La causa contra COMARSA por residuos de Vaca Muerta ya tiene fecha de juicio

El juez de garantías Juan Manuel Kees elevó a juicio oral la causa contra el dueño de COMARSA y dos exdirectivos, acusados por contaminación con riesgo para la salud a partir del acopio de más de 300.000 m³ de residuos petroleros en el Parque Industrial Neuquén Oeste. El expediente, iniciado en 2020, vuelve a poner en discusión qué sucede con los residuos que deja la explotación de Vaca Muerta y quién asume el costo ambiental cuando el sistema de tratamiento falla. Según Opsur, el 15 de marzo del 2027 iniciará el proceso judicial ambiental más importante de Vaca Muerta.

La causa que investiga el manejo y acumulación de residuos petroleros de COMARSA quedó habilitada para avanzar hacia un juicio oral, luego de los antecedentes ambientales en Vaca Muerta. El 18 de agosto, el juez de garantías Juan Manuel Kees resolvió elevar el expediente contra el principal accionista de la empresa y dos exdirectivos, acusados por el delito de contaminación ambiental con riesgo para la salud. El debate estará a cargo de un tribunal colegiado.

Qué es el “cuaderno de la contaminación” de COMARSA y los riesgos judiciales presentadas en la causa

El caso, iniciado a partir de unadenuncia presentada en 2020 por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), investiga el acopio y disposición de residuos provenientes de la actividad hidrocarburífera en instalaciones de COMARSA, en el Parque Industrial Neuquén Oeste.

La acusación sostiene que durante años se acumularon allí más de 300.000 metros cúbicos de residuos petroleros sin tratamiento, incluidos materiales provenientes de la actividad no convencional y del fracking. El Poder Judicial neuquino informó que la fiscalía acusó a tres autoridades de la empresa por el acopio de material contaminante sin tratar, tanto dentro del predio como en tierras lindantes que no eran de su propiedad. Los residuos fueron derivados de pozos no convencionales explotados con fractura hidráulica (fracking)  por las petroleras YPF, Pan American Energy (PAE), Shell, ExxonMobil, Tecpetrol, Pampa Energía, Vista Energía y Pluspetrol, según Opsur.

“La causa que investiga el escandaloso negocio millonario de la basura petrolera del fracking que proviene de Vaca Muerta expone un problema estructural del modelo hidrocarburífero argentino: la enorme cantidad de residuos que deja la extracción de petróleo y gas”, asegura a Economía Sustentable Rafael Colombo, coordinador del Área Clima y Energía de AAdeAA.

“Lodos, recortes de perforación, tierras contaminadas y otros residuos peligrosos deben trasladarse y tratarse fuera de los pozos. Cuando estos sistemas fallan, el costo de la actividad queda en los territorios bajo la forma de basureros petroleros de enormes dimensiones”, agrega.

La llegada del expediente a juicio no significa que el debate oral esté definitivamente asegurado. En marzo de este año, el juez Lucas Yancarelli había concedido a los tres imputados una suspensión de juicio a prueba, pero el Tribunal de Impugnación revocó posteriormente esa decisión y ordenó avanzar con la audiencia de control de acusación.

En agosto, las defensas volvieron a plantear la posibilidad de una probation ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. La Sala Penal del máximo tribunal provincial escuchó a las partes y, según información publicada durante esas audiencias, tiene plazo hasta el 5 de noviembre para resolver.

Mientras tanto, el juez Kees completó la etapa de control de acusación y habilitó el juicio. También aceptó la mayor parte de la prueba ofrecida por las partes.

“Estamos frente a uno de los casos de contaminación vinculados a la industria petrolera más graves registrados en la historia de la provincia”, sostiene Colombo. “El expediente permite poner en discusión una dimensión muchas veces invisibilizada del desarrollo de Vaca Muerta: detrás de la extracción de petróleo y gas existe también una enorme generación de residuos peligrosos que deben ser tratados, controlados y reparados cuando producen daños en los territorios”.

El juez, además, sobreseyó a los tres imputados por el delito de administración fraudulenta, por distintos fundamentos según cada acusado. La causa continuará, por ahora, concentrada en la acusación por contaminación ambiental con riesgo para la salud.

