La fiscalización ambiental y la gestión de residuos urbanos suman una nueva herramienta en Mendoza. La Municipalidad de San Carlos creó su propia Policía Ambiental, un cuerpo destinado a prevenir y controlar infracciones vinculadas con la contaminación, la formación de microbasurales y la disposición ilegal de residuos en espacios públicos.
La medida quedó establecida mediante la Ordenanza Nº 2.099, aprobada por el Concejo Deliberante el 22 de octubre y publicada este martes en el Boletín Oficial. La normativa busca reforzar la presencia municipal en las tareas de inspección y vigilancia, ante la necesidad de controlar el arrojo de basura en calles, terrenos baldíos, acequias y otros espacios públicos.
El municipio, conducido por el intendente Alejandro Morillas, también adhirió a la Ley provincial 9.737, correspondiente al Código de Contravenciones de Mendoza, que establece sanciones para quienes arrojen residuos en la vía pública.
Qué controlará la Policía Ambiental de San Carlos
El nuevo cuerpo tendrá facultades para fiscalizar distintas etapas de la gestión de residuos, desde su generación y almacenamiento hasta su transporte y disposición final. Entre sus principales responsabilidades estará detectar basurales a cielo abierto, prevenir puntos de descarte clandestinos y denunciar quemas no autorizadas.
También deberá controlar el arrojo de basura en cauces, canales, acequias, espacios públicos y terrenos baldíos. La normativa incluye inspecciones a grandes generadores de residuos, como comercios, industrias, establecimientos gastronómicos, instituciones, emprendimientos turísticos y organizadores de eventos.
Los agentes municipales podrán labrar actas de infracción y reunir pruebas mediante fotografías, videos, registros georreferenciados e informes técnicos. Cuando detecten situaciones que excedan las competencias del municipio, deberán dar intervención a las autoridades provinciales.
El personal deberá integrar la planta municipal y recibir capacitación periódica. Además, la ordenanza contempla la coordinación con otros organismos, entre ellos el COINCE y las fuerzas de seguridad.
Las multas ambientales podrán llegar a $1,2 millones en San Carlos
La ordenanza establece un esquema de sanciones económicas calculadas en Unidades Tributarias Municipales (UTM), con montos diferenciados según la gravedad de cada infracción.
Las multas se dividen en tres categorías:
- Infracciones leves: entre 10.000 y 20.000 UTM.
- Infracciones graves: entre 20.001 y 40.000 UTM.
- Infracciones gravísimas: entre 40.001 y 60.000 UTM.
Entre las conductas consideradas graves figuran arrojar o abandonar residuos en lugares no autorizados, contribuir a la formación de microbasurales, incumplir las obligaciones de los grandes generadores y obstaculizar las inspecciones.
Las infracciones gravísimas incluyen generar o mantener basurales a cielo abierto, arrojar residuos en cauces o acequias cuando exista riesgo ambiental, realizar quemas incontroladas y transportar o disponer basura en sitios no habilitados cuando se produzca un daño o riesgo significativo.
El valor de la UTM se actualizará automáticamente de acuerdo con la Ordenanza Tarifaria vigente al momento del pago. Para el ejercicio 2026, San Carlos estableció un valor de $20 por unidad. Con esa referencia, las multas podrían oscilar actualmente entre los $200.000 y $1.200.000.
En caso de reincidencia, la sanción económica podrá alcanzar hasta el triple del máximo previsto para cada infracción. Para determinar el monto, se tendrán en cuenta los antecedentes del responsable, el volumen de residuos, el daño ocasionado y el carácter comercial o particular de la actividad, entre otros factores.
El régimen también contempla sanciones adicionales, como apercibimientos, obligación de limpiar y recomponer los espacios afectados, suspensión de habilitaciones, clausuras preventivas o definitivas y decomiso de los elementos utilizados para cometer la infracción.
Si el responsable no cumple con la obligación de limpieza, el municipio podrá realizar los trabajos y trasladarle los costos. Además, cuando no sea posible identificar a quien arrojó los residuos, la responsabilidad podrá recaer sobre el titular registral del inmueble o sobre quien lo utilice o explote.
La normativa también establece dos vías para tramitar las infracciones. Por un lado, el procedimiento administrativo municipal, dirigido a responsables vinculados con el padrón local. Por otro, el procedimiento contravencional, que se aplicará a personas físicas identificadas en flagrancia o sin vínculo tributario directo y podrá derivar en actuaciones ante la Justicia de Paz Letrada y Contravencional de San Carlos.
Por último, la ordenanza obliga al municipio a implementar un sistema de denuncias ambientales mediante canales digitales, telefónicos y presenciales. El registro deberá incluir la fecha, ubicación, tipo de problema, intervención realizada y estado de resolución. También se establecerán mecanismos para recibir denuncias anónimas cuando exista riesgo para quienes informen las infracciones.