Dos empresas de los cuadernos construirán una planta de tratamiento de efluentes con un préstamo del Banco Mundial

A partir de una inversión de u$s60 millones aportada por el Banco Mundial se comenzará con la construcción de una nueva planta de tratamiento de efluentes en la Argentina.

El establecimiento estará ubicado en la localidad bonaerense de Lanús y servirá para tratar los residuos de las empresas que se establezcan en el Parque Industrial Curtidor (PIC), proyectado para esa zona.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) que tiene previsto iniciar las obras una vez que el sector de la construcción pueda reanudar sus actividades en el marco de las medidas aplicadas por el gobierno nacional para combatir la pandemia del coronavirus.

La fecha inicial había sido establecida para el segundo trimestre de este año. Es decir, a partir abril pasado. Pero la profundización de las restricciones establecidas por el cepo sanitario demorarán este período, por lo menos, hasta junio próximo.

En ese momento, 300 empleados, entre operarios, profesionales y técnicos, comenzarán a levantar la planta con un plazo de ejecución de 23 meses.

En este sentido, Daniel Larrache, coordinador general de la Unidad Ejecutora del crédito del Banco Mundial de ACUMAR, explicó que la construcción estará a cargo de un consorcio privado liderado por la constructora Panedile.

Según el funcionario, la planta tendrá una superficie de 23.700 m2 y contará con tecnología de punta que permitirá recolectar y procesar entre 8.000 y 12.000 m3 diarios de residuos de la producción de las curtiembres, lo que representa el curtido de unos 12.000 cueros y contará con tecnología de punta.

 “De esta forma, se podrá contribuir significativamente al saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, uno de los principales objetivos que nos hemos impuesto a partir de la nueva gestión liderada por Martín Sabbatella”, le aseguró el funcionario a EconoSus.

Relaciones cruzadas

Además de Panedile, el consorcio a cargo de las obras está compuesto por  Esuco y Ecopreneur. Las dos primeras constructoras figuran en la causa de los cuadernos Oscar Centeno, quien fuera chofer de Roberto Baratta, ex segundo del Ministerio de Planificación Federal conducido por Julio De Vido.

Tanto Hugo Dragonetti, dueño de Panedile,  como Enrique Wagner, titular de Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, se fueron procesados por Claudio Bonadío, el fallecido juez que tuvo a su cargo la investigación de la mayor red de pago de coimas y sobornos a funcionarios públicos de la historia de la Argentina.

Ambos empresarios estuvieron presos -y sus procesamientos se mantienen- a pesar de que la causa parece haber ingresado en un período de letargo tras el desembarco del Frente de Todos en la Casa de Gobierno.

De hecho, luego de la asunción de Alberto Fernández en reempalzo de Mauricio Macri, ambos empresarios se habían postulado para comandar las riendas de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARO), con un supuesto apoyo del kirchnerismo.

Sin embargo, en la nueva comisión directiva de la entidad empresaria elegida en abril pasado no figuran ya que se consensuó una lista única que consagró a Iván Szczech como sucesor de Julio Crivelli.

El nuevo presidente proviene de la delegación Entre Ríos y se desempañó anteriormente como Prosecretario y Presidente de la Comisión de Vivienda de la CAMARCO, además de haber sido vicepresidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC).

Sin embargo, esta derrota de Dragonetti y Wagner no les impidió que el organismo que ahora dirige el polémico ex intendente de Lanýs y mano derecha de Cristina Kircnher en la batalla contra el Grupo Clarín por la ley de medios les adjudicara la millonaria obra en la Cuenca Riachuelo-Matanza.

Una obra que, según la información oficial, se enmarca dentro de la iniciativa promovida por el ACUMAR y financiada por el Banco Mundial a través del Crédito BIRF 7706-R que contempla además la construcción, ya en marcha, de un Parque Industrial Curtidor (PIC) en Lanús.

La obra

El contrato comprende la elaboración del proyecto ejecutivo, ingeniería de detalle, ingeniería de proceso, ejecución de las obras civiles, suministro e instalación de todos los equipamientos electromecánicos, eléctricos, instrumentos, automatismo para el proceso de tratamiento, la puesta en marcha de la planta y el acompañamiento técnico y asesoramiento al ACUMAR durante la etapa de operación por el plazo de un año.

El objetivo del ente a cargo de Sabbatella es el de trasladar las curtiembres pequeñas y medianas a ese parque ya que, de manera individual, no podrían afrontar los costos de un correcto manejo de efluentes industriales.

“De este modo, evitamos la contaminación ambiental y permitimos que cientos de trabajadores y trabajadoras del sector no se vean perjudicados”, agregó Larrache, para quien  al reunir a las empresas del rubro en una misma localización se facilitará su control y monitoreo “permitiendo detectar inconvenientes con mayor anticipación y agilizando las tareas tendientes a disminuir su impacto sobre la sociedad y el ambiente”.

Además, se posibilitarán manejos más eficientes de los residuos, se minimizarán las emisiones a la atmósfera y los impactos de los efluentes líquidos, ya que el conjunto de industrias compartirá la misma tecnología de tratamiento, homogeneizando de ese modo la calidad del vertido final.

Según el ACUMAR, la actividad curtidora, junto a la galvanoplastia y los frigoríficos está considerada una de las más críticas por su capacidad de vertidos industriales con carga orgánica y química de cromo y sulfuros. Actualmente, en la Cuenca hay 62 curtiembres en funcionamiento y la mayor concentración de establecimientos se encuentra en Lanús.