En una carrera contra el tiempo, frente al llamado a licitación pública nacional e internacional para privatizar el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA), organizaciones sociales planifican acciones de movilización y protesta. Por otra parte, en el Senado votaron a favor de darle prioridad al tratamiento de un Proyecto de Ley para declarar a la empresa “de interés público y estratégico para el desarrollo humano en los términos del art. 75 inc. 19 de la Constitución Nacional”.
El objetivo del proyecto encabezado por el senador de Unión por la Patria, Wado de Pedro —al presentar una moción de preferencia que se aprobó por 35 votos contra 33—, es impedir el proceso y declarar la intransferibilidad de las acciones propiedad del Estado Nación, con el argumento de que debe ser gestionada para el bien común.
El pasado 14 de mayo, el Ministerio de Economía formalizó la privatización a través de la Resolución 704/2026 publicada en el Boletín Oficial al día siguiente.El esquema de venta contará con un operador que compraría el 51% del paquete operativo, después el 39% de las acciones se colocarían en la Bolsa de Comercio. Y el 10% restante permanecería en manos de los trabajadores. El gobierno actual habilita el plazo de consultas a los pliegos hasta el 12 de agosto, y la presentación de ofertas hasta el 27 del mismo mes. La recaudación estimada proyecta que obtendrá u$s500 millones con esta operación, con una concesión a 30 años, con opción de prórroga. Un artículo publicado en IProfesional anticipa que, debido a los requisitos de solvencia técnica y financiera, se fuerza la llegada de operadores globales.
La ingeniera civil María Eva Koutsovitis describe cómo fue el proceso que promovió el gobierno actual hacia la privatización de AySA, primero con la aprobación en 2024 de la Ley N.º 27.742 —Ley Bases—, que en su art. 7 declaraba que AySA S. A. se encontraba sujeta a privatización. Luego se eliminaron los subsidios a la tarifa al usuario que realizaba el Estado Nacional para que la empresa fuera rentable para los futuros compradores.
—Esto llevó a que, en algunos casos, el aumento de la tarifa al usuario por el servicio público de agua y saneamiento llegara a un 1500% durante el 2024 —asegura la ingeniera que coordina la Cátedra de Ingeniería Comunitaria en la UBA.
Koutsovitis prosigue con el relato de la siguiente etapa de vaciamiento: la reducción del personal de AySA en un 20,2% respecto de noviembre de 2023 cuando contaba con 7.799 empleados, lo que significó una disminución de 1.577 trabajadores. Dos años después, en julio de 2025, la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°493/2025, emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, modificó el marco regulatorio del servicio, “es decir las condiciones de acceso al agua potable y a la cloaca impactando directamente en la vida de 15 millones de personas”.
Según la ingeniera civil, las nuevas condiciones de acceso al agua potable impuestas por decreto colisionan con el acceso al agua como derecho humano.
—Habilita la suspensión del servicio a usuarios residenciales por falta de pago, elimina la obligación para la futura empresa privada de expandir el área de servicio para darle cobertura a aquellas zonas que no cuentan con agua y saneamiento, como por ejemplo los barrios populares, habilita a actualizar las tarifas todos los meses y pone en riesgo la salud de millones de habitantes flexibilizando los parámetros de calidad del agua.
El vínculo entre Aysa y Mekorot
Un comunicado de las organizaciones que componen la “Campaña contra la Privatización de Aysa”, denuncian que con la llegada del presidente Milei, “aumentaron cerca del 300% las tarifas, hubo despidos, se paralizaron las obras de extensión y mantenimiento y se cerraron las sedes de atención al público usuario en los distritos”. También destacan el vínculo con la empresa israelí, Mekorot, “denunciada hace años por instrumentar la provisión del agua a la población palestina como parte de la política israelí de apartheid y genocidio”.
En respuesta a un pedido de acceso a la información pública acerca del vínculo de Aysa con la empresa MEKOROT Israel National Water Co., el Licenciado Raúl Soria confirma que se realizó un Acuerdo Marco con fecha 28/10/24 y un Contrato de prestación de servicios de Consultoría con fecha 4/11/24, con una duración de 12 meses.
El mismo correo sostiene que “el Acuerdo estableció un marco de cooperación entre las partes en cuanto a los lineamientos estratégicos para alcanzar un uso sostenible de los recursos y adquirir las capacidades necesarias para una gestión eficiente de los servicios de agua y saneamiento que consistió en:
- Planificar acciones a corto y medio plazo incluyendo temas de regulación y gestión para que la empresa sea sostenible.
- Definir, analizar y proponer la Estructura de costos por procesos, como así también oportunidades de mejora y reducción de costos,
- Asesorar en los planes de mantenimiento de los activos de la empresa,
- Asesorar en la reducción de las pérdidas en redes de transporte y distribución,
- Asesorar en el plan de medición a usuarios y en la propuesta tarifaria para mejorar ingresos,
- Asesorar para la implementación de tecnologías y acciones para reducir el consumo de energía y mejorar en cuanto a ciberseguridad,
- Proponer acciones en general para mejorar la eficiencia del servicio.”
La ingeniera Koutsovitis también menciona las denuncias sobre la empresa pública israelí de agua potable, que desembarcó en la Argentina para llevar adelante la planificación estratégica del sector hídrico.
