La cuenca del Río Uruguay vuelve a ser escenario de una disputa geopolítica y socioambiental. A más de dos décadas del histórico conflicto por la instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos, que marcó un antes y un después en las relaciones diplomáticas entre Argentina y Uruguay, un nuevo megaproyecto industrial en la orilla oriental encendió las alarmas en ambas márgenes del río.
La actual controversia gira en torno a la construcción de una planta de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en la ciudad uruguaya de Paysandú, a 20 kilómetros de Colón, Entre Ríos, atravesando el río Uruguay.
El proyecto busca posicionar a Uruguay como exportador de energía renovable a Europa y contempla la producción a gran escala de metanol (un tipo de alcohol que se usa como combustible y aditivo para motores) a partir de hidrógeno verde. Sin embargo, lo que se promociona en el mercado internacional como una solución ecológica frente al cambio climático es percibido por las comunidades vecinas como una amenaza para la salud y el entorno natural.
Una inversión millonaria
La construcción de la planta de elaboración de combustibles sintéticos (e-fuels) demandará una inversión de más de u$s 5.000 millones en territorio uruguayo por parte de HIF Global ( Highly Innovative Fuels). Se trata, según tituló el diario charrúa El País, de “la inversión energética más grande en la historia de Uruguay”.
La firma, de capitales chilenos y estadounidenses, se presenta en su página web como capaz de “convertir la energía renovable en combustibles limpios para autos, barcos y aviones sin necesidad de modificar motores ni infraestructura”.
La planta que instalaría en las afueras de Paysandú produciría hidrógeno “verde” mediante un proceso de electrólisis -por el que se separan las moléculas de agua (H2O) en hidrógeno (H2) y oxígeno (O)-. El agua será tomada del río Uruguay y el proceso se alimentará con energía proveniente de un parque eólico (Elena Wind Park) y otro solar (Lucía Solar Park) de uso exclusivo, construidos por la empresa a sobre la costa del río Uruguay. Ese hidrógeno se combinará con dióxido de carbono -obtenido de la quema de residuos forestales y agrícolas- para obtener combustibles sintéticos líquidos.
En su sitio oficial, HIF Global muestra el funcionamiento de su planta en Punta Arenas, Chile, donde produce e-combustibles (combustibles sintéticos) con energía proveniente de parques eólicos. También informa que tiene cinco proyectos en desarrollo avanzado, uno de ellos el de Paysandú, al que presenta como “el mayor de Sudamérica”, ya que “creará tres mil puestos de trabajo durante la construcción y unos 300 empleos directos durante las operaciones”.
Alerta ambiental
En febrero de 2025, las 440 hectáreas donde se emplazará la planta de producción de combustibles sintéticos fueron recategorizadas y pasaron de ser terrenos rurales a industriales, aunque formaban parte de un territorio más extenso conocida como Islas del Queguay que había sido declarado como reserva natural y no admitiría actividades industriales bajo esa categoría.
Desde entonces, referentes técnicos y de organizaciones comunitarias comenzaron a movilizarse advirtiendo por los riesgos ambientales y sociales del proyecto:
“El proceso de producción y almacenamiento de hidrógeno a alta presión, sumado al manejo de sustancias químicas, conlleva un peligro latente de explosiones, incendios y emanaciones tóxicas”, advierten desde el colectivo “Colón en Riesgo”.
Por otro lado, la infraestructura contempla la instalación de chimeneas de más de 45 metros con sus llamas encendidas día y noche. Esto no solo genera un fuerte impacto visual y contaminación lumínica, sino que también plantea interrogantes sobre la emisión de gases.
Pero el temor más extendido se centra en el impacto sobre el Río Uruguay: el vertido de efluentes industriales y el uso intensivo del recurso hídrico para los procesos de refrigeración y electrólisis alterarían el ecosistema fluvial, amenazando la biodiversidad y afectando de manera directa al Turismo, la pesca y otras actividades recreativas, tanto en Colón, famosa por sus playas, sus carnavales y la cercanía al Parque Nacional el Palmar, como en la propia Paysandú.
Rechazo social y pedido de informes
Desde la multisectorial Somos Ambiente de Colón, señalan que, en realidad este no es un proyecto de hidrógeno verde sino una planta química de producción de combustibles sintéticos. “El hidrógeno verde es un insumo más, junto con el dióxido de carbono, para producir metanol a un nivel de 700.000 toneladas por año, una escala descomunal. Y a partir de ahí, producir cuatro combustibles: gas, gasolina, aceite lubricante y un kerosén para aviación”, describió Carlos Serrati, docente e integrante de la multisectorial. “La preocupación no es solo por la cercanía, sino también por la escala del proyecto”, sostuvo.
En tanto, los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador Adán Bahl iniciaron una demanda civil ordinaria (Expediente 3276/2026) contra el Estado uruguayo y la empresa HIF ante la Justicia argentina, exigiendo pericias ambientales y acusando a Uruguay de avanzar de forma unilateral con el proyecto de combustibles sintéticos en Paysandú.
Los legisladores denunciaron que, pese a que el proyecto data de 2017, el vecino país no presentó los estudios de impacto ambiental ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), violando el Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia de la Corte de La Haya del año 2010 por el caso Botnia-UPM.
La memoria de las Papeleras
El histórico conflicto por la pastera finlandesa Botnia (hoy UPM) sigue latente en la memoria de los entrerrianos. A mediados de los 2000, la decisión unilateral de Uruguay de instalar plantas de celulosa en Fray Bentos, frente a la ciudad de Gualeguaychú, desató una movilización social inédita con marchas multitudinarias y el bloqueo del Puente Internacional General San Martín durante más de tres años. La disputa escaló a la Corte Internacional de La Haya, que en 2010 dictaminó que el Estado Uruguayo incumplió el Estatuto del Río Uruguay al omitir las consultas obligatorias, aunque no ordenó el cierre de la planta, que sigue produciendo pasta de celulosa.
Hoy, las asambleas entrerrianas están conformadas por protagonistas de aquella gesta y nuevas generaciones. A diferencia de lo ocurrido con Botnia, donde la protesta comenzó con la obra avanzada, la organización social actual se activó en una etapa más temprana.
El debate queda abierto y plantea un dilema de época: hasta qué punto se pueden justificar proyectos que generan un impacto ambiental negativo a nivel local, en nombre de la “transición energética global”.