Organizaciones ambientalistas van a la Corte Suprema: piden frenar los desmontes de los bosques nativos

Importantes organizaciones ambientalista, lideradas por Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, presentaron este lunes un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para denunciar la ilegalidad de la reciente Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Chaco.

Esta ley, aprobada de manera sorpresiva y durante la madrugada en la Legislatura provincial, generó una ola de críticas debido a su impacto potencialmente devastador en los bosques nativos y la vida silvestre de la región.

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Según el documento presentado, la nueva ley habilitaría el desmonte en más de 1.200.000 hectáreas de bosques nativos, una extensión equivalente a aproximadamente 60 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. Lo más preocupante es que esta actividad de desmonte incluiría áreas protegidas por la Ley Nacional de Bosques, lo que legalizaría retrospectivamente desmontes que ya han tenido lugar en estas zonas.

Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, expresó su indignación: “Permitir desmontes en más de un millón de hectáreas es un despropósito, sobre todo considerando la alta deforestación que ha sufrido Chaco en las últimas décadas”. Giardini también destacó que esta ley contradice los compromisos internacionales de Argentina para alcanzar la Deforestación Cero para el año 2030.

Además, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, advirtió sobre las implicaciones de esta ley al calificarla como un “ecocidio de la mafia del desmonte en Chaco”. Viale aseguró que utilizarán todas las herramientas legales disponibles, incluyendo acciones ante tribunales y organismos internacionales, para detener esta devastación ambiental.

Qué piden las organizaciones ambientalista

Uno de los aspectos más preocupantes denunciados por las organizaciones ambientalistas es la falta de participación indígena en el proceso legislativo. No se llevaron a cabo talleres en los territorios indígenas ni en sus idiomas originarios, incumpliendo así con la consulta libre, previa e informada exigida por tratados internacionales firmados por Argentina.

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Esta acción legal ante la Corte Suprema se suma a una causa previa en la que Greenpeace había solicitado protección para el yaguareté y denunciado la destrucción de su hábitat en varias provincias, incluyendo Chaco. La nueva ley, al permitir desmontes en áreas cruciales para la conservación de especies como el yaguareté, representa un retroceso significativo en términos de conservación ambiental y biodiversidad.

Ante la grave crisis climática y de biodiversidad, las organizaciones ambientalistas insisten en la necesidad de poner fin a los desmontes y promover un manejo sustentable de los bosques nativos, respetando plenamente los derechos y territorios de las comunidades indígenas. Se espera una pronta respuesta por parte de la Corte Suprema para proteger estos valiosos ecosistemas frente a intereses que ponen en peligro su supervivencia.