En medio de fuertes cruces, y un día después de haber conseguido el dictamen, el oficialismo logró convertir en ley las modificaciones a la ley de Glaciares que contaba con media sanción del Senado.
Se trata de cambios a la Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre de 2010, que establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La ley vigente prohíbe expresamente actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares, como la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de infraestructura ajena a la investigación científica, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, y la instalación de industrias.
Establece además que cualquier actividad proyectada en zonas glaciares debe someterse a una evaluación de impacto ambiental y garantizar la participación ciudadana, salvo en casos de rescate, investigación científica no invasiva o deportes no motorizados.
En tanto, la norma que envió el Poder Ejecutivo al Congreso plantea una reforma con el argumento de subsanar “graves falencias interpretativas” que, según su visión, habrían generado inseguridad jurídica y frenado inversiones productivas, especialmente en el sector minero.
Según el Gobierno de Javier Milei, la reforma busca ordenar el marco normativo, eliminar interpretaciones arbitrarias y fortalecer el federalismo ambiental, permitiendo que las provincias asuman mayor protagonismo en la gestión de sus recursos.
El debate en el recinto se produjo un día después de haber conseguido el dictamen que habilita el tratamiento en el recinto, en la primera sesión del período ordinario de sesiones que se abrió el 1 de marzo pasado.
La sanción se concretó en una larga sesión que demandó casi 12 horas de sesión, en la que no faltaron los cuestionamientos de la oposición que planteó cuestiones de privilegio y apartamientos de reglamento con temas ríspidos para el gobierno como la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y denuncias contra el Ejecutivo por la quita de acreditaciones en Casa Rosada de varios medios periodísticos.
El proyecto se aprobó finalmente esta madrugada por 137 votos a favor y 111 en contra.
Para la sanción, el oficialismo contó con el apoyo del PRO, la UCR y fuerzas provinciales, que responden a los gobernadores de provincias mineras.
Pasadas las 22, la presencia de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei en el Congreso ya aventuraba el resultado a favor del oficialismo.
Un día antes, en un plenario de comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, el oficialismo se alzó con el dictamen favorable de la iniciativa, en una reunión que contó con la presencia previamente de una veintena de expositores, todos a favor de la reforma de la Ley de Glaciares, entre ellos dos gobernadores de provincias mineras, como así también ministros, secretarios y subsecretarios nacionales y provinciales de Minería.
El dictamen de mayoría tuvo 37 firmas y los otros tres dictámenes correspondieron uno a Unión por la Patria, otro a Provincias Unidas y un cuarto de Maximiliano Ferraro, en contra.
Voces a favor y en contra
Al inicio del debate, el diputado sanjuanino José Peluc, de La Libertad Avanza, repasó los aspectos centrales de la norma y fundamentó el respaldo del oficialismo.
En ese marco, cuestionó el rechazo opositor y enfatizó: “Ustedes leen hasta donde quieren y entienden hasta donde quieren“.
En tanto, desde la oposición, uno de los más fervientes en manifestarse en contra de la iniciativa fue Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, que dijo que se trata de una ley “totalmente regresiva e inconstitucional” y se mostró en contra las mineras y algunos gobernadores.
“No tengo ningún problema en decirlo: el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo”.
También, rechazó la iniciativa el diputado Miguel ángel Pichetto, uno de los que impulsó la sanción de la ley que se modifica y señaló: “La ley que se ha votado en 2010 es una ley autosuficiente que permitía perfectamente conciliar los intereses de un gobierno nacional que, como el de su presidente, tiene una vocación minera, conciliando también con las provincias y acordando fundamentalmente a través de un órgano técnico, científico, que es el IANIGLA, que pasa prácticamente a ser liquidado por esta decisión que van a tomar hoy a la tarde. Por lo tanto, estoy en contra de esta ley. Ratifico lo que voté en el año 2010. No existe ningún argumento ni técnico, ni económico, ni político que avale este cambio”.
Otro que rechazó de plano la ley fue el diputado kirchnerista Juan Grabois que sostuvo que el proyecto oficialista “es una ley envenenada. Mienten cuando dicen que la minería en glaciares no envenena. Van a envenenar el agua. Esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de tu casa”, aseveró.
¿Que cambia con la nueva ley de Glaciares?
El proyecto que modifica la Ley 26.639 redefine el artículo 1° para precisar el objeto de protección: los glaciares y geoformas del ambiente periglacial “que cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas.
También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41.
La iniciativa fue elaborada por el Consejo de Mayo y propone, además, la incorporación del principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas.
Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para actualizar el inventario.
También hay cambios en el régimen de prohibiciones que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local.
Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica.
Además, el texto faculta a las provincias a que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, si no puede autorizarse.
Otras de las modificaciones es la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita a realizar evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite.
Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.
Por último, redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias.
El Gobierno señala que, a quince años de vigencia de la ley, solo se completó el nivel 1 del Inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.
Otra protesta de Greenpeace
Los activistas de Greenpeace llevaron el miércoles su rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares hasta el monumento del Congreso con banderas y consignas dirigidas a los diputados en las primeras horas del miércoles, previo al inicio de la sesión.
En ese marco, un fuerte operativo policial terminó con varios demorados y como contrapartida, una convocatoria a seguir reclamando y manifestándose en contra de las modificaciones a la ley.
Sobre la estructura del monumento colocaron dos mensajes dirigidos a los legisladores: “Diputados: no traicionen a los argentinos” y “La Ley de Glaciares no se toca”.
La intervención comenzó cerca de las 6:30 de la mañana del miercoles, cuando los manifestantes sortearon el cerco perimetral e ingresaron al predio para colgar una bandera de gran tamaño.
La protesta generó un importante despliegue de la Policía de la Ciudad y la intervención de bomberos del Grupo Especial de Rescate, ya que dos de los activistas permanecían en altura.
En total participaron nueve personas, que fueron identificadas y demoradas.
A los manifestantes se les labraron actas contravencionales y, tras quedar a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, recuperaron la libertad horas más tarde.
El reclamo se inscribió en un clima de creciente tensión política por el tratamiento legislativo de la iniciativa, frente a la cual las organizaciones ambientales advirtieron sobre un retroceso en la protección de los recursos hídricos y los ecosistemas de alta montaña.
Desde Greenpeace señalaron que la reforma pondría en riesgo el resguardo de los glaciares y el acceso al agua.
Por la tarde, en tanto, distintas agrupaciones ambientalistas y sectores de la oposición se volvieron a movilizar frente al Congreso, mientras en el interior del Palacio, los diputados debatían los cambios a la norma aprobada en 2010.
No es la primera vez que la organización recurre a este tipo de acciones: semanas atrás, integrantes de Greenpeace ya habían sido detenidos durante una manifestación en la explanada del Palacio Legislativo por el mismo reclamo.