La modalidad del juicio también generó una disputa. La fiscalía y las querellas habían solicitado que el caso fuera juzgado mediante un jurado popular, debido a la dimensión de los hechos investigados y al carácter colectivo de los bienes presuntamente afectados.

Kees resolvió que el expediente sea juzgado por un tribunal colegiado de tres magistrados y rechazó la modalidad de jurado popular.

La discusión había sido acompañada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que habían participado como Amigos del Tribunal. Las organizaciones plantearon la importancia de la participación ciudadana en casos que involucran bienes colectivos y territorios completos.

Para AAdeAA, la cuestión excede la forma en que se integra el tribunal. También está en juego qué información llegará efectivamente a una instancia pública de debate y qué elementos de la investigación podrán ser discutidos durante el juicio.

Vaca Muerta y el costo ambiental de los residuos que la industria petrolera no logra tratar

Entre los elementos que rodean la investigación aparece además un documento que tomó relevancia pública: el denominado “cuaderno de la contaminación”, una serie de anotaciones atribuidas al empresario Juan Manuel Luis, principal accionista de COMARSA.

Canal Abierto publicó en agosto parte del contenido y señaló que tuvo acceso a una copia digital del cuaderno. Según ese medio, las anotaciones contienen referencias a estrategias empresariales, gestiones ante funcionarios y mecanismos para afrontar el pasivo ambiental y los riesgos judiciales que enfrentaba la compañía. El medio también informó sobre presuntos vínculos mencionados en las anotaciones con dirigentes políticos y funcionarios provinciales.

La existencia y el alcance probatorio de esas anotaciones forman parte de la discusión judicial. Por eso, su contenido debe ser presentado como material incorporado a la investigación y no como una prueba definitiva de los delitos atribuidos.

El cuaderno se suma a una causa que durante seis años acumuló testimonios, pericias y documentación sobre el funcionamiento de la planta. En la audiencia de control de acusación se ofrecieron alrededor de 175 testigos y peritos y el juez terminó admitiendo la mayor parte de la prueba.

Según la información publicada por Canal Abierto, además, el expediente contiene cuestionamientos sobre la expansión de las instalaciones de COMARSA y sobre la distancia entre la planta y zonas habitadas. El medio también consignó que organizaciones vinculadas a la causa estiman un pasivo ambiental de miles de millones de pesos y que la empresa recibió importantes sumas por tareas de tratamiento y remediación que son objeto de discusión en el expediente.

Qué impacto ambiental generan los residuos no tratados de Vaca Muerta

Por más que se quiera ocultar, el lado B de Vaca Muerta es que la producción no convencional genera recortes de perforación, lodos, suelos contaminados, sismos y otros residuos que requieren tratamiento y disposición bajo condiciones específicas. En el caso investigado, la acusación sostiene que parte de esos materiales permaneció acumulada sin tratamiento en el predio de la empresa y en sectores que no estaban autorizados para ese uso.

Allí aparece una de las discusiones ambientales centrales alrededor de Vaca Muerta. La extracción de petróleo y gas suele medirse en barriles, metros cúbicos, inversiones y producción. Pero cada pozo también genera un flujo de materiales que no desaparece cuando termina la perforación.

La pregunta es quién controla ese recorrido, qué condiciones deben cumplir las empresas encargadas de tratarlos y qué sucede cuando los residuos permanecen durante años en un territorio.

Para Colombo, el expediente muestra precisamente esa dimensión. “La empresa obtuvo ganancias millonarias por un trabajo que jamás realizó y que a lo largo de más de 12 años el Estado no controló debidamente”, sostiene, en referencia a la acusación de la querella.

En 2017, la empresa fue sancionada con multas por más de 4,6 millones de pesos por incumplimientos ambientales que nunca fueron pagadas. Con intereses, esa deuda habría superado los 560 millones de pesos en 2021. Organizaciones estiman que el pasivo ambiental total asciende a unos 5.000 millones de pesos.

La Justicia deberá determinar ahora las responsabilidades penales que correspondan y la dimensión de los daños acreditados durante el proceso.