El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió reforzar el control sobre las construcciones en la franja costera y en las riberas fluviales del territorio bonaerense. A través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, la Autoridad del Agua (ADA) estableció nuevas condiciones para autorizar obras y elevó las restricciones edilicias junto al mar, con el objetivo de fortalecer la protección ambiental y el ordenamiento urbano.
La Resolución 1520/2025 dispuso que no podrán realizarse loteos ni edificaciones dentro de una franja de 150 metros desde la línea de ribera del Mar Argentino, en el partido de General Pueyrredón. Además, se prohíbe toda construcción sobre médanos o cadenas de médanos, incluso aquellos ubicados a mayor distancia de la costa.
Con esta medida se reemplaza el retiro de 100 metros vigente desde 2014, alineado entonces con una ordenanza municipal marplatense, y se adopta el estándar previsto en el Código de Aguas (Ley 12.257).
Protección de los médanos costeros
Desde la ADA explicaron que el criterio anterior había quedado desactualizado, ya que solo se detectaron dos parcelas que aún aplicaban esa restricción más flexible. “Resulta oportuno adecuar la situación existente al marco vigente de protección, conservación y manejo del recurso hídrico”, señalaron desde el organismo.
El propósito central de la medida es evitar el avance urbano sobre los médanos, considerados áreas de protección ambiental prioritaria por su función en la preservación del ecosistema costero.
La resolución contó con la intervención de la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado, y fue notificada a las empresas desarrolladoras involucradas, entre ellas Constructora Cromar S.A. y Bosques del Faro S.R.L., que manifestaron su conformidad con el nuevo criterio. También se ordenó comunicar los cambios al municipio de General Pueyrredón y disponer su publicación en el Boletín Oficial.
Intervención obligatoria de la ADA
En paralelo, la Resolución 1521/2025 estableció que los municipios deberán solicitar la intervención previa de la Autoridad del Agua antes de autorizar cualquier obra que implique modificaciones materiales o jurídicas en las riberas marítimas o fluviales bajo su administración.
La disposición alcanza incluso a aquellas zonas cedidas por convenio para uso o explotación turística, pero sobre las cuales la Provincia mantiene facultades de fiscalización y control.
El texto recuerda que, pese a las cesiones realizadas en décadas pasadas, el Ejecutivo bonaerense “se ha reservado las atribuciones de reglamentación, inspección, verificación e intervención” sobre todo el dominio público costero. Con estas medidas, la Provincia busca unificar criterios técnicos, evitar interpretaciones locales dispares y garantizar la protección integral del frente costero y las riberas fluviales, previniendo la degradación ambiental, ordenando el crecimiento urbano y asegurando el cumplimiento de los estándares mínimos previstos en la legislación vigente.