El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, dio a conocer un mapa interactivo que detalla qué porciones del territorio argentino se encuentran en manos extranjeras. La iniciativa se presenta en un contexto marcado por la intención del gobierno de Javier Milei de derogar la Ley de Tierras y por el creciente interés de Estados Unidos en los recursos naturales de América Latina.
Según informó el sitio 0343, el desarrollo del mapa estuvo a cargo de la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, ambos becarios del Conicet e integrantes del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y del Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA).
Cifras del Observatorio de Tierras
El relevamiento reveló que cerca del 5% del territorio nacional está controlado por empresas o Estados extranjeros, lo que equivale a más de 13 millones de hectáreas, una superficie comparable a la extensión total de Inglaterra. A partir de estos datos, los investigadores cuestionaron el argumento oficial que sostiene que ninguna provincia supera el límite legal del 15% de tierras en manos foráneas.
De acuerdo con el informe, ese planteo se desmorona al analizar la situación a escala departamental: al menos 36 distritos ya exceden el tope establecido por la ley. En ese sentido, los departamentos de Lacar, en Neuquén; General Lamadrid, en La Rioja; y Molinos y San Carlos, en Salta, superan el 50% de su superficie bajo propiedad extranjera.
El estudio también advirtió sobre áreas estratégicas vinculadas a recursos hídricos y corredores logísticos. En localidades ubicadas sobre el río Paraná, como Iguazú, en Misiones; Ituzaingó, en Corrientes; y Campana, en la provincia de Buenos Aires, la extranjerización de la tierra supera el 30%.
En cuanto al origen de los propietarios, Estados Unidos lidera ampliamente el ranking con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. “Estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada. Para dimensionarlo, los estadounidenses poseen una superficie mayor que la provincia de Tucumán”, concluye el informe.
A qué apunta la Ley de Tierras
Para los especialistas, la posible derogación de la Ley de Tierras no apunta a fomentar inversiones productivas, sino a facilitar el acceso y la apropiación de bienes comunes que no pueden reproducirse. Ejemplos como el de Malargüe, en Mendoza -donde la extranjerización del 15% del territorio coincide con el impulso de 18 nuevos proyectos mineros- anticipan un escenario de mayor conflictividad social si el Estado se retira de su función de control y regulación.
“Cuando se empiezan a cruzar estos datos con las inversiones de empresas mineras extranjeras, aparece con claridad el problema de la conflictividad social. Por eso creemos que el mapa es una herramienta útil”, explicó Oberlín.
Los investigadores subrayaron el valor de este relevamiento en un contexto de creciente presión sobre los recursos naturales de América Latina, particularmente ante la avanzada de la administración de Donald Trump en la región, como ocurre en el caso de Venezuela. “Desmantelar las protecciones vigentes redefine quién decide, quién accede y quién queda excluido en algunos de los territorios más sensibles del país”, concluyeron.