A partir de la declaración de la emergencia del Sector Energético Nacional que fue anunciada por el gobierno nacional con el DNU N°55), se facultó a la Secretaría de Energía a redeterminar la estructura de subsidios que reciben los usuarios para no tener que abonar el costo real de las facturas que llegan a sus hogares.
Ocurre que este mecanismo de apoyo a ciertos sectores sociales ejerce una fuerte presión sobre las finanzas públicas de la Nación que, tras asumir, el presidente Javier Milei anunció que iba a reducir o directamente eliminar.
Los energéticos, incluyendo electricidad y gas, han sido una carga significativa para la economía argentina.
Sólo en el 2023, alcanzaron u$S9.683 millones (1,5% del PIB), representando más de la mitad del déficit fiscal primario de ese año. La mayor parte de estos recursos fueron destinados a subsidiar el servicio eléctrico (62,4% del total o u$s5.869 millones).
Adicionalmente, y en el marco de los congelamientos de tarifas de las últimas décadas, se han instrumentado diferentes mecanismos de transferencia de recursos a las distribuidoras a fin de compensar los déficits operativos y garantizar niveles de inversión mínimos en el sistema.
A su vez, debido a la falta de actualización del VAD, varias distribuidoras han recurrido a financiarse a través del no pago a CAMMESA por la energía suministrada, lo que ha incrementado la necesidad de aportes del Tesoro Nacional.
¿Ahorrar energía con subsidios más eficientes?
Este tema estuvo expuesto en las dos últimas revisiones del programa con el FMI (febrero y junio 2024), cuando se incluyó un apoyo complementario del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo a las reformas estructurales, particularmente en la mejora de la focalización de los subsidios y la protección de los hogares vulnerables.
En el caso de este último, se enfoca en la estabilización macroeconómica, la prudencia fiscal y la protección de los grupos más vulnerables.
En colaboración con el Banco Mundial, los equipos técnicos de ambas instituciones diseñaron programas de apoyo hacia un esquema de subsidios eléctricos más eficiente en la Argentina con un préstamo por u$s700 millones para acompañar esa restructuración del régimen de subsidios y está alineado con los hitos estructurales del programa del FMI.
En paralelo, el préstamo del BID también está alineado con el programa del FMI y apoya la asequibilidad de la electricidad para los hogares vulnerables en el AMBA, región prioritaria por su dimensión e importancia dado que representa el 32% de la demanda total de energía del país, y que de las cerca de 20 millones de personas que viven bajo la línea de pobreza en el país, 5,7 millones residen en ella.
Los programas fueron elaborados de manera coordinada, son complementarios y serán supervisados de manera conjunta y proponen un enfoque integral para enfrentar los desafíos del sector eléctrico, promoviendo la sostenibilidad, la eficiencia en el uso de la energía y la reducción de emisiones de GEI, al tiempo que controla el gasto en subsidios y protege a los usuarios más vulnerables.
En el AMBA, se enfoca en asegurar que los hogares de menores ingresos mantengan acceso a un servicio eléctrico asequible, mientras se fortalece la capacidad institucional para implementar un sistema de subsidios más justo y progresivo.
Se impulsa la gestión eficiente de la demanda energética y la adopción de tarifas que reflejen los costos reales de la electricidad.
Apoyar la transición
En ese marco, se realizaron audiencias públicas que permitieron identificar y ponderar objetivos críticos a alcanzar, como restaurar la cadena de pagos del sector energético, ajustar los precios para atraer inversiones y garantizar el suministro, enfocar los subsidios para los sectores más vulnerables y corregir los desequilibrios tarifarios heredados, entre otros.
Para organizar este proceso, se creó el llamado “Proyecto de Apoyo a la Transición hacia un Sector Eléctrico Sostenible en Argentina (ATSES)”, que será financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y que insumirá inversiones cercanas a los u$s700 millones.
Para las autoridades del gobierno del presidente Javier Milei, la puesta en marcha del proyecto permitirá mejorar la focalización de subsidios hacia los grupos vulnerables, generar ahorro energético y reducir emisiones, fortalecer las capacidades institucionales y optimizar la sostenibilidad del sector energético.
Su objetivo general es el de fortalecer las capacidades institucionales para mejorar la racionalización de los subsidios eléctricos en Argentina, además de dotar de capacidades e instrumentos al Estado Nacional para fomentar la sostenibilidad del sector y para disponer de financiamiento de subsidios eléctricos para usuarios con criterios de elegibilidad validados.
A partir del financiamiento que recibirá de la entidad bancaria internacional, el marco de gestión ambiental y social se va a regir por el llamado Marco Normativo Nacional e Internacional y por el Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial.
De hecho, el board de la entidad global ya autorizó la línea de crédito que está destinado a cooperar en la ejecución del programa Apoyo a la Transición Hacia un Sector Eléctrico Sostenible en Argentina.
Este miércoles 18 de junio, el gobierno libertario dio un paso más hacia el desarrollo del proyecto al oficializar la delegación de facultades a la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético.
Un sistema eléctrico más sostenible
El organismo será el encargado de gestionar el millonario préstamo que está destinado a crear un sistema eléctrico más sostenible.
Lo hizo a través de la Resolución 266/2025, publicada en el Boletín Oficial de esta jornada por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía y con la que se apunta a dotar de mayor eficiencia y agilidad a la ejecución del plan, en el marco de la emergencia energética y tarifaria vigente, y como parte del rediseño del régimen de subsidios a la energía.
