Aprobaron proyecto minero en Mendoza y organizaciones alertan por el agua

La Legislatura de Mendoza dio este martes un paso que vuelve a tensar la relación entre minería y ambiente en la provincia. Tras un debate extenso y cargado de polémica, el Senado aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge, un emprendimiento orientado a la extracción de cobre. Con la mayoría oficialista y un importante operativo de seguridad en las calles, el gobierno de Alfredo Cornejo empujó la aprobación de una iniciativa cuestionada por sus posibles efectos en los recursos hídricos.

El proyecto apunta a explotar cobre en Uspallata y contempla una inversión cercana a los 560 millones de dólares. Para organizaciones sociales y ambientalistas, la decisión confirma que se priorizan los intereses empresariales por sobre la protección de la cuenca del Río Mendoza, en un contexto de sequía que afecta a toda la provincia.

El agua, eje del conflicto

La discusión en el recinto, iniciada pasadas las 10 de la mañana, dejó en evidencia posiciones irreconciliables. Los senadores alineados con Cornejo defendieron la iniciativa como un “hito productivo” capaz de reposicionar a Mendoza en el mapa minero. En ese marco, pusieron en duda los informes críticos emitidos por la Universidad Nacional de Cuyo y el Departamento General de Irrigación.

En contraste, Félix González (PJ) alertó que la aprobación -que daba por descontada- “terminará judicializándose”. Desde el Partido Verde, Dugar Chappel subrayó que la experiencia de otras provincias demuestra que la minería no garantiza desarrollo local: “Salta y Jujuy son provincias mineras y su pobreza no disminuyó. ¿Qué podemos esperar para Mendoza?”.

Pese a que el gobierno sostiene que el 90% del agua se recirculará en un circuito cerrado, organizaciones socioambientales denuncian que los controles son insuficientes y que el proyecto podría generar un impacto irreversible sobre la cuenca del Río Mendoza.

Protestas y tensión social

Mientras el Senado discutía el proyecto, miles de personas marcharon desde Uspallata y el Valle de Uco hacia Plaza Independencia. 

Con pancartas y consignas como “El agua no se negocia”, los manifestantes rechazaron la aprobación de un emprendimiento que consideran una amenaza ambiental y social. 

La policía desplegó un fuerte operativo, con cortes y controles para ordenar el tránsito y prevenir incidentes.

Qué viene ahora

Tras la ratificación legislativa, solo queda la promulgación del Ejecutivo para avanzar con la ingeniería de detalle y, más adelante, iniciar la construcción de la mina, un proceso que podría extenderse hasta 2027. 

Mientras el gobierno celebra lo que define como un avance estratégico, las organizaciones ambientales ya anticipan nuevas protestas. Mendoza vuelve a quedar atrapada entre el impulso a proyectos productivos y la defensa de sus recursos naturales, en un escenario donde el cuidado del agua sigue siendo el punto más crítico.