La intención de la Municipalidad de Rosario de construir un parque acuático cuya entrada será paga dentro de un espacio público ribereño con alto valor ambiental y patrimonial, en el extremo norte de la ciudad, desató una polémica que no para de crecer entre la Intendencia y grupos de vecinos, pescadores, ambientalistas, kayakistas, nadadores, vecinales, arquitectos y hasta educadores, que entienden que el parque privatizará de hecho una parte importante del escaso acceso gratuito al río Paraná que todavía queda en ese sector, además de romper notablemente la vista al río y la propia línea de ribera. “Decimos no al parque acuático porque se puede hacer en otra parte, pero no en la rambla pública, que es el único espacio de río y costa que podemos usar todos en esta ciudad” dijo Diego Algrain, referente de la Asociación de Guías e Instructores de Kayak e integrante de la flamante Comisión Rambla Pública, que congrega a unas 30 agrupaciones.“Rosario tiene 30 kilómetros de línea de costa y solo uno es de uso público gratuito. Es nuestro paisaje, nuestra identidad y lo vamos a defender con el corazón”, explicó. Para Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, querer hacer un desarrollo que luego será concesionado en áreas públicas con alto valor ambiental tiene un nombre: “extractivismo urbano”. La ribera en disputa El proyecto de un parque acuático pago impulsado por la Municipalidad de Rosario en la Costanera Norte generó un fuerte rechazo de vecinos, ambientalistas y opositores políticos, que denuncian privatización del acceso al río Paraná y daño ambiental sobre un espacio público ribereño El proyecto de piletas y toboganes plásticos que defiende el intendente Pablo Javkin (radical) es parte de la remodelación integral de la llamada Costanera Norte y tiene un presupuesto asignado de unos 8,5 millones de dólares, financiados por el gobierno provincial a cargo de Maximiliano Pullaro (también radical). Para la Municipalidad, se trata de potenciar el perfil turístico local y abreva al lema de la actual gestión “Volvió Rosario”, cuyo mensaje central es que quedó atrás el tiempo de la violencia y las muertes narco y que ahora la ciudad vuelve a ser un destino deseado. Lo que discuten vecinos, ambientalistas y deportistas no es la remodelación de esa parte de la costa sino puntualmente el parque acuático que mordería unos 10 mil metros cuadrados de ribera y playa, implicaría sacar más de 40 árboles nativos y rompería tanto la línea costera, como la vista al Paraná. El tema escaló rápidamente y llegó al Concejo Deliberante, donde ocurrió un casi milagro en la política argentina actual: unificar posiciones de todos los partidos opositores, ya que libertarios, peronistas y la centro izquierda (Ciudad Futura y socialistas) critican el proyecto por su costo, el recorte de espacio público y sus impactos ambientales. En los últimos días, además, se sumó una presentación ante la Justicia bajo la forma de una cautelar que pide la paralización inmediata del proyecto, acceso a información pública y el respeto a artículos ambientales que figuran en la nueva Constitución santafesina. A todo trapo La secuencia en torno al polémico proyecto ha sido vertiginosa: tras hacerlo público a finales de abril, la Municipalidad licitó las obras el pasado 14 de mayo para, 24 horas después, comenzar a trabajar con máquinas y cerrar la zona. En paralelo con el apuro de la gestión municipal, se fueron multiplicando las acciones ciudadanas de protesta motorizadas por la Comisión Rambla Pública. La arena política/partidaria también entró en ebullición: mientras el Intendente y sus alfiles políticos salieron a acusar a la oposición de motorizar las protestas, desde los bloques no oficialistas criticaron el plan. Desde Ciudad Futura criticaron la falta de participación ciudadana previa y la forma de la licitación. “Faltó debate y espacios de participacion ciudadana, el tipo de proyecto no encaja con una zona ambientalmente de alto valor y detectamos irregularidades en el proceso de licitación”, dijo Julián Ferrero, presidente de la Comisión de Ecología del Concejo y parte de Ciudad Futura. Desde el extremo opuesto ideológico, el concejal libertario Juan Pedro Aleart salió con todo: “pedimos la suspensión inmediata de las obras y que se debata el tema en el Concejo”. Fabricio Fiatti, concejal oficialista, defiende la idea: “el parque se va a montar sobre un espacio que hoy ya es de cemento, no disminuye la playa, va a jerarquizar la zona sumando un atractivo recreativo que no va a afectar al entorno”. Derecho al ambiente La polémica escaló al Concejo Deliberante y a la Justicia, donde se presentó una cautelar para frenar las obras por presuntas irregularidades, falta de estudios de impacto ambiental y ausencia de participación ciudadana A la arena de disputa social y a la político/partidaria, se sumó la judicial: el 20 de mayo, un grupo de vecinos presentó una medida cautelar pidiendo la inmediata suspensión de las obras argumentando falta de información pública, licitación dudosa, falta de estudios de impacto ambiental y ausencia de instancias de participación ciudadana. La presentación pide que se suspendan las obras para garantizar “la inmediata protección judicial del ambiente, del espacio público ribereño y del acceso colectivo al río Paraná”. “El proyecto importa una afectación directa al derecho al ambiente ya que implica una degradación del ecosistema costero, incompatible con los principios de prevención y no regresividad ambiental, y supone la sustitución de un entorno natural por un modelo artificial intensivo de gran impacto“.
Jorgelina Hiba
Jorgelina Hiba