La incorporación de Southern Energy al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) abrió un nuevo interrogante sobre los antecedentes regulatorios de las empresas que participan del millonario proyecto gasífero. La compañía, que prevé inversiones por US$2.825 millones para producir y exportar gas natural licuado, tiene entre sus accionistas a Harbour Energy, una petrolera británica vinculada a una empresa que fue sancionada por operar en la plataforma continental argentina cerca de las Islas Malvinas.
El antecedente se remonta a 2013, cuando la entonces Secretaría de Energía inhabilitó por 15 años a Premier Oil PLC en el marco de la Ley 26.659, que establece condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. La compañía posteriormente pasó a denominarse Harbour Energy, y esa transformación societaria es ahora uno de los puntos centrales del cuestionamiento.
El diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, sostiene que la sanción podría continuar vigente hasta 2028 y pidió explicaciones a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, sobre cómo una empresa alcanzada por esa medida terminó formando parte de un proyecto beneficiado por el RIGI.
“Según constaría en los registros societarios del Reino Unido, Premier Oil PLC y Harbour Energy PLC no serían dos empresas distintas, serían la misma persona jurídica, inscripta bajo un único número de registro, con un cambio de denominación social operado en 2021. Todos sabemos que un cambio de nombre no crea una persona jurídica nueva ni extingue las sanciones que pesaban sobre la anterior. De ser así, la inhabilitación dispuesta en 2013 sobre Premier Oil PLC, vigente hasta 2028, alcanzaría a la sociedad hoy denominada Harbour Energy PLC”, sostuvo Ferraro.
El planteo pone el foco en una cuestión que trasciende la disputa política: qué antecedentes regulatorios deben cumplir las empresas que participan de grandes proyectos energéticos y reciben los beneficios del RIGI, especialmente cuando se trata de iniciativas vinculadas con la explotación y exportación de recursos hidrocarburíferos.
Southern Energy accedió al RIGI para exportar gas natural licuado
Southern Energy obtuvo los beneficios del RIGI a través de la Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía. El proyecto contempla una inversión de US$2825 millones durante los próximos diez años para desarrollar infraestructura destinada a la producción y exportación de gas natural licuado.
La iniciativa prevé la llegada de dos buques de licuefacción que operarían en Río Negro. Con el primero, el proyecto podría procesar hasta 11,5 millones de metros cúbicos de gas por día, mientras que con la incorporación del segundo la capacidad ascendería a 16 millones de metros cúbicos diarios.
Además de Harbour Energy, Southern Energy está integrada por Pan American Energy, con una participación del 30%; YPF, con el 25%; Pampa Energía, con el 20%; y Golar LNG, con el 10%.
El primer buque está previsto para principios de 2027 y el segundo para 2028.
La controversia no es nueva. En abril de 2022, la Cancillería había informado sanciones contra Navitas Petroleum LP, empresa israelí vinculada al proyecto Sea Lion, en la Cuenca de Malvinas Norte. En aquella comunicación también se mencionaba el proceso de inhabilitación iniciado contra Harbour Energy.
La Cancillería había señalado entonces que Navitas había sido declarada clandestina y “fue inhabilitada por el término de 20 años”. Al mismo tiempo, había aclarado que “Harbour Energy se retiró del proyecto definitivamente, no siendo así el caso de Navitas Petroleum, que decidió seguir adelante”.
Ferraro cuestiona la vigencia de la sanción a Harbour Energy
El punto central del planteo de Ferraro es determinar si la sanción aplicada originalmente a Premier Oil continuó vigente después de que la compañía cambiara de denominación y pasara a operar como Harbour Energy.
Según información publicada por Clarín y atribuida a fuentes del sector petrolero, en marzo de 2021 la británica Chrysaor compró Premier Oil y de esa operación surgió Harbour Energy. Ese mismo año, Harbour anunció que el proyecto Sea Lion ya no encajaba en su estrategia y posteriormente vendió ese activo a Navitas Petroleum.
Esas fuentes sostuvieron que, a raíz de esa decisión, el Estado habría levantado la sanción. Sin embargo, la comunicación oficial de la Cancillería de 2022 no habría especificado expresamente el levantamiento de la inhabilitación, por lo que ese punto permanece en el centro del cuestionamiento planteado por el diputado.
Ferraro insistió en que debe aclararse si Harbour Energy está o no alcanzada actualmente por aquella sanción y cómo se compatibiliza esa situación con el acceso de Southern Energy a los beneficios del RIGI.
“Ningún acto administrativo puede pasar por encima de una inhabilitación vigente. Estaría bueno que los ministros brinden una explicación sobre cómo una empresa alcanzada por una inhabilitación firme hasta 2028 terminó formando parte de un proyecto beneficiado por el RIGI y si tienen previsto adoptar algún tipo de medida o consideración adicional frente a esta situación”, afirmó el diputado en un mensaje dirigido a Caputo y Quirno.