Luego de lograr un fallo a favor de la justicia estadounidense en la apelación de Fondos Buitres por la expropiación de YPF, la compañía petrolera nacional enfrenta una demanda por contaminación ambiental iniciada por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Se trata de una causa impulsada por la empresa fueguina Terra Ignis, en el marco del traspaso de la actividad hidrocarbuífera de YPF a la provincia patagónica, para concentrar su negocio en la explotación de Vaca Muerta.
En este contexto, la compañía del estado fueguino inició una investigación sobre los pasivos ambientales que deja YPF en el territorio provincial.
Los resultados fueron presentados por Sergio Federovisky, asesor de Terra Ignis y ex viceministro de Ambiente de la Nación.
El relevamiento analizó los activos y pasivos que YPF trasladó a fines del año pasado a la jurisdicción provincial, detectando deudas ecológicas que la compañía nacional todavía no saneó.
El Gobierno Fueguino «utilizará esta información técnica para avanzar en reclamos de indemnización», según consignó la agencia de noticias OPI Santa Cruz.
Estos fondos deberán cubrir el tratamiento y la remediación efectiva de los daños que la petrolera de bandera dejó en el territorio.
Más petroleras demandadas
El problema no termina en una sola empresa, ya que un segundo estudio de evaluación del impacto ambiental abarcó al conjunto de las compañías que operan en la cuenca.
Federovisky aseguró que «la industria petrolera requiere inversiones específicas y urgentes para revertir el deterioro acumulado durante décadas de extracción». Y destacó que «este parámetro técnico obligará a las empresas a cumplir criterios de sostenibilidad y evitará que las operadoras abandonen pozos sin gestionar sus residuos».
En este camino, el gobierno provincial convocó a un concurso para definir las estrategias de tratamiento de los pasivos ambientales acumulados. El plan oficial contempla la construcción de un relleno de seguridad en Tierra del Fuego para el saneamiento del suelo.
Aunque aún no se conoce el monto de la indemnización a pagar, la identificación de los puntos críticos de contaminación marca un cambio en la relación con YPF y el resto de las operadoras privadas que explotan los recursos hidrocarbuíferos provinciales.