La Cámara de Diputados sancionó esta madrugada la modificación de la Ley de Glaciares, tras una extensa jornada de debate que culminó con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones. La iniciativa redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, con el objetivo de brindar mayor precisión técnica a la normativa vigente.
El eje de la discusión estuvo centrado en la necesidad de delimitar con mayor claridad el ambiente periglacial, priorizando la protección de aquellas geoformas con función hídrica relevante. Desde el oficialismo y las provincias productoras sostuvieron que la ley sancionada en 2010 presentaba ambigüedades que, durante años, actuaron como un freno para el desarrollo de proyectos en zonas sin riesgo ambiental significativo.
La reforma, que contó con respaldo de los distritos mineros, busca otorgar seguridad jurídica a una industria que considera clave para el crecimiento económico y la generación de divisas.
Inversiones millonarias y proyectos estratégicos en marcha
Con la nueva normativa, el sector minero proyecta una ola de inversiones por unos u$s30.000 millones, apalancada en algunos de los desarrollos metalíferos más importantes del país. Entre ellos se destacan Vicuña, El Pachón y Los Azules en San Juan, el proyecto MARA (Agua Rica) en Catamarca y Taca Taca en Salta.
Estos emprendimientos, considerados entre los mayores yacimientos de cobre del mundo, requieren definiciones técnicas claras para avanzar hacia sus etapas de construcción, caracterizadas por una alta demanda de capital. El cobre, junto con otros minerales como el litio, el oro, las tierras raras y el uranio, aparece como un insumo clave en la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías.
De concretarse, este paquete de inversiones consolidaría el rol estratégico de Argentina como proveedor global de minerales críticos, en un contexto de creciente demanda internacional.
Empleo, sustentabilidad y el debate ambiental
Desde el sector privado, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) sostiene que la nueva ley aportará previsibilidad y permitirá expandir una actividad que hoy genera más de 100.000 empleos, con potencial de duplicarse en el corto plazo.
Las empresas remarcan que la minería moderna opera bajo estándares internacionales de sustentabilidad y destacan que el consumo de agua representa apenas el 1% del total en las regiones donde se desarrolla la actividad. Además, aseguran que entre el 70% y el 90% del recurso hídrico utilizado se recircula mediante sistemas cerrados.
A pesar de estos argumentos, la reforma enfrentó resistencia de sectores ambientalistas y parte de la oposición. No obstante, sus impulsores sostienen que una legislación clara y técnicamente precisa es fundamental para garantizar tanto la protección del ambiente como el desarrollo productivo.
En ese sentido, remarcan que cada proyecto minero debe cumplir con estrictos estudios de impacto ambiental, auditados periódicamente por autoridades provinciales, universidades y organismos especializados, en el marco de la legislación vigente.