La Cámara de Casación Penal decidió sostener una medida cautelar que le puso un freno a todos los desmontes en los bosques chaqueños. La medida, lejos de ser arbitraria, se dio en el marco de una causa penal iniciada en 2024 por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas en la que se investiga un entramado de funcionarios provinciales y empresas que promovieron un avance sistemático sobre el bosque nativo con fines económicos, a partir de las recategorizaciones territoriales, permisos precarios y la utilización de testaferros para la triangulación de operaciones. Las empresas y empresarios sentados en el banquillo de los acusados son grandes jugadores del sector forestal y la industria del tanino, tanto del país como del extranjero: MSU SA (Manuel Santos de Uribelarrea Duhau); CIAGRO (Luis y Carlos Calvo); Triad (una de las personas que integró su directorio –sin estar imputado en esta causa- fue el actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili); Vicentin (ex Nardelli – Padoan; el nuevo dueño es el Grupo Grassi); Indunor, del grupo italiano Silvateam (la familia italiana Battaglia y la sociedad Norinver S.A) y Unitan (Familia López Mato). “La necesidad insaciable de quebracho que tienen las tanineras, blindadas por la capacidad de lobby que les genera la acumulación de capital a costa de la sobreexplotación del bosque nativo chaqueño, es en gran medida el motor de todas las maniobras delictivas que oportunamente denunciamos. Ese extractivismo descontrolado también es generador de las desigualdades, injusticias, el despojo y las condiciones infrahumanas de explotación que padecen las familias campesinas e indígenas de Chaco”, sostuvo el abogado Fabián Maggi, impulsor de la querella como integrante de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. Principales empresas denunciadas La deforestación se hace para ampliar la frontera agropecuaria, para la producción de carbón aunque la actividad más lucrativa de todas es la producción del tanino que luego se exporta a las grandes marcas de automóviles quienes utilizarían lo producido en el país a través de los desmontes ilegales para los asientos de cuero de sus autos. Lo más grave de todo es que empresas como Indunor y Unitan seguirían abasteciéndose de los desmontes, de acuerdo a una de las últimas presentaciones judiciales realizadas por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas sobre el cierre del año pasado. La medida cautelar se había implementado en 2024; tras las presiones del sector privado, la misma jueza que la había establecido cambió de criterio y la levantó (Zunilda Niremperger), hasta que la semana pasada la Cámara de Casación volvió a tomar la palabra: “En el caso del delito ambiental, por cuanto el entorno natural, la biodiversidad y recursos vitales como el agua, constituyen presupuestos existenciales: la vida misma de los seres vivos. Desde esta perspectiva, la intervención del derecho penal en materia ambiental no puede ser entendida como una intromisión expansiva, sino como una herramienta excepcional dentro de un sistema amplio de tutela”, sostuvo el tribunal al reestablecer la vigencia de la medida cautelar que volvió a frenar los desmontes en toda la provincia chaqueña. El quién es quién detrás de la mafia de los desmontes La mafia de los desmontes en Chaco requirió de una aceitada estructura de puerta giratoria, empresarios presuntamente vinculados a los funcionarios de turno en la Dirección de Bosques de la provincia de Chaco entre 2011 y 2024, y viceversa. La maniobra habría incluido una sistemática modificación de los permisos de usos del suelo y cambios en las zonas protegidas. Un esquema de legalidad fraguada que llevó a la tala de 150.000 hectáreas pero con una fuerte concentración en un puñado de actores que ahora forman parte de la causa judicial que sigue tramitando en el juzgado federal de Resistencia. La investigación judicial determinó que los 1335 permisos de cambio de uso del suelo otorgados por la Dirección de Bosques entre 2011 y 2021 correspondieron a 785 propietarios. A los 15 mayores dueños –por la extensión considerada en cada permiso fraguado- la Dirección de Bosques les permitió desmontar un total de 38.053 hectáreas (más de 2.500 hectáreas por propietario en promedio), lo cual representó el 20% del total de superficie habilitada para desmontes. Uno de los funcionarios señalados como el articulador de la maniobra fue Miguel Ángel López, que luego pasó a formar parte del plantel de lobby de la empresa taninera Unitan, según figura en la documentación presentada por la querella que lleva adelante Maggi. El otro funcionario involucrado fue Emanuel Carrocino. Miguel Ángel López, lobbista de Unitan De los 15 propietarios a los que más superficie de desmonte les habilitó la Dirección de Bosques, diez correspondieron a sociedades anónimas que en conjunto concentraron, aproximadamente, el 15% del total de superficie habilitada para desmontes. De este conjunto de empresas, cuatro fueron las de mayor superficie habilitada en un período de diez años: Cuenca del Salado S.A, que pertenece al Grupo Andreoli, dueños en el país de más de 100.000 hectáreas agropecuarias, fue habilitada a desmontar de manera fraudulenta 7400 hectáreas. MSU S.A., propiedad de Manuel Santos Uribelarrea Balcarce, con más de 140.000 hectáreas agrícolas en su poder, fue habilitada con 4312 hectáreas. CIAGRO S.A, de la familia Luis y Carlos Calvo, fue habilitada con más de 3100 hectáreas. Triad SA, sociedad que poseía su domicilio fiscal en las oficinas del ingeniero Kalbermatter y estuvo vinculada a Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central de la mano de Luis Caputo, fue habilitada para desmontar 2700 hectáreas. En el caso de la empresa Vicentin, cuyos dueños al momento de concretarse las operaciones de desmonte eran las familias Padoan y Nardelli (las mismas que llevaron la empresa a la quiebra), las operaciones de tala fueron realizadas a través de diferentes personas físicas y jurídicas vinculadas a la propia familia. En