Imputaron al titular de AYSAM por contaminar un canal de riego con líquidos cloacales en Mendoza

La Justicia mendocina avanzó contra la cúpula de Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) por el derrame de líquidos cloacales en un canal de riego de Guaymallén. El presidente de la empresa estatal, Humberto Mingorance, fue imputado junto al gerente general Darío Hernández y el gerente operativo Carlos Cifuentes, acusados de provocar contaminación ambiental y daños sobre infraestructura hídrica pública.

La causa se originó por el vuelco de residuos cloacales al canal “Rama 12”, perteneciente al sistema Vertientes Corralitos, una situación que, según la investigación judicial, se produjo sin autorización del Departamento General de Irrigación y tras romper parte de la infraestructura del canal.

La decisión judicial cobra especial relevancia porque Mingorance es funcionario público y entre los denunciantes aparece el propio Departamento General de Irrigación, organismo que además impuso una multa de 120 millones de pesos contra AYSAM.

Según la acusación formal, los imputados enfrentan cargos por “Daño Agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público E.C.R. con Contaminación del agua de un modo peligroso para la salud, Art. 55, 184 inc. 5° y 55 y 57 de la Ley 24.051”.

Contaminación del agua en Mendoza: qué dice la causa contra AYSAM

La investigación sostiene que los líquidos cloacales arrojados al canal constituyen residuos peligrosos, motivo por el cual la causa quedó encuadrada dentro de la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.

El expediente toma como eje la resolución 481 del Departamento General de Irrigación, documento en el que se detallan las irregularidades detectadas y los daños ambientales ocasionados por la empresa estatal.

El artículo 55 de esa normativa establece que “será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.

La Justicia también consideró agravantes la falta de autorización para efectuar el vuelco y la destrucción de parte de la infraestructura hídrica durante la maniobra. Según la investigación, AYSAM intervino el canal de manera ilegal para descargar los líquidos contaminantes.

El conflicto ambiental se concentra en la zona de Severo del Castillo y 2 de Mayo, por donde atraviesa el colector cloacal Noreste, uno de los más grandes del Gran Mendoza. La causa ya registraba antecedentes por derrames ocurridos el año pasado y este año volvió a repetirse el episodio.

Daño ambiental y presión judicial sobre funcionarios públicos

La imputación fue impulsada por el fiscal Gabriel Blanco y respaldada por el fiscal Sebastián Capizzi, quienes recomendaron avanzar formalmente contra los directivos de AYSAM por las pruebas acumuladas y el daño ambiental constatado.

Debido a que los acusados son funcionarios públicos, el procedimiento requirió una instancia adicional de revisión dentro del Ministerio Público Fiscal. Finalmente, los fiscales jefes Gustavo Pirrello y Paula Quiroga ratificaron el avance de la causa.

En la resolución firmada por el superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, se calificó el episodio como de una “gravedad excepcional”, al considerar que el vuelco de líquidos cloacales se realizó “sin ningún tipo de permiso del Departamento General Irrigación, en abierta violación a la normativa vigente”.

El documento oficial también remarca que la maniobra implicó una “intervención ilícita sobre infraestructura pública” y cuestiona la ausencia de medidas de mitigación eficaces para contener el impacto ambiental generado por el derrame.