La Justicia Federal ordenó a la Municipalidad de El Chaltén restringir durante 90 días las actividades que se realizan en el Centro de Acopio de Residuos Reciclables Inorgánicos (CARRI), en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley 24.051 y un posible impacto sobre el río Fitz Roy.
La medida cautelar fue dispuesta por la jueza federal Mariel Borruto a pedido de la Unidad Fiscal Río Gallegos, a partir de una investigación encabezada por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, a cargo del fiscal federal interino Julio Zárate.
La resolución establece que el predio solo podrá utilizarse para el acopio, selección, compactación, acondicionamiento y transferencia de residuos inorgánicos recuperables, siempre que estén limpios y secos.
Además, quedó prohibida cualquier disposición final, enterramiento, cobertura con tierra, quema, abandono, descarga, vuelco o dispersión de residuos dentro del centro. También se impidió el ingreso de residuos orgánicos, peligrosos o especiales de generación universal para su disposición o permanencia sobre suelo natural.
Qué encontró la Justicia en el centro de residuos de El Chaltén
Uno de los principales puntos de la investigación surgió durante un allanamiento realizado el 26 de mayo, cuando personal de la Prefectura Naval Argentina inspeccionó el predio y tomó muestras del suelo.
Durante el procedimiento se encontraron recipientes volcados que contenían aceite o sustancias de composición grasa. Las muestras fueron posteriormente sometidas a un peritaje para determinar la presencia de posibles contaminantes.
El análisis detectó HEM, un indicador utilizado para identificar grasas y aceites, tanto en muestras sólidas como líquidas. También se registró presencia positiva de SGT-HEM en muestras sólidas, un parámetro asociado a la detección de hidrocarburos.
La preocupación de la fiscalía se relacionó también con las características del terreno. Los recipientes se encontraban sobre suelo natural, sin una superficie impermeabilizada que evitara el contacto de las sustancias con el suelo.
Según la investigación, esa situación podía favorecer la filtración de los líquidos y su posterior llegada al río Fitz Roy, un curso de agua ubicado en las inmediaciones del predio.
A partir de estos elementos, el fiscal Zárate señaló que el almacenamiento inadecuado de recipientes, la falta de sistemas de impermeabilización y contención y la exposición de los materiales a la intemperie eran compatibles con los resultados obtenidos durante los análisis.
La investigación busca determinar si estas condiciones generaron un impacto ambiental y si existió un incumplimiento de la normativa que regula la gestión de residuos.
Las nuevas restricciones para el funcionamiento del CARRI
La medida judicial también alcanza las actividades que podrían generar nuevos derrames o liberar sustancias contaminantes dentro del predio.
Durante los próximos 90 días quedaron suspendidos el lavado de camiones, el mantenimiento mecánico y los cambios de aceites o combustibles cuando estas tareas se realicen sobre superficies sin impermeabilización ni sistemas adecuados para recolectar y contener posibles efluentes.
La Justicia también ordenó que, dentro de las 48 horas posteriores a la notificación, se aíslen y señalicen los sectores donde fueron encontrados recipientes con combustibles, aceites y sustancias grasas, además de las zonas donde se detectaron derrames y los puntos relacionados con las muestras tomadas durante la investigación.
En un plazo máximo de diez días, esos elementos deberán ser inventariados, envasados, rotulados y retirados del lugar. Para su traslado deberán intervenir transportistas y operadores habilitados, con la documentación y los manifiestos correspondientes.
La resolución también impide realizar excavaciones, rellenos, remociones, traslados o cualquier otra alteración del suelo y de los residuos ubicados en las áreas bajo investigación. Solo quedan exceptuadas las acciones urgentes de contención o retiro expresamente contempladas en la medida cautelar.
La Fiscalía había solicitado la intervención judicial el 10 de septiembre, luego de finalizar el peritaje, con el objetivo de evitar que una eventual contaminación pudiera extenderse, pero procurando que las restricciones no implicaran el cierre total del centro de residuos.