El proyecto minero Cobre San Romeleo en Mendoza obtuvo el aval legislativo para avanzar con su etapa de explotación metalífera, aunque deberá cumplir una serie de exigencias ambientales antes de iniciar las actividades. La Ley 9739 fue publicada el 2 de noviembre en el Boletín Oficial provincial y establece condiciones obligatorias para la empresa, entre ellas permisos de uso de agua, monitoreos periódicos y controles sobre las instalaciones destinadas al tratamiento y almacenamiento de residuos mineros.
La iniciativa se desarrolla en Malargüe y tiene a LABSA S.A. como titular y proponente, mientras que AREX Mining S.A. está a cargo de la operación. Su objetivo es producir óxido de cobre, un insumo utilizado para elaborar sulfato de cobre, producto empleado en actividades agrícolas y vitivinícolas.
La ratificación legislativa corresponde a la Declaración de Impacto Ambiental aprobada mediante la Resolución Conjunta 600/2026 de la Dirección de Minería y 74/2026 de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental. El documento establece las condiciones que deberán respetarse durante las distintas etapas del emprendimiento.
Aunque el Gobierno provincial presentó la iniciativa como una oportunidad para sustituir importaciones y vincular la minería con la producción agrícola, el avance del proyecto dependerá del cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales establecidos en la normativa.
Qué controles ambientales deberá cumplir Cobre San Romeleo en Malargüe
Uno de los principales requisitos será actualizar la Declaración de Impacto Ambiental como máximo cada dos años. La obligación también se activará antes de ese plazo si aparecen nuevas circunstancias que puedan modificar las condiciones ambientales del emprendimiento.
La empresa deberá incorporar en esas actualizaciones las modificaciones técnicas que surjan durante el desarrollo del proyecto, de manera que los estudios ambientales contemplen los cambios en las instalaciones y las operaciones previstas.
Antes de iniciar cualquier actividad, también tendrá que presentar una línea de base ambiental que incluya un protocolo para el rescate y la relocalización de fauna menor. A esto se sumará un plan de tránsito que contemple medidas para proteger a los animales presentes en el área de influencia.
Otro requisito central será la presentación de documentación de ingeniería sobre las instalaciones mineras. Entre ellas se encuentran la pileta de mineral agotado, el dique de colas y las escombreras, que deberán contar con medidas específicas de impermeabilización y prevención de derrames.
La normativa también exige una evaluación de riesgos vinculados con estas estructuras, debido a que una falla en los sistemas de contención podría generar impactos sobre el suelo y los recursos hídricos.
Además, la compañía deberá presentar un plan de monitoreo ambiental que abarque agua, suelo, aire, flora y fauna. Las autoridades competentes tendrán la posibilidad de ingresar al establecimiento sin aviso previo para realizar inspecciones y verificar el cumplimiento de las condiciones aprobadas.
En caso de incidentes ambientales, la empresa deberá informar lo sucedido de manera inmediata y dentro de un plazo máximo de 12 horas.
El uso del agua y la relación de la minería con la vitivinicultura
El acceso al agua será uno de los puntos determinantes para el desarrollo de Cobre San Romeleo. Antes de comenzar la etapa de construcción, la compañía deberá tramitar y obtener el permiso correspondiente ante el Departamento General de Irrigación de Mendoza.
Para ello, tendrá que detallar el volumen de agua previsto para el emprendimiento y cumplir con las condiciones que establezca la autoridad competente.
La exigencia adquiere relevancia en una provincia donde la disponibilidad hídrica es un factor central para el abastecimiento de la población y el sostenimiento de actividades productivas como la agricultura y la vitivinicultura.
El proyecto está ubicado en Puesto Aguas de Isaac, en el distrito Río Barrancas, a unos 160 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe. Su producción estará orientada a obtener óxido de cobre, materia prima utilizada para fabricar sulfato de cobre, un compuesto empleado en distintos tratamientos agrícolas y en la vitivinicultura.
Durante la aprobación legislativa, el gobernador Alfredo Cornejo destacó la posibilidad de sustituir importaciones y generar una articulación entre la actividad minera y el sector agropecuario.
Sin embargo, esa vinculación también exige evaluar cómo se administrarán los recursos naturales compartidos y qué garantías existirán para evitar que la actividad minera afecte la disponibilidad de agua o las condiciones ambientales de otras producciones.
La ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental representa un paso administrativo para el emprendimiento, pero no elimina las obligaciones de control. El cumplimiento de los permisos, los estudios técnicos y los monitoreos será determinante para verificar que la explotación avance dentro de las condiciones ambientales establecidas por Mendoza.