El proyecto es conocido como ATSES, y forma parte de una estrategia nacional de transición energética, orientada a corregir distorsiones en los precios relativos de la energía, mejorar la sostenibilidad fiscal del sistema y garantizar el acceso a los consumos esenciales para los sectores vulnerables.
Además, forma parte del período de transición hacia subsidios energéticos focalizados, establecido por el Decreto 465/2024 y prorrogado recientemente hasta julio de 2026 en el marco de una etapa en la cual el gobierno libertario pretende avanzar hacia un esquema donde los usuarios paguen precios más cercanos al costo real del servicio, con asistencia focalizada para quienes lo necesiten.
Mediante esta resolución, la Subsecretaría asumirá la ejecución técnica, administrativa y financiera del proyecto, con base en sus competencias específicas en planeamiento energético con el objetivo de consolidar su protagonismo en el planeamiento estratégico del sector energético y garantizar que las medidas de transición no solo sean técnicamente sólidas, sino también socialmente sostenibles.
Para las autoridades nacionales, la delegación de estas responsabilidades “refuerza el compromiso del gobierno nacional con la transformación estructural del sistema energético argentino, tanto desde el punto de vista fiscal como ambiental”.
En los considerandos de la norma se agrega que “la eficiencia en la gestión del préstamo del BIRF y la focalización de los subsidios serán claves para reducir el déficit cuasifiscal asociado al sector, en un contexto de fuerte ajuste del gasto público y reconfiguración de prioridades económicas”.
Apoyo financiero global
El proceso es apoyado además por el llamado Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial que se aplica a todas las iniciativas financiadas por la entidad financiera global y que impulsa avances importantes en áreas como el trabajo, la no discriminación, la mitigación y adaptación al cambio climático, la biodiversidad, la salud y seguridad comunitaria, y la participación de las partes interesadas.
Los prestatarios lo implementan a través de 10 Estándares Ambientales y Sociales (EAS), diseñados para apoyar la gestión de riesgos ambientales y sociales.
La calificación de riesgo ambiental del proyecto es moderada, con una baja probabilidad de causar efectos graves y con peligros identificados que son de baja magnitud, predecibles y reversibles, aunque existen impactos ambientales indirectos relacionados con el cambio a fuentes de energía más baratas, los cuales no se consideran significativos y se darían en etapas avanzadas del proyecto.
n cuanto al riesgo social, también es moderado y se prevé desarrollar mecanismos para mejorar el acceso de la población vulnerable a los subsidios de energía mediante el Registro Nacional de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) y corregir errores en los registros actuales.
En el caso de los beneficiarios directos del proyecto, son los usuarios residenciales de energía eléctrica de todo el país, identificados como vulnerables (según la normativa vigente a tal fin) y pasibles de recibir una bonificación sobre la tarifa.
Los beneficios que este segmento de usuarios deberían recibir son mejoras en la focalización de los subsidios, dirigiéndose de manera más eficiente hacia los grupos vulnerables, lo que resultará en un uso más efectivo de los recursos fiscales.
“El sinceramiento de las tarifas, necesario para la sostenibilidad del sector, se implementará de manera que se proteja a los hogares de bajos ingresos. Contar con Bases de datos eficientes a nivel nacionales y provinciales con la inclusión adecuada de los hogares vulnerables”, desta el plal.
A esto se suma el ahorro de energía y reducción de emisiones a partir del uso eficiente de la energía eléctrica y la promoción de la sostenibilidad ambiental; el fortalecimiento institucional para la mejora de la sostenibilidad y eficiencia del sector energético y la reducción de los subsidios ineficientes permitiendo liberar recursos fiscales que pueden ser redirigidos a otras áreas críticas del desarrollo económico.
También se contempla el diseño de mecanismos de comunicación y participación ciudadana sólidos que garanticen el pleno ejercicio al derecho de acceso a la información pública.
Asignación eficiente
Los autores del proyecto entienden que se proporcionará apoyo y capacidades para la implementación general del proyecto, lo cual incluirá la coordinación, el diseño técnico, los aspectos legales, la comunicación, y la gestión ambiental y social conforme al “Plan de Compromiso Ambiental y Social” y sus instrumentos.
Además, se realizará el monitoreo y seguimiento de los resultados, impactos de mitigación y adaptación, así como la evaluación del proyecto, junto con la participación y consultas con las poblaciones objetivo y los beneficiarios.
De igual modo, se estima que la estrategia potencie la gestión y evaluación de subsidios, a través de la creación de una estructura centralizada para reunir y analizar la información de diversas fuentes y registros.
“Esto permitirá abordar las brechas de información clave para otorgar los subsidios de manera adecuada, fortalecer los sistemas de datos y mejorar la gestión de la información”, detalla el documento oficial.
Además, se analizarán los posibles impactos de la reforma de subsidios, se apoyará el diseño de iniciativas más eficientes en el uso de energía y se desarrollarán mecanismos innovadores para la entrega de subsidios que el gobierno podrá probar y aplicar.
En cuanto al financiamiento de subsidios eléctricos para usuarios con criterios de elegibilidad validados 02, se basará principalmente en actividades orientadas a mejorar los mecanismos de focalización y aplicar planes de subvenciones mejor focalizados.
Se apoyará la creación de mecanismos para proteger a las personas de bajos recursos de la volatilidad externa o los riesgos climáticos sobre los costos de generación, y la alineación de los incentivos para que las diferentes jurisdicciones permitan la reforma.
“Su implementación dará como resultado una asignación más eficiente de los subsidios a la electricidad debido a los mecanismos mejorados para identificar adecuadamente a los usuarios elegibles (hogares de bajos ingresos)”, se agrega en el documento.