Entendemos que estos pasivos ambientales no desaparecen solos. Necesitan monitoreo constante, abandono técnico adecuado y controles reales para evitar que los impactos sigan avanzando sobre el suelo, el agua y las comunidades”, sostuvo el diputado Nicolás Arce.
Pozos abandonados en Salta: entre la contaminación y la oportunidad laboral
Además del impacto ambiental, el legislador aseguró que la problemática refleja años de falta de control estatal, ausencia de planificación y escasa participación de técnicos locales en áreas estratégicas de energía.
Entre sus principales cuestionamientos, Arce remarcó que la Provincia “cobró regalías pero no controló ni relevó a las empresas”, y criticó que los puestos de decisión energética no hayan sido ocupados por especialistas del norte salteño.
El diputado también planteó que el abandono y saneamiento de pozos podría transformarse en una oportunidad de empleo regional. Según explicó, tareas como apertura de caminos, instalación de obradores, monitoreo ambiental, análisis de suelo y sellado técnico podrían generar decenas de puestos de trabajo directos e indirectos.
En ese sentido, destacó la capacidad operativa de empresas locales del departamento San Martín, entre ellas Producer, Servimax, Geocor, Tecmec, M&P, Geominera y Yaculab para intervenir en los procesos de remediación.
Mientras tanto, los derrames continúan encendiendo alertas en el norte provincial y exponiendo una deuda ambiental que, lejos de cerrarse, sigue emergiendo desde el subsuelo.