Con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma de la Ley de Glaciares tras casi 12 horas de debate. Minutos después, el presidente Javier Milei difundió un comunicado oficial en el que destacó el resultado y agradeció especialmente a cinco gobernadores por su rol en el proceso.
Desde la Oficina del Presidente señalaron que la modificación busca “garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos”, en particular en territorios vinculados con la actividad minera.
Apoyo político y respaldo de las provincias mineras
El Gobierno hizo un reconocimiento explícito a los mandatarios Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo, a quienes ubicó como actores clave para la aprobación de la iniciativa.
Según el comunicado oficial, la reforma responde a un reclamo histórico de las provincias que integran la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre (que suma también a Mendoza y San Juan). En ese sentido, el Ejecutivo sostuvo que los cambios “devuelven a las provincias la competencia que les corresponde como titulares del dominio originario de sus recursos”.
Además, el oficialismo destacó que el proyecto fue trabajado durante un año con participación de funcionarios como la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el secretario Coordinador de Minería y Energía, Daniel González; y el secretario de Minería, Luis Lucero.
Cambios en la ley y críticas de la oposición
El Gobierno defendió la reforma como una actualización técnica de la norma sancionada en 2010, al sostener que su redacción original generaba restricciones excesivas y “confusas” que impedían actividades incluso en zonas sin valor ambiental protegido.
En esa línea, el comunicado oficial afirmó que el nuevo marco introduce criterios científicos más precisos para definir qué áreas deben resguardarse, permitiendo la explotación minera en terrenos que anteriormente eran considerados de manera errónea como glaciares o ambiente periglacial.
La ley original había establecido un régimen de protección para glaciares y zonas periglaciales, consideradas reservas estratégicas de agua dulce, además de prohibir actividades extractivas de alto impacto y crear un inventario nacional a cargo del IANIGLA.
Desde la oposición, bloques como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el proyecto y advirtieron sobre el posible avance de actividades extractivas en zonas ambientalmente sensibles.
En su mensaje posterior a la votación, el Gobierno también cuestionó a organizaciones ambientalistas, al señalar que “los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron” y que las agendas que buscan frenar el desarrollo “encontraron en este Gobierno su mayor enemigo”.