En medio de fuertes controversias, esta semana se iniciará en la Cámara de Diputados el debate sobre la modificación de la ley de glaciares, en el marco de dos jornadas de audiencias públicas para debatir la norma que ya tiene media sanción del Senado.
La polémica -más allá de las discrepancias por los alcances de la ley- está dada por el mecanismo dispuesto por el oficialismo y las medidas judiciales presentadas por las organizaciones que cuestionaron el método elegido por el oficialismo para limitar la cantidad récord de exposiciones.
El conflicto surgió porque se inscribieron más de 80 mil personas -la mayoría provenientes de las fundaciones que se oponen a la modificación de la norma- y La Libertad Avanza se negó a extender las jornadas.
Por lo contrario, planteó que se podrán enviar exposiciones por escrito o grabadas e incluso cargarlas en la «comunidad» de la Cámara de Diputados en Youtube. De todos modos, el debate se realizará -tal como se había dispuesto en un plenario de comisiones a fines de febrero a instancias del oficialismo- este miércoles 25 y el jueves 26 y no se extenderá, a pesar de los reclamos opositores y los planteos por judicializarla. La actividad se desarrollará luego del fallo de la justicia que rechazó el pedido de Greenpeace y otras ONG de suspender las audiencias para que se garantice la participación de todos los inscriptos.
La obligatoriedad de realizar las audiencias públicas está establecida en la propia ley de Glaciares, que plantea que es necesario el paso de las audiencias para poder avanzar en la norma, instancia que no se habilitó en su paso por el Senado. Por eso, el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales abrió el llamado a la sociedad civil a participar, ante las amenazas de judicialización planteadas por la oposición. El titular de Asuntos Constitucionales, el libertario Nicolás Mayoraz, fue el encargado de comunicar el formato, donde se estableció un sistema en el que sólo habrá un cupo de 200 exposiciones —presenciales y virtuales—, que se definieron por ser los primeros que se anotaron por cada provincia, y el resto de los inscriptos deberán hacer un video de no más de cinco minutos y cargarlo en una plataforma digital. “El marco legal es claro y se cumple al pie de la letra”, aseguró Mayoraz para ratificar el formato de las audiencias que se realizarán esta semana en la sala 1 del Anexo C de la Cámara de Diputados. Para el diputado santafesino, «el plazo es más que razonable» y dijo que «toda la información necesaria para participar fue puesta a disposición de la ciudadanía en forma clara y oportuna, tal como lo dispone el art. 7.4 del Acuerdo de Escazú» y que «no se dispuso ningún criterio restrictivo de participación».
«Los que quisieron boicotear este proceso fracasaron. Y fracasaron porque la ciudadanía fue más fuerte que cualquier maniobra». «Escucharemos a cada uno de los que participen, integraremos sus aportes al proceso legislativo y trabajaremos para lograr la mejor ley posible del ‘Congreso más reformista de la historia'». «Ya somos una cancha de Ríver llena. La audiencia pública no puede hacerse en dos días, y mucho menos violando la oralidad, reemplazándola por videos o escritos. No es participación, es simulación», graficó el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro en su cuenta de Twitter, al rechazar la metodología impulsada por LLA.
¿Qué había pedido Greenpeace?
No conforme con la metodología dispuesta por el oficialismo para ordenar el debate, y ante la cantidad de inscriptos, Greenpeace junto a otras organizaciones presentó un escrito para que la Cámara de Diputados garantice la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública.
También solicitaron que la participación no se reemplace por el envío de una carta o un video y que se designen veedores judiciales que supervisen el desarrollo de la audiencia, tanto presenciales como virtuales. Para ordenar el debate, el oficialismo resolvió que se haría una selección dentro de los primeros inscriptos para que 200 expongan el miércoles presencialmente y otros 200 el jueves vía zoom. Tomaron en cuenta que haya referentes de las 23 provincias y de CABA.
Pero la Justicia, respondió en las últimas horas a la medida cautelar y en el fallo conocido este viernes 20, tras la finalización del plazo para las inscripciones, el juez federal Enrique Alonso Regueira, rechazó el planteo solicitado por Jonatan Baldiviezo, quien se pronunció en representación de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad.
A través del fallo, el magistrado señaló que «la parte actora no alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca -al menos con el grado de evidencia que se requiere- para suspender los efectos de un acto parlamentario».
Tras la medida judicial, el oficialismo a través del propio Mayoraz insistió en que «todas las provincias tienen representación garantizada en las instancias en vivo, de forma presencial y virtual». «Los que hablan de ‘exclusión’ deberían explicar qué entienden ellos por participación, porque esto es lo más federal e inclusivo que se haya visto en el Congreso», enfatizó en referencia a la postura de la oposición y de las organizaciones ambientales que no ocultaron su malestar por la modalidad.