La clave del asesoramiento está relacionado con la perspectiva de considerar al agua como un bien escaso al que se le debe asignar un valor alto para poder gestionarse. Así lo decía en una entrevista en 2024 el coordinador de Proyectos Especiales e Internacionales, Diego Berger: “Cuando vos pagás por el agua el precio que pagamos en Israel, la gente sale corriendo a ser más eficiente. ¿Por qué? Porque estás pagando mucho. ¿Por qué? Porque el costo es alto”. Describe al cambio como un “tratamiento psicológico”. Los cambios regulatorios de AySA van en sintonía con las políticas de Mekorot, implica cambiar la mirada sobre el derecho a un bien común.
El nombre de Eduardo “Wado” de Pedro vuelve a sonar entre los protagonistas de esta historia. En 2022, cuando el Ministro del Interior y ahora senador, propició una visita a Israel —con el apoyo del titular de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, Mario Montoto— su intención era presentar un proyecto de ley para centralizar la gestión del agua, algo que nunca ocurrió, ya que luego cada provincia firmó un acuerdo con Mekorot a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Abundan las denuncias de organizaciones sociales acerca de su responsabilidad en los acuerdos con Mekorot y el posterior proceso de privatización de Aysa. Su responsable de Comunicación, Franco Lucatini, lo desmiente:
—Wado es un ferviente defensor de la soberanía nacional. Su historia personal y su militancia política reafirman que todas las decisiones que tomó siempre fueron a favor de la soberanía argentina. En toda su trayectoria, su historia y su forma de pensar demuestran que siempre defendió, defiende y va a defender los recursos naturales y la soberanía nacional.
Los ejemplos van desde la defensa de la ley de Glaciares, la recuperación de YPF, la defensa del sistema científico tecnológico, su compromiso con la causa Malvinas y con la causa antártica. También menciona su trabajo en el cuidado del recurso estratégico del agua, “no sólo para consumo humano sino también por lo indispensable que es para el funcionamiento de las economías regionales de la Argentina”. La justificación del viaje a Israel tiene su motivo en la necesidad de aprender del desarrollo del país asiático para gestionar el agua en las provincias con climas y suelos áridos y semiáridos.
—Wado nunca firmó ningún acuerdo con Mekorot. A partir de ese viaje, algunas provincias avanzaron en acuerdos de cooperación técnica con la empresa, pero se trató exclusivamente de consultorías y transferencia de conocimiento para que los argentinos podamos mejorar los mecanismos de cuidado, administración y gobernanza del agua. No hubo concesiones, privatizaciones ni cesión de recursos naturales.
Como la normativa de Mekorot le impide adquirir o administrar compañías fuera de Israel, no habría sustento en la idea de que pudiera quedarse con AYSA, rebate Lucatini. “Los intentos de vincular a Wado con una eventual privatización forman parte de una operación política que busca distorsionar lo que fueron acuerdos técnicos orientados al cuidado y la planificación del recurso hídrico”. Por otro lado, los argumentos contra la reprivatización se basan en considerar al agua potable como un derecho básico y esencial, y también por la experiencia negativa de la privatización de los ‘90, en manos de Aguas Argentinas/Suez, con deterioro del servicio, contaminación y falta de inversión en infraestructura.
Obras y calidad del Agua
El presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti, en una entrevista radial advertía que las obras públicas que quedaron inconclusas en 2023, y los reclamos administrativos por el incumplimiento y abandono de 454 obras de AySA (como el alargamiento del colector cloacal de Berazategui, o la planta depuradora de líquidos cloacales de Laferrere), deberán ser resueltos por el concesionario y — sin apoyo estatal—, terminarán por impactar en el costo del servicio a los usuarios.
En relación con la calidad del agua, la ingeniera María Eva Koutsovitis afirma que el DNU 493/2025 establece parámetros notoriamente menos exigentes que la Ley 26.221. Que las omisiones y flexibilizaciones constituyen una regresión normativa en materia de salud pública y derecho ambiental, violando el principio de no regresividad.
—Aumenta los valores máximos permitidos para sustancias como nitrato (de 45 a 50 mg/l), cloruros (de 250 a 350 mg/l) y sulfatos (de 200 a 400 mg/l) sin justificación técnico-sanitaria. Además, elimina por completo el monitoreo de sustancias críticas como nitrito, cianuro, fluoruro, alcalinidad total y residuo conductimétrico.
Con respecto a lo bacteriológico, se flexibiliza el control microbiológico para coliformes y Escherichia coli, reduce drásticamente las sustancias orgánicas a monitorear (de 28 a 16), y omite establecer los mínimos de muestras anuales para el control de cuencas.
Usuarios de AYSA y diferentes organizaciones civiles: para Todos porque es de Todos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Naturaleza de Derechos y el Movimiento la Ciudad Somos Quienes la Habitamos presentaron una demanda colectiva contra el DNU 493/25 por graves violaciones al derecho humano al agua potable, la salud y la democracia participativa ambiental. Además, el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente junta firmas para defender el agua.
Integrantes de la “Campaña contra la privatización de AySA” compartieron un formulario de adhesión y convocan a una concentración el 5 de junio a las 11 hs, el Día del Ambiente en el ERAS (Ente Regulador de Agua y Saneamiento del Área Metropolitana), en Callao 982, CABA, en donde se realizará una radio abierta, en torno a las consignas: “No a la Privatización de AySA”, “Apertura de las sedes de atención al público”, “Finalización y ampliación de Obras”, y “Fuera Mekorot”. Al finalizar marcharán hasta la sede central de AYSA, Av Córdoba y Riobamba.