Denuncian que Chubut promueve megacentros de datos sin aclarar su impacto ambiental

La aprobación de un régimen de promoción tecnológica en Chubut abrió cuestionamientos por el avance de los megacentros de datos en Chubut, en un contexto de emergencia hídrica y falta de información sobre el impacto ambiental del proyecto Atlas GigaHub, anunciado para Trelew. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) reclamaron frenar la implementación de la ley hasta que se conozcan sus consecuencias sobre el agua, la energía y los territorios.

La norma, aprobada por la Legislatura el 12 de noviembre, incorpora a los centros de procesamiento de datos entre las actividades beneficiadas por incentivos y herramientas de financiamiento público. La decisión se produce mientras el Gobierno provincial impulsa la llegada de grandes inversiones tecnológicas, pero todavía no se difundieron datos suficientes sobre los recursos que demandará el complejo Atlas GigaHub ni sobre las condiciones ambientales de su instalación.

Chubut aprobó incentivos para megacentros de datos mientras persisten las dudas sobre el consumo de agua

Las organizaciones ambientalistas cuestionaron que se otorguen beneficios económicos y facilidades para acceder a tierras sin garantizar previamente la evaluación de los impactos, el acceso a la información pública y la participación de las comunidades involucradas.

La emergencia hídrica de Chubut y el consumo de agua de los centros de datos

El avance de este tipo de infraestructura preocupa especialmente por la situación hídrica de la provincia. El 6 de agosto, la Legislatura declaró la emergencia por un año ante la disminución de los caudales, que compromete el abastecimiento de agua potable y la producción.

En ese escenario, la instalación de un complejo tecnológico de gran escala podría sumar una nueva demanda sobre recursos que ya se encuentran bajo presión. Para las organizaciones denunciantes, antes de promover inversiones de estas características es necesario determinar la disponibilidad real de agua, priorizar el consumo de la población y proteger las cuencas.

El proyecto Atlas GigaHub, impulsado por la empresa polaca Green Capital, prevé una potencia de hasta 3.000 megavatios destinada al funcionamiento de equipos informáticos. La cifra equivale aproximadamente al 10% del pico de demanda eléctrica de Argentina, registrado en febrero de 2025, cuando alcanzó los 30.240 megavatios.

A ese consumo se sumaría la energía necesaria para los sistemas de refrigeración y otras instalaciones auxiliares. Aunque la compañía sostiene que utilizará refrigeración líquida con recirculación para reducir los requerimientos de agua, todavía no se conoce cuánto recurso necesitará el emprendimiento durante las distintas etapas ni cuáles serán las fuentes de abastecimiento.

El esquema también contempla generación eléctrica propia, almacenamiento energético y respaldo a gas. Estas características, según las organizaciones, requieren una evaluación ambiental integral que contemple todas las instalaciones, sus impactos acumulados y su compatibilidad con la disponibilidad de recursos en Chubut.

Atlas GigaHub y las dudas sobre la inversión tecnológica en Trelew

La iniciativa de Green Capital proyecta una infraestructura de gran escala orientada principalmente a prestar servicios a empresas internacionales vinculadas con la inteligencia artificial. Sin embargo, la dimensión económica del emprendimiento todavía convive con interrogantes sobre sus beneficios concretos para la provincia y los costos ambientales y territoriales que podría generar.

Organizaciones ambientalistas exigen frenar el avance de la iniciativa en Chubut

AAdeAA y CAJE cuestionaron la falta de respuestas oficiales sobre el proyecto. El Ejecutivo provincial aún no habría respondido el pedido de informes aprobado por la Legislatura en agosto, mientras tampoco se encuentra disponible información suficiente sobre el memorándum firmado con la empresa ni sobre el estado de los procedimientos ambientales.

La falta de información impide conocer con precisión las condiciones de la inversión, las obligaciones de la compañía, los recursos que demandará y los mecanismos previstos para controlar su funcionamiento. Para las organizaciones, el anuncio de empleos e inversiones no alcanza si no se traduce en compromisos públicos, verificables y sujetos a control.

La promoción económica, además, no reemplaza las autorizaciones ambientales. La Ley General del Ambiente establece la necesidad de evaluar previamente los impactos de las obras capaces de afectar los ecosistemas. Los principios de prevención y precaución también exigen actuar frente a posibles daños, incluso cuando todavía no existe certeza científica completa sobre sus consecuencias.

Tierras fiscales y derechos de las comunidades bajo cuestionamiento

Otro de los puntos señalados por las organizaciones es el acceso a tierras fiscales previsto en el régimen de promoción. Advirtieron que la disponibilidad de terrenos públicos no puede convertirse en una vía para avanzar sobre territorios sin considerar los derechos de las comunidades que los habitan.

En particular, cuestionaron la ausencia del Pueblo Mapuche Tehuelche en el Consejo Asesor contemplado por la ley y reclamaron que se garantice la consulta previa, libre e informada cuando las decisiones puedan afectar directamente a comunidades indígenas.

La discusión también alcanza a la inclusión de servicios geológicos y de prospección entre las actividades promovidas. AAdeAA y CAJE advirtieron que esa incorporación podría habilitar incentivos públicos para actividades relacionadas con la exploración minera, ampliando el alcance del régimen más allá de los centros tecnológicos.

Las entidades reclamaron la publicación del memorándum firmado con Green Capital, los estudios ambientales y los datos sobre consumo de agua y energía de Atlas GigaHub. También exigieron respuestas a los pedidos de información pendientes y una revisión de la normativa mediante un proceso de participación pública efectiva.

Iván Mónaco: Periodista