La modificación a la Ley de Glaciares llegó al Congreso para el primer tramo de sesiones extraordinarias en diciembre pasado impulsada por el aporte del Consejo de Mayo. Sin embargo, su debate quedó postergado por la discusión del Presupuesto 2026 aunque tuvo dictamen del Senado el 18 de diciembre de 2025. El tema fue incluído en el segundo llamado a extraordinarias dispuesto por el gobierno de Javier Milei para febrero pero el debate estuvo centrado esta vez en la ley de reforma laboral, que se extendió más de lo previsto, y la modificación a la ley de Glaciares quedó en segundo plano.
De todos modos, el texto fue modificado y logró la media sanción el jueves 26 de febrero último. En su paso por el Senado, la oposición -que optó por no participar del tratamiento en desacuerdo por la conformación de comisiones- no invocó al artículo 41 de la Constitución Nacional, a la Ley General del Ambiente (arts. 2, 19, 20 y 21) ni al Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) que si solicitaron en la Cámara baja Maximiliano Ferraro, Provincias Unidas, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
Con todo, el oficialismo confía que, más allá de las audiencias, contará igual con los votos necesarios para aprobar la ley en Diputados, donde cuenta con un grupo de gobernadores de provincias mineras que están a favor del texto. Debido a la presencia multitudinaria de expositores, las autoridades de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales resolvieron que las audiencias públicas se lleven a cabo en la Sala del Anexo C de la Cámara de Diputados.
Allí, cada bloque podrá contar con la presencia de un máximo de dos asesores presentes. Cabe recordar que, a diferencia de esta discusión, el debate por la interrupción voluntaria del embarazo de mandó 15 audiencias de las que participaron 738 oradores y que se transmitieron en vivo, menos de la mitad de los expositores que participarán de la discusión por la ley de Glaciares.
Según el cronograma diseñado por LLA, la intención es que tras las audiencias públicas, la primera semana de abril después de los feriados por Semana Santa se firme el dictamen para llevarlo al recinto la siguiente semana, donde si no hay cambios que obliguen a devolver el texto al Senado- la norma se convierta en ley. La reforma incluye una serie de cambios que, según ambientalistas, diluirían las protecciones a los glaciares, aunque las mineras y otros actores consideran que brindarían precisiones para avanzar con inversiones que convertirían al país en un proveedor clave de cobre y litio, metales con creciente demanda por la transición energética.
Una de las principales modificaciones consiste en delegar en las provincias la definición de los estándares para preservar los glaciares y el ambiente periglacial, que incluye cuerpos de hielo cubiertos por fragmentos de roca que pueden constituir una reserva hídrica estratégica. ¿Cómo serán las jornadas? Las audiencias públicas tendrán un total de 360 expositores: serán 180 en el formato presencial y otros 180 de manera virtual. El total de inscriptos alcanzó una cifra superior a las 100.000 personas desde que se abrió la posibilidad de participar hasta este viernes 20 que finalmente se cerró la lista de expositores.
Asimismo, el horario de 10 a 19 establecido originalmente se extendería con el fin de garantizar las casi 200 intervenciones de cada jornada.
- Quiénes se encuentren inscriptos en el registro habilitado hasta el viernes 20 de marzo a las 20, podrán hacer llegar sus ponencias de manera escrita (artículo 3° del Reglamento de la Audiencia Pública) y/o adjuntando un video, de no más de 5 minutos de duración, a la “Comunidad” del Canal de Youtube Oficial de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
- Las presentaciones en video quedarán registradas en el canal oficial de la Cámara de Diputados de la Nación para su registro permanente.
- Se invitará a participar en las audiencias de forma presencial el día miércoles 25 de marzo y virtual el día jueves 26 de marzo, a quienes se encuentren dentro de los primeros inscriptos de cada jurisdicción (provincia)
- Se garantizará la participación de representantes de las veinticuatro (24) jurisdicciones del país, asegurando una adecuada participación federal.
- Todas las presentaciones ya sean las presentadas de forma presencial, virtual, video o por escrito recibidas serán incorporadas al expediente legislativo como antecedentes para su consideración en el marco del tratamiento del proyecto.
- Este mecanismo constituye una práctica habitual en procesos de audiencias públicas y permite asegurar la consideración de todas las opiniones recibidas.
- La magnitud de inscripciones registradas torna materialmente imposible la exposición presencial y virtual de la totalidad de los interesados dentro de un plazo razonable, sin afectar el normal desarrollo de la actividad parlamentaria.
En consecuencia, la adopción de criterios organizativos resulta necesaria para garantizar un debate ordenado, federal y sustantivo.