La diputada nacional Cecilia López Pasquali, (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley para establecer la verificación obligatoria de identidad de los usuarios de redes sociales, plataformas de comercio electrónico y aplicaciones de juegos virtuales que operen en Argentina.
La iniciativa propone que el control se realice mediante el Sistema de Identidad Digital del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), a través de una validación biométrica.
La medida alcanzaría tanto a quienes creen nuevas cuentas como a quienes ya tengan perfiles activos. Para ello, las plataformas deberán consultar en tiempo real al sistema oficial, que permitirá validar la identidad humana y verificar el rango etario de cada titular.
La propuesta alcanza a un universo amplio de usuarios. Según el informe Digital 2027 de DataReportal, Argentina registraba 33,7 millones de identidades en redes sociales en octubre de 2026, una cifra equivalente al 73,2% de la población. El relevamiento advierte que el número no representa necesariamente personas únicas, ya que una misma persona puede tener más de una cuenta.
Según el texto, la respuesta del RENAPER se limitaría a tres datos: la confirmación de identidad humana, el rango de edad -mayor de 13, mayor de 16 o mayor de 18 años- y un identificador interno de trazabilidad encriptado. Las plataformas no podrían almacenar fotografías, huellas ni plantillas biométricas de los usuarios.
Cabe destacar que el proyecto contempla una excepción para las cuentas de uso meramente consultivo o sin interacción.
Cómo funcionaría el sistema de identificación en redes sociales
Uno de los puntos clave de la propuesta es que los usuarios podrán seguir utilizando nombres de fantasía, seudónimos, avatares, nombres artísticos o comerciales. Las plataformas tampoco podrán obligarlos a mostrar públicamente su nombre legal. La legisladora argumentó en los fundamentos de la normativa que el anonimato absoluto “destruye la confianza que sostiene la economía digital”.
Sin embargo, cada cuenta deberá estar vinculada internamente a un identificador de trazabilidad asociado con la identidad real de su titular. Esa vinculación tendrá carácter confidencial y solo podrá revelarse ante un requerimiento fundado de una autoridad judicial competente, en el marco de una causa penal o civil.
El artículo 6 también establece que, ante denuncias por delitos de estafa, defraudación o comercialización de bienes ilegales o de procedencia ilícita a través de estas plataformas, sus responsables deberán proporcionar de forma inmediata la identidad real del titular de la cuenta ante los requerimientos de la Justicia ordinaria o federal.
Qué propone para las cuentas de menores de edad
La iniciativa también establece condiciones específicas para el acceso de niños, niñas y adolescentes a las plataformas digitales, en un contexto donde más de 300 organizaciones reclaman una ley para proteger a menores y regular las plataformas digitales.
En las aplicaciones de juegos con apuestas o contenidos no aptos para menores de 18 años, el registro o acceso requerirá una validación biométrica que certifique la mayoría de edad del titular.
En cambio, para las plataformas habilitadas para menores, la creación de cuentas deberá contar con una validación biométrica vinculada del padre, madre, tutor o representante legal.
Qué obligaciones tendrán las plataformas
El proyecto de ley dispone que las empresas alcanzadas deberán incorporar el mecanismo de verificación como requisito previo al alta, registro o mantenimiento de cuentas activas. Tendrán 180 días corridos desde la promulgación de la eventual ley para adecuar sus sistemas.
El incumplimiento podría derivar en multas, apercibimientos e incluso la interrupción temporal de la prestación del servicio en el territorio nacional. La autoridad de aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo dentro de los 30 días posteriores a la promulgación.
La propuesta establece que el tratamiento de los datos deberá ajustarse a la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales. También prohíbe su utilización para fines comerciales, el perfilamiento de usuarios, la divulgación masiva de identidades o cualquier otro propósito ajeno a los previstos en la iniciativa.