El Gobierno nacional prohibió la comercialización en todo el país de los juguetes infantiles blandos tipo squishy o squeezy de la marca Pinch Family, luego de que un análisis de laboratorio detectara sustancias químicas en concentraciones superiores a los límites establecidos por la normativa vigente. Los productos, importados de China, fueron considerados un riesgo para la salud de los consumidores.
La medida se oficializó mediante la Disposición 804/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. La decisión alcanza a las distintas variantes y presentaciones de estos juguetes que no cuenten con certificaciones vigentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos de seguridad exigidos en Argentina.
El caso vuelve a poner en discusión los controles sobre los productos infantiles que ingresan al mercado, especialmente aquellos que se comercializan por múltiples canales y pueden llegar a los consumidores sin información suficiente sobre su composición química.
Juguetes con ftalatos por encima del límite permitido en Argentina
La investigación comenzó tras la recepción de denuncias y antecedentes sobre juguetes importados que contendrían ftalatos en proporciones superiores a las permitidas. Estas sustancias se utilizan para ablandar los plásticos y darles flexibilidad, pero determinadas variedades, como el bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP), están sujetas a límites específicos por los riesgos que pueden representar para la salud.
Un informe del laboratorio de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), realizado sobre muestras del producto “Squeezy Pinch Family”, concluyó que los artículos no cumplían con los requisitos técnicos de seguridad.
El análisis químico detectó DEHP en una concentración superior al 0,2%, cuando el máximo permitido por la Resolución 583/2008 del Ministerio de Salud es del 0,1%. De esta manera, los niveles encontrados superaron el doble del límite establecido por la normativa.
A partir de esos resultados, la Dirección Nacional de Gestión de Servicios Asistenciales del Ministerio de Salud recomendó evaluar el retiro de todos los productos elaborados con el mismo material, procedentes del mismo origen y pertenecientes a la misma línea comercial. La recomendación incluyó las distintas variantes y presentaciones de los juguetes vendidos bajo la marca Pinch Family.
Otro de los aspectos señalados en la disposición es que estos artículos, fabricados con plástico blando y comercializados en diferentes modelos y formatos, suelen venderse sin información ni advertencias en idioma nacional. Esta situación dificulta que los consumidores accedan a datos básicos sobre las características y la seguridad de los productos que compran.
La prohibición alcanza a los juguetes que no dispongan de certificados vigentes que demuestren el cumplimiento de los límites de ftalatos y de los requisitos de seguridad aplicables a los juguetes comercializados en el país.
Destruirán el stock de juguetes prohibidos y habrá sanciones para los vendedores
La disposición establece que importadores, distribuidores y comerciantes mayoristas y minoristas deberán destruir y desechar de manera segura e inmediata las unidades alcanzadas por la prohibición. La obligación busca evitar que los productos continúen circulando en el mercado una vez identificados los incumplimientos.
Para quienes comercializan estos juguetes a través de sitios web, la normativa fija un plazo de 72 horas hábiles para informar de manera destacada en sus páginas sobre los alcances de la medida. La obligación cobra relevancia por la diversidad de canales utilizados para vender estos artículos, desde locales físicos hasta redes sociales y plataformas de comercio electrónico.
En los fundamentos, el Gobierno justificó la decisión por la posible escala de comercialización de los productos y por la facilidad con la que los consumidores pueden acceder a ellos desde distintos puntos del país. También advirtió sobre las operaciones realizadas con proveedores que no están radicados en Argentina, una situación que puede complicar los controles y la identificación de los responsables de la venta.
El organismo señaló que ya se habían realizado fiscalizaciones y adoptado medidas preventivas para intervenir sobre la comercialización de estos juguetes. Las infracciones a la disposición podrán sancionarse conforme al régimen de penalidades de la Ley de Defensa del Consumidor y del decreto de Lealtad Comercial, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades penales que pudieran corresponder.
La medida también será comunicada al Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de Comercio Exterior y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Además, se notificará a las autoridades de comercio y protección del consumidor de las distintas jurisdicciones para coordinar acciones a través del Consejo Federal del Consumo (COFEDEC).