Ambientalistas piden frenar Argentina LNG por fallas en los estudios ambientales

Las deficiencias en los estudios de impacto ambiental de Argentina LNG motivaron un pedido para frenar la aprobación del megaproyecto de exportación de gas en Río Negro. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA-CAJE) cuestionaron la evaluación ambiental presentada por las empresas y reclamaron que no se autoricen las obras sin información suficiente sobre sus consecuencias para el mar, las comunidades y el territorio.

El planteo fue presentado durante la audiencia pública realizada el 16 y 17 de noviembre en Sierra Grande, donde María Di Paola, representante de la organización, expuso observaciones técnicas y legales sobre la documentación del proyecto. La agrupación sostuvo que los estudios fragmentan las instalaciones, omiten impactos relevantes y no permiten dimensionar de manera integral las consecuencias de transformar el Golfo San Matías en un nuevo polo industrial de exportación de combustibles fósiles.

Organizaciones ambientalistas cuestionaron la evaluación de impacto ambiental de Argentina LNG por sus vacíos técnicos

La iniciativa es impulsada por YPF junto con Eni y XRG y contempla la construcción de un gasoducto y un poliducto desde Vaca Muerta hasta la costa rionegrina, un complejo de tratamiento de gas y dos buques de licuefacción. Su desarrollo se sumaría a otros proyectos de exportación de hidrocarburos en la región, como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y Southern Energy (SESA), lo que amplía la preocupación por los impactos acumulados sobre el ecosistema costero.

Argentina LNG y los riesgos para las ballenas y los ecosistemas marinos

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la falta de una evaluación conjunta de las distintas instalaciones que componen Argentina LNG. Aunque el gasoducto, el poliducto, el complejo industrial y los buques de licuefacción son partes de una misma iniciativa, sus impactos fueron analizados por separado. Para AAdeAA-CAJE, esta metodología impide conocer los efectos acumulados sobre el Golfo San Matías y su biodiversidad.

Los cuatro estudios de impacto ambiental suman aproximadamente 11.400 páginas. La organización también cuestionó los tiempos disponibles para revisar esa documentación, ya que desde su publicación hasta la audiencia una persona habría tenido que leer unas 250 páginas por día para analizar todo el material.

Los relevamientos de biodiversidad, además, se realizaron durante el verano y el invierno, pero dejaron afuera la primavera, un período relevante para la reproducción de aves y reptiles y para la presencia de ballenas francas australes junto a sus crías en el golfo.

Otro de los puntos observados es el impacto del ruido submarino. Mientras el área de influencia definida para el complejo industrial alcanza los 500 metros mar adentro, los propios modelos del estudio identifican posibles daños auditivos temporales en ballenas a distancias de hasta 21 kilómetros. La evaluación del ruido generado por los buques de licuefacción también fue cuestionada porque no incorporaría el ruido producido por las propias embarcaciones.

Las descargas de agua utilizadas para refrigerar las instalaciones representan otra fuente potencial de impacto. Los cambios de temperatura y salinidad podrían alterar la circulación de nutrientes y afectar la supervivencia de huevos de peces. Sin embargo, según la denuncia, los estudios no profundizan en las consecuencias que estas modificaciones podrían tener sobre la pesca artesanal y el turismo, dos actividades que dependen directamente de las condiciones ambientales del golfo.

La preocupación también alcanza a las emisiones de gases de efecto invernadero. AAdeAA-CAJE señaló que los estudios presentan cifras contradictorias y no evalúan adecuadamente el impacto del proyecto frente a los compromisos climáticos de Argentina. Según los datos incluidos en el estudio del buque licuefactor, las emisiones proyectadas equivaldrían a un incremento del 177% respecto de las emisiones de gases de efecto invernadero de Río Negro.

Falta de participación ciudadana y reclamo para frenar la aprobación

Las críticas también se extendieron al proceso de participación pública. Las organizaciones cuestionaron que la audiencia se realizara apenas diez días antes de la fecha prevista para una eventual decisión final de inversión, lo que limitaría el tiempo disponible para analizar la documentación y presentar observaciones.

Además, denunciaron deficiencias en la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios. Según el planteo, la Lof Leufuche, afectada por la traza del gasoducto, se enteró de la visita de la consultora encargada de los relevamientos el mismo día en que se realizó.

Los cuestionamientos también apuntan a los estudios de licencia social, que -según las organizaciones- presentan inconsistencias metodológicas. Uno habría excluido deliberadamente a organizaciones opositoras y otro utilizaría la supuesta aceptación social para justificar la localización del complejo industrial sin aportar evidencia suficiente.

A su vez, señalaron la falta de participación de organismos públicos relevantes y de autoridades de Chubut, pese a que el área de influencia indirecta alcanzaría espacios protegidos de esa provincia, como Península Valdés.

El reclamo se apoya en las obligaciones establecidas por la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que garantizan el acceso a la información y la participación ciudadana en decisiones que pueden afectar el entorno. También recuerda que la autoridad ambiental debe fundamentar y hacer públicas sus decisiones cuando se aparta de las observaciones presentadas durante estos procesos.

AAdeAA-CAJE pidió a Río Negro que no emita la Declaración de Impacto Ambiental con la documentación actual, que exija una evaluación unificada de los cuatro componentes del proyecto y de sus efectos acumulativos con VMOS y SESA, y que se realicen relevamientos ambientales durante un ciclo anual completo.

La organización también reclamó una consulta indígena acorde con el Convenio 169 de la OIT, la participación de todas las provincias afectadas y respuestas públicas y fundamentadas a las observaciones formuladas durante la audiencia.

Iván Mónaco: Periodista