La Justicia de Salta impuso una multa superior a los 21.800 millones de pesos -equivalente a unos 15 millones de dólares- a dos empresarios agropecuarios responsables de uno de los mayores desmontes ilegales registrados en Argentina. La decisión judicial se produjo luego de constatar reiterados incumplimientos en el plan de restauración ambiental que habían asumido tras ser sancionados por la destrucción de más de 11.000 hectáreas de bosques nativos.
El caso involucra a los empresarios Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen, propietarios de una estancia ubicada a unos 20 kilómetros de la localidad de Dragones, en el norte de Salta. El desmonte afectó territorios habitados por comunidades wichí y familias campesinas, y fue denunciado en distintas oportunidades por Greenpeace.
La organización ambientalista viene siguiendo el caso desde hace más de una década. De hecho, en 2023 activistas desplegaron un cartel gigante en la finca para denunciar la falta de avances en la remediación ambiental comprometida por los responsables.
“Se trata de una multa histórica, para uno de los mayores desmontes ilegales de las últimas décadas. Fue un ecocidio que realizaron con total impunidad durante varios meses con 18 topadoras y que recién se frenó cuando la agencia de recaudación -entonces AFIP- denunció a los dueños de la finca por trabajo esclavo. Les impusieron una importante multa por el desmonte del tamaño de media ciudad de Buenos Aires, pero luego acordaron un plan de remediación del bosque que nunca concretaron y continuaron con su negocio agropecuario como si nada”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Desmonte ilegal en Salta: qué detectó la Justicia sobre la falta de restauración
La decisión de elevar la multa estuvo basada en los informes presentados por el Ministerio Público Fiscal de Salta, que señalaron numerosos incumplimientos respecto de las obligaciones de restauración ambiental.
En sus fundamentos, el organismo sostuvo que “desde 2018 no hubo evidencia concreta de restauración activa y que persisten actividades productivas dentro de los catastros afectados, pese a las restricciones judiciales. Entre las irregularidades señaladas figuran actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en la reforestación y ausencia de avances en la restauración del bosque nativo”.
Según la investigación, pese a las restricciones impuestas por la Justicia, los responsables continuaron desarrollando actividades agropecuarias en la zona afectada, sin ejecutar las acciones necesarias para recomponer el ecosistema dañado.
Greenpeace reclama sanciones más duras por la destrucción de bosques nativos
El caso fue denunciado por Greenpeace en 2013, 2016 y 2023, convirtiéndose en uno de los expedientes ambientales más emblemáticos del país. Para la organización, la nueva sanción representa un precedente importante, aunque advierte que todavía queda pendiente la recuperación efectiva del bosque destruido.
“Si bien la multa es por un monto sin precedentes en causas de desmonte ilegal en Argentina, esperamos que pronto se avance en la remediación ambiental. Este tipo de casos demuestran por qué es necesario penalizar la destrucción de nuestros bosques, que son fundamentales para la regulación climática e hídrica y contienen la mayor biodiversidad del planeta. Además nos brindan recursos claves como alimentos, medicinas y maderas, y son el sustento y territorio de comunidades indígenas y campesinas”, afirmó Cruz.
Desde Greenpeace también convocaron a la ciudadanía a impulsar cambios legislativos que incorporen penas de prisión para los responsables de desmontes ilegales e incendios forestales.
La causa continúa abierta y la expectativa ahora está puesta en que las medidas judiciales logren finalmente garantizar la restauración de una de las áreas de bosque nativo más afectadas por el avance ilegal de la frontera agropecuaria en Argentina.