total, desmontaron 4500 hectáreas. Entre las imputaciones, también aparece Las Guindas S.A., de la familia Urquía (dueños de Aceitera General Deheza), con permisos de desmonte por 1331 hectáreas. De la investigación surgió otro denominador común. De los 848 permisos de cambio de uso del suelo que la Dirección de Bosques otorgó entre 2014 y 2021, 353 permisos (42%) fueron gestionados por Hernán Halavacs, que en 2024 ocupaba el cargo de ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible de Chaco hasta que fue echado por el gobernador Leandro Zdero. Autos de lujo y desmonte ilegal Las empresas forestales deberían aprovisionarse exclusivamente de productos provenientes de planes de manejo sostenible en su variante aprovechamiento forestal, tal como lo establece la Ley 26.331. Sin embargo, en la provincia de Chaco las dos sociedades tanineras y las principales empresas carboneras se aprovisionan casi exclusivamente de productos forestales provenientes de desmontes tanto legales como ilegales, lo que representa, en definitiva, cambios de uso del suelo con pérdida significativa del bosque nativo. “Nosotros presentamos un informe sobre el rol de las empresas internacionales. Uno de los factores fundamentales en todo este entramado se explica por el accionar de las tanineras, como Silvateam, un grupo italiano que se dedica a la explotación del tanino que luego revende para el tratamiento del cuero en autos de lujo. Creemos que el objetivo siempre fue el tanino. Luego, existe mucha influencia del sector carbonero. Encontramos fuertes componentes de importación de carbón tanto desde Europa como los Estados Unidos”, explicó – en diálogo con Economía Sustentable- Fabián Maggi. Las grandes empresas como Unitan e Indunor se habrían hecho de permisos para acceder a la madera vía una red de empresarios intermediarios. En un informe incorporado al expediente judicial – y sobre el cual ahora las querellas solicitan una pericia oficial-, la Asociación de Abogados Ambientalistas encontró el siguiente circuito: “Alejandro Carlos Ibañez recibió en 2013 un permiso para hacer deslindes perimetrales y transformaciones para mejoras sobre 45 hectáreas (expediente E5-2013-1433-E). Por ese permiso recibió 485 guías de transporte forestal, de las cuales 231 tuvieron como destino a Indunor y 117 a Unitan. En otro ejemplo, Simón José Hupaluk recibió en 2021 una autorización especial sobre 41 hectáreas (expediente E5-2021-39-E). Por ese permiso recibió 9 guías de transporte forestal, las cuales tuvieron destino a Unitan, demostrando que las tanineras también se suministran de madera proveniente de desmontes ilegales”. Lo más grave de todo este asunto es que las mismas sociedades imputadas seguirían aprovisionándose de madera vía un esquema de desmontes ilegales, a pesar de la vigencia de la medida cautelar. En una reciente presentación judicial ante los tribunales federales de Resistencia (Chaco), Maggi dejó constancia que tanto Indunor como Unitan “no solo persisten en su conducta sistemática de saqueo del bosque nativo, sino que además lo hacen en abierta violación a la medida cautelar vigente”. “Toda la producción, de carácter netamente extractivista, se sustenta en la sobreexplotación a una tasa varias veces mayor a la de la escasa repoblación de los bosques milenarios del Impenetrable. A este ritmo de extracción va camino a su desaparición como ecosistema funcional en los próximos 30-50 años. Esa necesidad insaciable de quebracho que tienen las tanineras, blindadas por la capacidad de lobby que les genera la acumulación de capital a costa de la sobreexplotación del bosque nativo chaqueño, es en gran medida el motor de todas las maniobras delictivas que oportunamente denunciamos”, sostuvo Maggi en uno de sus últimos escritos. Otro dato clave: más del 80% de los productos forestales que ingresaron a las tanineras de la provincia de Chaco en los últimos 16 años lo hicieron sin guía forestal emitida por el gobierno provincial, por lo tanto, “en forma absolutamente ilegal”, según Maggi. El destino del tanino Según los documentos presentado en la causa penal, se pudieron constatar un total de 1109 envíos de exportación realizados por Indunor desde Argentina en 2024. Entre los compradores identificados, los cuatro principales fueron Silvateam Brasil, Silvateam Perú, Silvateam USA y Ledoga, todas empresas del mismo grupo. También aparece “Industria de Peles Minuano”, fabricante de cuero con sede en Brasil. Según Globalwits, una empresa china dedicada al análisis de gran cantidad de datos vinculados al comercio exterior, herramienta utilizada por la querella para su presentación judicial, la “Industria de Peles Minuano” realizó 17 envíos a DK Leather Seats, una empresa de Malasia que suministra tapicería de cuero para asientos de automóviles de alta gama. Entre los clientes que reciben los productores de cuero que surgen del tanino extraído mediante desmontes legales e ilegales desde Argentina se encuentran Honda, Volvo, Toyota, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot, Citroen y Mercedes Benz. Las próximas pericias oficiales El fallo de Casación Penal con la reinstalación de la medida cautelar que frena los desmontes fue un empujón anímico para quienes llevan adelante la causa penal. A partir de ahora, lo que queda sería la consolidación del corpus de imputados y el avance sobre una serie de medidas de prueba claves. “Ahora vamos por la realización de una pericia oficial que nos permita demostrar, de manera judicial, el daño interjurisdiccional de los desmontes. Eso lo vamos a realizar a través de un equipo de investigadores del Conicet”, explicó Maggi en diálogo con Economía Sustentable. El Ministerio Público Fiscal ya envió un oficio al Conicet, organismo que remitió la nómina de los especialistas en la materia. La pelota vuelve a quedar del lado de la jueza Zunilda Niremperger (la misma que había dictado la cautelar y luego la levantó) quien deberá definir el equipo del Conicet encargado de concretar la pericia oficial.
Sebastián Premici
Sebastián Premici