Ante el desastre ambiental, denuncian penalmente a Llaryora por el RIGI Cordobés

La Fundación para la Defensa del Ambiente, junto con expertos en el ámbito ambiental e investigadores universitarios, presentó una denuncia penal en la Justicia provincial contra el Gobernador Llaryora, el Ministro de Economía Guillermo Acosta, la Presidenta de la Legislatura Myrian Prunotto y otros legisladores, por haber promovido la adhesión al RIGI nacional. La denuncia fue finalmente derivada a la Fiscalía en lo Penal y Económico de Segunda Nominación, a cargo del Fiscal Franco Mondino.

Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo 2004, explicó que “el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) fue aprobado como parte de la Ley Nacional 27.742, otorgando beneficios y exenciones fiscales para inversiones superiores a los 200 millones de dólares. Desde su inicio en el Parlamento, se consideró inconstitucional, pero logró superar los obstáculos y fue promulgada. Lo sorprendente es que Córdoba no solo adhirió a una ley polémica que favorece a las grandes corporaciones, sino que también violó normativas vigentes y otorgó facultades discrecionales al gobernador de la provincia”.

“En su desesperación por obtener dólares frescos, y mostrar alguna inversión extranjera, la gestión de Javier Milei y su apoyo en Córdoba, la gestión de Martín Llaryora, decidieron hacer un super RIGI alineando la ley nacional y el RIGI local. Aunque en Córdoba no habría inversiones en megaminería metalífera, ni yacimientos de petróleo, como sí podría ocurrir en otras en otras provincias, aquí la amenaza se relaciona con los grandes agronegocios y la explotación turística. Pero el RIGI actuaría sobre un territorio ambientalmente destrozado, con sus cuencas hídricas en terapia intensiva”, agregó.

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El abogado Juan Smith, por su parte, detalló las infracciones a la normativa vigente relacionadas con la aprobación del RIGI local. “En nuestra presentación hemos solicitado la declaración de inconstitucionalidad tanto de la Ley 27.742, que crea el RIGI nacional, como de la Ley 10.997, que aprueba el RIGI provincial. Por un lado”, añadió Smith, “hay razones de procedimiento. El tratamiento exprés del proyecto enviado por el Ejecutivo el día anterior, según el Reglamento de la Legislatura, requería la aprobación de dos tercios de los legisladores habilitados para votar en la sesión. Consideramos que esa mayoría no se alcanzó, por lo que cualquier decisión posterior basada en ese déficit sería ilegal y arbitraria. 

Pero la torpeza legislativa no terminó ahí.

La Constitución provincial exige que ciertas normativas pasen por un tratamiento en Doble Lectura y, en algunos casos, con Audiencia Pública (Ley 9003), entre la Primera y la Segunda Lectura, como en el caso de las leyes tributarias e impositivas. Esto tampoco ocurrió, lo que hace que el texto aprobado sea ilegal y arbitrario. Una vez más, los que primero incumplen las leyes son los propios funcionarios, como el gobernador Martín Llaryora y algunos legisladores”.

Raúl Montenegro dijo que la aprobación del RIGI local “fue mucho más allá del incumplimiento de leyes provinciales. Es tal la impunidad con que se manejó el gobernador, la vicegobernadora y algunos legisladores, que violaron dos convenios internacionales. Y los convenios tienen una jerarquía jurídica por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes del país”. 

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Agregó que “ignoraron deliberadamente dos instrumentos cuya importancia y vigencia son públicas. Por una parte, el Convenio 169 sobre Derechos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. No podían aprobar esta ley sin la previa consulta, fehaciente, de las comunidades indígenas que tienen, en Córdoba, personería jurídica reconocida por la Nación. Peor aún, violaron el Acuerdo de Escazú, que ni siquiera fue mencionado durante las deliberaciones. Escazú establece principios básicos ineludibles, y también la obligatoriedad de consultas previas. El poder provincial cree que se ubica por encima de las leyes, y que la opinión de los pueblos originarios no cuenta. Ahora la Justicia debe investigar este cóctel de torpezas legales. El gobernador Martín Llaryora debió respetar la legislación vigente, y en lo que más le conviene al deteriorado ambiente Cordobés, y no en someterse, como lo hace con irritante frecuencia, ante las cuestionables iniciativas del presidente Javier Milei”.

Córdoba, una de las provincias ambientalmente peor administradas

Desde el Campus Córdoba del Colegio de los Premiados con el Nobel Alternativo (Right Livelihood College), indicaron que la aprobación del RIGI Cordobés “agrega una nueva amenaza a la maltrecha situación ambiental de la provincia de Córdoba”. Listaron luego “algunos de los problemas más graves: cabeceras de cuenca muy alteradas, lagos en avanzado estado de eutroficación, sectores del agronegocio tratando de reducir las zonas rojas de la ley de bosques nativos, multiplicación de canteras secas, grandes basurales a cielo abierto, colectoras cloacales construidas junto al cauce de ríos, incineradores de residuos peligrosos, turismo cinegético con cazadores extranjeros que no son controlados, incendios que se reiteran cada año, uso descontrolado de plaguicidas, y la lista sigue. Con una resistencia ambiental cada vez menor, el posible ingreso de grandes inversiones con alto impacto ambiental significaría el golpe de gracia para los ecosistemas naturales en crisis”.

Raúl Montenegro indicó que la vulnerabilidad de la provincia “deriva no solamente de un Ministerio de Ambiente y Economía Circular incapaz de enfrentar las crisis actuales, sino de situaciones ambientales particularmente críticas. Entre ellas, ser una de las únicas cinco provincias que permite el ingreso de residuos peligrosos procedentes de cualquier zona del país, o tener apenas un 4% de la superficie original que ocupaban los bosques nativos. RIGI Cordobés, fragilidad ambiental extrema, y una gestión ambiental decadente, conforman sin dudas un cóctel letal”.

Juan Smith agregó que el RIGI nacional y el RIGI Cordobés “y los que se vayan agregando en distintas provincias” generan “dimensiones interjurisdiccionales de impacto que no se evalúan en conjunto. El país ambientalmente dividido y de jurisdicciones independientes, con un Consejo Federal del Ambiente incapaz de afrontar estas nuevas escalas y amenazas, solo beneficiará a las grandes corporaciones”.

En los próximos días se irán sumando, además, nuevas presentaciones bajo la figura legal del Amicus Curiae, “amigos del Tribunal”, que reforzarán los sólidos argumentos y en poder de la Fiscalía.